‘Las mafias del carburante’ amasaron un botín de 280 millones de euros

Bashnya, Walkers, Nehar, Zelote, Reata y Burlao. Son los nombres de seis operaciones desarrolladas desde 2012 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con un componente en común: sirvieron para desmantelar diversos grupos de la llamada ‘mafia del carburante’, aquella que lleva a los depósitos de nuestro coches gasolinas y gasoil que, en el mejor de los casos, no han pagado impuesto, pero también que está adulterado. Las cifras de estas seis investigaciones hablan por si solas: un fraude destapado de 280 millones de euros, 194 detenidos e imputados, 129 registros y la intervención de 139 millones de euros en bienes de diferentes tipos.

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Es un nuevo tipo de delincuencia surgido de las lagunas legales de la liberación del mercado de los hidracarburos y que,, en opinión de las asociaciones del sector, ha proliferado de una manera “alarmante”, casi como una “avalancha”.”De seguir con la actual escalada, van a acabar con los pequeños operadores”, denuncia Álvaro Mazarrasa, director general de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), que aglutina a las grandes empresas del sector. María Ortiz, de la Unión de Petroleros Independientes (UPI), asegura que estos grupos ya acaparan el 3% de las ventas y eleva el fraude real hasta los 300 millones anuales.

“La forma de actuar de todas estas redes es muy similar”, destaca un oficial del Grupo de Delitos Económicos de la UCO. La red crea una empresa a la que inscriben como intermediaria en la compra vente de hidrocarburos y que, pese a carecer de estructura, actividad y personal, adquiere legalmente importante cantidades de productos petrolíferos a un mayorista. Luego, ese combustible es revendido a estaciones de servicio a un precio sensiblemente menor que la competencia, lo que les permite colocar todas partidas que había adquirido.

Eso sí, exigen el pronto pago de las mismas. Para evitar pagar al erario el IVA que cargan, simulan con facturas falsas haber soportado en otras operaciones, como la compraventa de metales preciosos, unas cantidades de este mismo impuesto muy similares. De este modo, evitan ingresar dinero alguno al tesoro público o, como mucho, lo hacen en cantidades simbólicas. El volumen de combustible que manejan —a la trama desmantelada en la Operación Burlao el pasado mes de diciembre se le bloquearon 5 millones de litos de productos petrolíferos en depósitos fiscales dispuestos para su venta— da buena imagen de la envergadura del fraude.

Una vez que Hacienda detecta las irregularidades y reclama a la mercantil que cumpla con sus obligaciones fiscales, la empresa desaparece y sólo deja el nombre de un administrador que es en realidad un testaferro. “No suelen tener ninguna empresa abierta más allá de un año, el tiempo que se tarda en detectar el fraude en el IVA”, destacan los investigadores. Sin embargo, el negocio no acaba ahí ya que al poco tienen en funcionamiento otra sociedad similar que, además hereda la cartera de gasolineras que habían adquirido el combustible a bajo precio y el ritmo de fraude no desciende. “Se aprovechan de las debilidades estructurales del sistema y de la lentitud de la administración para actuar con total impunidad. De seguir así, van a acabar con los pequeños operadores que actuamos dentro de la legalidad”, augura María Ortiz.

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Los beneficios para la trama son millonarios. Los dos presuntos cabecillas de la trama desmantelada en abril de 2012 en la Operación Bashnya , los hermanos Tariq Khan y Jan Nadir, vivían a todo lujo en grandes chalés de Castelldefels (Barcelona) y de la Costa del Sol, se movían en vehículos de lujo, y no se perdían un partido de polo. Incluso, poseían su propio equipo de este elitista deporte. La trama contaba con una red de 60 empresas repartidas por todo el mundo que le permitía cubrir todos los escalones del negocio: desde la compra del hidrocarburo en los grandes mercados internacionales hasta su traslado a los puntos de venta minoristas. Tenían, incluso, un petrolero de bandera liberiana y habían empezado a adquirir gasolineras.

Tampoco le iban a la zaga el matrimonio formado por los italianos Stefano Cherichi y Francesca Alunno, ambos en prisión desde que fueron detenidos en diciembre en la Operación Burlao. En cuentas a nombre de 60 personas físicas y jurídicas atesoraban 10,3 millones. Además, tenían 17 propiedades inmobiliarias valoradas en 2,2 millones y más de 24 vehículos. Se les intervino también 394.000 euros en metálico y 80 kilos de oro valorados en 3 millones de euros. La pareja se había asentado en España después de que la justicia de su país actuase contra ellos por hechos similares. El negocio les iba tan bien que habían adquirido varias estaciones de servicio y planeaban hacerse con otro medio centenar. Como testaferros se valían de familiares y prostitutas.

Asesores en la trastienda

Los investigadores de la UCO destacan que la mayoría de las tramas desmanteladas comparten personajes, generalmente abogados y asesores fiscales que se encargan de montar la estructura empresarial para empezar a operar en el mercado de los hidrocarburos. “Hemos detectado que algunos de estos asesores se repiten una y otra vez en las tramas, pero es muy difícil recabar pruebas contra ellos”, asume un responsable de la UCO, que detalla que en una de las intervenciones telefónicas de la Operación Burlao escucharon a uno de ellos presumir de sus contactos en el Ministerio de Industria para agilizar los trámites. En Bashnya, esa coincidencia llevó a los agentes a desmantelar otra red, mucho más pequeña que la que encabezan los hermanos paquistaníes. Era controlada por dos empresarios españoles de Miguelturra (Ciudad Real) y Villanueva de Córdoba.

Álvaro Mazarrasa, de la AOP, alaba en papal de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, pero se queja de que por parte del Ministerio de Industria hasta ahora sólo ha visto "buena voluntad, pero pocas medidas" y reconoce "cierto desánimo" en las empresas que operan dentro de la legalidad "porque la actividad de estas mafias se están convirtiendo en un cáncer para el sector". Su compañera de la UPI, María Ortiz, incide en la idea y señala que su asociación ha elaborado un decálogo para que los propietarios de estaciones de servicio detecten si la empresa que les oferta el carburante a bajo precio forma parte de una de estas tramas. "Hemos activado una oficina de denuncia para que nos hagan llegar de manera anónima sus sospechas", señala. La UCO reconoce que la colaboración de las asociaciones del sector les facilita un trabajo que ya ha destapado un fraude de 280 millones