Rodrigo Rato defraudó 6,8 millones entre 2004 y 2015, según la policía antifraude de Hacienda

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria entregó el 23 de enero pasado un informe de 634 folios al juzgado de instrucción número 31 de Madrid, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en los que detalla todas las actividades supuestamente ilícitas realizadas con el entramado de sociedades del exvicepresidente del Gobierno y exministro de Hacienda Rodrigo Rato, que éste siempre ha negado.

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Tras casi dos años de investigaciones (entraron en el domicilio y detuvieron a Rato en abril de 2015), la policía antifraude concluye que ha "cuantificado rentas no declaradas en el IRPF por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros en los años 2004 a 2015, ambos inclusive”. En total, las cuotas presuntamente defraudadas son de un “importe total cercano a los 6,8 millones”, superando los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años desde 2004 a 2015, salvo en 2005. Entre 2009 y 2015, los años no prescritos, “las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones”.

Por primera vez, la ONIF presenta todas las piezas de su investigación agrupadas. Concluye que el sistema utilizado para el fraude ha sido mediante “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”.

Por su parte, Rodrigo Rato ha recordado a este diario lo que manifestó a través de diferentes escritos al juzgado: "Este informe se origina en una denuncia, alzamiento de bienes, que sirvió para mi detención, aunque quedó demostrada su falsedad en 15 días. El informe contiene datos falsos o erróneos que la Agencia Tributaria tenía capacidad para conocer desde tiempo antes porque estaban en sus archivos". El exprevicepresidente del Gobierno también recuerda que pidió al juez que cambiara a los actuarios de la ONIF por considerar que no eran apropiados para continuar como auxilio judicial ya que iniciaron la causa con datos falsos, pero no lo ha hecho. También se remite al informe de un perito contratado por él, Carlos Neira, del bufete Garrido, que concluye que no debe nada a Hacienda. "Estoy estudiando el informe y lo contestaré", ha comentado Rato.

Según el informe de la ONIF, en el tráfico de dinero con las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara “han sido utilizadas para la ocultación de rentas que han escapado al control fiscal y cuyo beneficiario efectivo ha sido Rato. Las rentas no declaradas ascienden a un importe ligeramente superior a los siete millones. Los países de riesgo utilizados son Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Reino Unido y Gibraltar”.

Subvención del Gobierno del PP a Rato

Uno de los capítulos más significativos del informe de la ONIF es el referente al Hotel Alba de Layos. A los pocos meses de llegar Rato a la vicepresidencia del Gobierno de José María Aznar, funda la sociedad COR con sus hermanos Ramón (ya fallecido) y María Ángeles. Dos proveedores de COR, el grupo Macal y Media House, “satisfacen rentas a Montelayos y Layosalud. A pesar de la ocultación, se entiende acreditado que Layosalud pertenece en su mayor parte a Rato”. La policía fiscal afirma que en 2003 esta firma construyó un hotel de cinco estrellas en la localidad toledana de Layos “que recibió una subvención algo inferior a un millón de euros de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida en ese momento por Rodrigo Rato”. Los investigadores concluyen que todas las rentas generadas por COR se destinaban al hotel y que el importe de lo no declarado “está cercano a los 3,5 millones”.

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El documento aborda los pagos realizados por CaixaBank. Dice que tributó correctamente en 2008 y 2009; luego dejó la asesoría al banco catalán por ser nombrado presidente de Caja Madrid. Sin embargo, en 2012, 2014 y 2015, COR, propiedad de Rato, facturó a CaixaBank 540.000 euros, “un importe manifiestamente superior al valor de mercado de ese servicio de publicidad”. Algo similar dice que ocurrió cuando Rato fue asesor del Santander y atribuye el cobro entre 2013 y 2015 de 441.000 euros a través de COR, “una sociedad sin estructura para diseñar estos servicios”, como persona jurídica para evitar el pago del IRPF.

La ONIF dice que se utilizó el mismo sistema para pagar los servicios de asesoría que Rato hizo a Telefónica en 2013, 2014 y 2015, con los que ingresó 730.000 euros, que debían haber sido declarados por el IRPF. Sin embargo, Telefónica firmó con Rato que los servicios los hiciera Kradonara; para evitar la tributación de esta sociedad, “recibió facturas de conveniencia emitidas por otra firma de Rato, Arada, la cual no tributa por los ingresos que obtiene al tener pérdidas acumuladas”.

Conferencias bien pagadas

La policía fiscal sostiene que Arada es uno de los ejes de su entramado: es una firma legal utilizada en ocasiones para recibir pagos de paraísos fiscales o para el cobro de conferencias. “Tiene crédito fiscal suficiente para que la tributación quede reducida a 0 euros”, dice el informe. También se afirma que cobró 120.000 dólares por asesorar al banco turco Akbanc, entre 2010 y 2014, cuando presidía Caja Madrid y Bankia, “que no constan declarados en su IRPF”.

A los nueve meses de dimitir como presidente de Caja Madrid (7 de mayo de 2012), Rato empezó a trabajar para Guide Bridge Capital, formada por antiguos directivos de Caja Madrid y Bankia, según el informe oficial. Rato prestó sus servicios a través de su firma Explotaciones Carabaña, “que solo tiene un empleado, probablemente una persona que ejerce labores domésticas en la residencia de Carabaña”, donde el expolítico tiene una residencia. Entre 2013 y 2015 facturó 454.890 euros, “por los que Carabaña no tributó ya que tiene pérdidas fiscales”.

Tras abandonar el FMI, Rato regresa a España y pronuncia 39 conferencias, que factura también a través de Arada S.L. Entre 2007 y 2014 factura 1.409.334,38 euros, lo supone 36.136 euros por charla.

En paralelo a esta actividad, en 2008 Rato fue contratado como consultor de Unespa, la patronal del Seguro, presidida por Pilar González de Frutos, que trabajó para Rato en el Ministerio de Economía. También prestó servicios para la firma CEDE y para Criteria Caixa. Entre 2008 y 2010 cobró 375.920 euros en total, facturados por Arada “que no ha satisfecho ni un euro por el impuesto de sociedades desde 2001 a 2014”. La Agencia Tributaria también considera que Arada se ha utilizado para evitar la tributación de Rato por otras actividades, por valor de 583.960 euros entre 2009 y 2012.

Posible insolvencia punible

El informe acaba con el capítulo “Otros delitos”, donde recuerda que “con independencia de otros hechos presuntamente encuadrables en el blanqueo de capitales, cuya competencia corresponde por decisión del juez a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha advertido de la posible existencia de un delito de insolvencia punible”, que consiste en el despojo patrimonial del deudor, para evitar pagar a sus acreedores.

La ONIF le atribuye la utilización de la empresa Muinmo, antigua Rueda de emisoras Rato, para generar una deuda de 871.525,86 euros mediante créditos. Los investigadores dicen que estos créditos “lo son con personas cercanas” a Rato, “que debieron ser calificados como subordinados”. Muinmo desviaba el dinero que cobraba, de las emisoras de radio vendidas, para esta siempre sin liquidez, con un sistema de despatrimonialización, “para generar impago de las deudas a Hacienda”, concluye.