Las últimas bocanadas del Popular
El banco falleció por falta de liquidez, pero avizoraba una probable próxima insolvencia
Hace un mes y medio que el Banco Popular exhaló sus últimas bocanadas independientes y aún queda mucho —y fundamental— por aclarar. Si era ilíquido o insolvente y si la liquidez de emergencia pudo ser mayor o no.
Tras varias comparecencias oficiales públicas y algunas explicaciones privadas, el escenario de la agonía aparece así. El viernes 2 de junio Emilio Saracho se creía capaz de superar el largo bache. Aún no había pedido liquidez oficial de emergencia (susceptible de estigmatizar), confiaba en que la normal bastaría.
El fin de semana es de órdago. El sábado y domingo el banco hace acopio contable de activos que presentar como garantía (colateral) para conseguir líquido del Banco de España, bajo las rigurosas ratios establecidas por el Banco Central Europeo.
Suma hasta 40.000 millones de activos potencialmente susceptibles de activarse como garantía: atención, susceptibles de; son activos aún no trabados, pero no directamente válidos (muchos deberían pasar validaciones por el notario o los registros oficiales).
Tras examinarlos con lupa, presenta en ventanilla solo 9.000 de esos 40.000 millones (el resto no está disponible, o no cumple las reglas, o le faltan requisitos formales) como garantía para liquidez de emergencia.
El banco central español le otorga cerca de 3.900 millones, con descuentos máximos, según cada activo, del 55%/58%: no un 10% como se ha dicho. Madrid “no estaba en posición de proporcionar más fondos de emergencia”, según el documento de intervención de la Junta Única de Resolución (JUR, Bruselas). Para ello habría que cambiar los estándares internos del BCE, que le obligan.
Pero el lunes 5 arrecia la fuga de depósitos. Si de septiembre a mayo se evaporaron 14.000 millones de euros de clientes, en el último mes se esfumaron entre 10.000 y 11.000 millones de liquidez de las cuentas del banco en organismos oficiales. Estos y el Popular se mantienen informados al minuto.
Ese mismo día 5, se convoca de urgencia la cúpula del BCE: como es fiesta en Europa (Pentecostés), se reúne por teleconferencia. Enseguida el Popular comprueba que no podrá abrir el día 7. Saracho y la JUR se entrecruzan los mensajes que dan vía libre a la intervención, “con una diferencia de minutos”. En la madrugada del 7 se resuelve el banco.
“El día 5 de junio, el Banco Popular era solvente”, dijo el gobernador Luis Linde al Congreso. Pero “había problemas mucho más estructurales que la liquidez” afirmó al Parlamento Europeo Danièle Nouy, la jefa del Mecanismo Único de Supervisión.
Ambas radiografías parciales parecen certeras. Júntenlas: la crisis de liquidez avizoraba una transición rápida a la insolvencia, a la espera de verificaciones de ciertos activos dudosos y sus provisiones, 2.000 millones de potencial agujero. No se llegó oficialmente a él. Antes sobrevino la asfixia de dinero líquido.
Pero no hace falta la insolvencia para intervenir. Basta que el banco sea inviable porque “no pueda o no resulte probable” que pueda “en el futuro próximo” pagar sus deudas (reglamento UE 806/2014, 57). Otra cosa es si convendría flexibilizar estándares y reglas.
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