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‘Caso Popular’: gran déficit democrático

El Congreso no convoca a la autoridad europea a rendir cuentas sobre la resolución del banco

Una oficina del Banco Popular junto a un cajero del Santander, en Madrid.
Una oficina del Banco Popular junto a un cajero del Santander, en Madrid. REUTERS

La resolución del Popular se ha entendido como la primera gran prueba de la incipiente unión bancaria europea.

Ha cumplido su designio de que —por el momento, a resultas de lo que deparen los litigios judiciales— la factura no la pague el erario público, como sucedió con la crisis de 2012. Un resultado que conforta a los contribuyentes, satisface a los decisores europeos y parece enorgullecer al Gobierno.

Aunque es legítimo preguntarse si este no habría actuado como entonces (volcando dinero público) o como ahora acaba de hacer el Gobierno italiano (destinando hasta 17.000 millones), de no haberse fraguado la gran polémica sobre el reparto del coste de aquella crisis.

En efecto, altos responsables de instituciones españolas confiesan en privado que “el Ministerio de Economía ha dejado que actuase Europa porque sabía que el coste parlamentario de acudir de nuevo a los contribuyentes habría sido altísimo, cuando no imposible: no le habrían dejado”.

Y sin embargo, la crisis del Popular deja un coste público pendiente: el de su control democrático. El déficit de rendición de cuentas, enmascarado en un par de comparecencias ante el Congreso, es pasmoso. Arranca en buena parte de las características de la unión bancaria, pero se produce por responsabilidad de las autoridades domésticas.

El principal problema es el de la multiplicidad o fragmentación de organismos decisorios, y la complejidad de competencias compartidas, concurrentes y delegadas.

Intervienen por lo menos una decena de entes: el Mecanismo Único de Resolución (compuesto por varias instituciones), a cuyo mando figura la Junta (JUR). Esta es una agencia independiente de la Comisión, que rescata o resuelve bancos, cuya terminal nacional es el FROB (en la práctica, una dependencia del Ministerio de Economía), en ella presente. La supervisión corre a cargo del gemelo MUS (departamento semiautónomo del BCE), al que aporta y con el que colabora el Banco de España (Inspección): es quien da las señales de inviabilidad. La Comisión, bajo el Consejo (Ecofin), modula el proceso; ambos distribuyen luces verdes. Y también juegan papeles la CNMV, la EBA (Autoridad Bancaria Europea) y otros organismos.

El esquema de poder es relativamente claro: las competencias principales penden de los europeos; las de ejecución, delegadas por estos, recaen en los organismos nacionales. Pese a ello, la sobreabundancia de actores puede perjudicar la tarea: “El 6 de junio”, cuando se ultimaba la intervención, “al menos éramos quinientas personas las que estábamos al corriente de lo que sucedía”, relata una de ellas. Ningún margen pues, ya que no para el secreto, al menos para la discreción.

Y sobre todo, confunde a la ciudadanía sobre quién es responsable de qué. De manera que quien ostentó un rol subordinado fue quien —por tradición inercial, horror vacui o sentido de la oportunidad política— más protagonismo público doméstico asumió: el ministro Luis de Guindos, y en un perfil más técnico, el gobernador del Banco de España, Luis Linde.

Las autoridades finales decisivas (como las presidentas del MUS y de la JUR) se han explicado en parte ante el Parlamento Europeo. Pero el Congreso ha mantenido a los ciudadanos que lo eligen en la inopia: y eso que puede invitar a la presidenta de la JUR (la alemana Elke König) a comparecer ante él y ella está obligada a “atender dicha invitación” (art. 46, reglamento UE 806/2014). El déficit democrático de esta crisis no es imputable a Europa, sino a España.

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