El Gobierno gravará las bebidas azucaradas, el tabaco y el alcohol para recaudar 8.000 millones más
El Consejo de Ministros aprueba este viernes las medidas. La supresión de deducciones en el impuesto de sociedades reportará cerca de 5.000 millones en 2017
El Gobierno del PP ultima un acuerdo con el PSOE para aprobar el detalle del plan presupuestario que enviará a Bruselas en las próximas semanas. En el documento incluirá medidas para garantizar a la Comisión Europea que bajará el déficit público del 4,6% del PIB al 3,1% en 2017. Esto supone un ajuste de cerca de 15.000 millones, aunque buena parte procederá del mayor crecimiento económico.
Para cumplir con estos compromisos, el Ejecutivo ultima un paquete de medidas para subir la recaudación en torno a 8.000 millones de euros el próximo año. La mayor parte de este aumento de ingresos, unos 5.000 millones, procederá del impuesto de sociedades. Para arañar esta cantidad, limitará algunas de las deducciones y bonificaciones que disfrutan las empresas. Entre ellas, estrechará los beneficios de los gastos financieros, y las deducciones de las plusvalías procedentes de filiales en el extranjero.
Otros 2.000 millones de euros procederán de la subida de impuestos especiales. Subirá la tributación sobre el tabaco, para ajustarse a la normativa europea, los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y establecerá un gravamen sobre las bebidas azucaradas. Este tipo de impuestos se establecen para gravar lo que los expertos denominan "externalidades negativas", actividades perjudiciales para el medio ambiente o la salud.
El resto de la subida de ingresos, unos 1.000 millones, llegará a través de medidas de lucha contra el fraude. Para ello pondrá en marcha un instrumento de gestión del IVA que obligará a las grandes empresas a informar de forma automática a la Agencia Tributaria de todas las operaciones que lleven IVA. Esta medida ya se planteó durante la pasada legislatura pero no terminó de ponerse en marcha por la reticencia de las grandes empresas.
Dentro de las medidas contra el fraude también limitará los pagos en efectivo a 1.000 euros. En 2012, ya prohibió las operaciones en metálico de más de 2.500 euros. Es una medida que servirá para concienciar a la opinión pública sobre el fraude pero en realidad su eficacia es limitada por la dificultad de perseguir todas las operaciones superiores a esta cantidad.
La Agencia Tributaria también endurecerá el régimen de aplazamientos que solicitan los contribuyentes. Las arcas públicas acumulan una deuda de más de 10.000 millones de euros pendientes de cobro por aplazamientos. Muchos de ellos son acuerdos con empresas en suspensión de pagos o con dificultades financieras. El ministro aseguró el otro día desde el Congreso que en el escenario de bajos tipos de interés no tiene explicación que las empresas se financien a costa de las arcas públicas.
Junto a estas iniciativas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este miércoles que pondrá en marcha un plan de transformación de la Administración Pública para 2017-2019, que supondrá un ahorro de 900 millones de euros durante el próximo año.
El Gobierno del PP aprobará este paquete de medidas en el Consejo de Ministros del próximo viernes, junto con el techo de gasto, el armazón sobre el que se comienzan a construir los presupuestos y el reparto de déficit público para las comunidades autónomas. Con estas medidas, el Ejecutivo de Rajoy va más allá de lo previsto puesto que solo planeaba ajustes por algo menos de 5.000 millones. Pero las presiones de la Comisión Europea y sobre todo las negociaciones con el PSOE para aprobar el techo de gasto que permite iniciar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) le han llevado a subir más los impuestos.
Suaviza la senda de déficit a las comunidades
El Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas celebran este jueves un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para decidir los objetivos de déficit de este año y el próximo. El Gobierno flexibilizará probablemente los límites de déficit hasta el 0,6% del PIB en lugar del 0,5% previsto. Además, informará del aumento de recursos para el próximo año a cuenta del sistema de financiación y de las entregas por la liquidación definitiva del ejercicio 2015.
En total, las comunidades recibirán un buen pellizco que les permitirá aumentar sus recursos para deshacer algunos de los recortes que acometieron en los primeros años de la crisis.
En el cónclave se aprobarán las cifras presupuestarias de este año y del próximo. La anormal situación política de este año ha provocado que no se hayan convalidado los topes presupuestarios de este año tras la revisión de la senda de consolidación fiscal que permitió Bruselas.
El Gobierno tenía previsto fijar el límite de déficit en el 0,5%, dos décimsa menos que este año, pero las comunidades socialistas, con Andalucía a la cabeza, han conseguido arrancar algo más de margen al ministro de Hacienda. Y probablemente consigan elevar el tope al 0,6%.
Cristóbal Montoro ha asegurado este miércoles en el Congreso que acudirá al Consejo de Política Fiscal "con actitud receptiva" y que está "seguro de que habrá acuerdo" con las comunidades.
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