UPA culpa a los distribuidores de vender pollo a precios ruinosos

Otro capítulo en la sempiterna batalla entre productores de alimentos y gran distribución. En este, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha denunciado que los grandes distribuidores han puesto carne pollo a la venta a un precio, 2,18 euros por kilo, que no cubre el coste mínimo de explotación.

Pero esta denuncia apenas ha logrado que un grupo, Carrefour, aumente los precios, que los ha elevado hasta los 2,29 euros por kilo. La gran distribución supone casi el 70% de las ventas de pollo.

“No tiene ningún sentido”, señala Román Santalla, responsable ganadero del sindicato, “que esta situación de precios a la baja se produzca. Además, es en un momento en que se ha reducido la oferta en el sector como consecuencia de los calores y del cierre de granjas. Eso evidencia que con la distribución solo funciona su política y ni siquiera la ley de la oferta y la demanda”.

La falta de rentabilidad del sector ha llevado al cierre de granjas importantes, como las del grupo Sada. La decisión de esta corporación, que dejó de ser interproveedor de Mercadona, ha supuesto el sacrificio de medio millón de animales menos cada semana.

Diferencia con Francia

Los productores de carne de pollo no entienden cómo una carne producida con los mismos sistemas en España y en Francia tiene unos precios de venta al público tan diferentes. Mientras en España se comercializa a los 2,18 euros kilo, al norte de los Pirineos ese precio es de un euro más caro por kilo. El desajuste se repite en los precios de las marcas blancas de la leche, en ambos casos por la presión de los ganaderos.

La producción de carne de pollo en España asciende a 1,2 millones de toneladas procedente de unas 5.000 granjas. El sector ha estado sometido a un ajuste en los últimos años. Los costes de producción mínimos se estiman en 1,60 euros kilo canal que puesto el producto en destino, sin IVA.

Desde la organización sectorial se estima que esta política denunciada reiteradamente ante los organismos competentes de la Administración está provocando ruina y cierres de explotaciones y de las industrias continuando el desmantelamiento de sector. No se entiende que ante esta situación el Ministerio de Economía haga la vista gorda por su efecto positivo sobre el IPC, mientras se pone en peligro al sector.