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Rajoy pide a Bruselas un año más de déficit a cambio del ajuste autonómico

El Gobierno pretende que Bruselas relaje el objetivo de este año hasta el entorno del 3,7% del PIB en lugar del 2,8% actual

El ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos.
El ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos. EFE

El Gobierno en funciones pretende cerrar un acuerdo con Bruselas sobre el déficit en los aledaños de la cumbre de primavera del FMI, la semana entrante. Mariano Rajoy reclama un año adicional —que está dado prácticamente de oficio, aunque no saldrá gratis— para incluir oficialmente esa nueva senda en el Programa de Estabilidad. A cambio, España ofrece recortes autonómicos del 0,5% del PIB, y un cuadro macroeconómico más realista: un objetivo de déficit este año en torno al 3,7% del PIB y bajar del 3% en 2017. Ante los continuos incumplimientos, Madrid es consciente de que Bruselas estrechará la tutela sobre España: el próximo Gobierno deberá acometer un exigente plan de ajuste y presentar un informe trimestral ante Bruselas.

El Ejecutivo en funciones estudia incluir en el Programa de Estabilidad, que debe remitir a Bruselas antes del 30 de abril, una ampliación de un año en el plazo para reducir el déficit público, según fuentes gubernamentales. España admite así que el rey está desnudo: incumplirá sus metas una vez más en 2016. El Ejecutivo negocia ya con las autoridades comunitarias para arañar ese año extra y limitar las secuelas del duro ajuste que tiene por delante. Pretende cerrar el acuerdo en la cumbre del FMI, a partir de mañana. Bruselas desplaza toda su artillería a Washington —el jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovici—, adonde viaja también el ministro Luis de Guindos.

Si hay fumata blanca, el objetivo de déficit de 2016 estaría en el entorno del 3,7% del PIB, en lugar del 2,8% actual, explican fuentes de Moncloa. Guindos pretende incluir las nuevas cifras en el Programa de Estabilidad que presenta el 19 de abril en el Congreso, y que aprobará el Consejo de Ministros del 22 de abril.

La Comisión reclama dureza con las comunidades

Una de las condiciones impuestas por la Comisión para abrir la mano con el déficit pasa por que el Ejecutivo cierre el puño con las comunidades. Las administraciones regionales fueron las que más se desviaron del objetivo el año pasado. Y Montoro no dudó en responsabilizarlas del rapapolvo que ha recibido de Bruselas, en parte injustamente porque Madrid se permitió una rebaja fiscal electoralista, sin la cual el agujero del déficit estaría mucho más cerca del objetivo.

El Gobierno ha decidido activar los mecanismos coercitivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una norma aprobada a finales de 2012. Rajoy siempre había evitado recurrir a ese extremo para evitar tensiones con la cuestión catalana y por calendario electoral. Tras recibir una "recomendación autónoma" de Bruselas y como moneda de cambio para obtener más plazo, ha amenazado a las autonomías con intervenirlas si no congelan el gasto. Esa decisión ha provocado una rebelión de los presidentes autonómicos.

Pero el frente autonómico esconde problemas potencialmente más graves. La Autoridad Fiscal Independiente o el Banco de España están más preocupados por la evolución del agujero de las pensiones. Las cotizaciones sociales, con una alta tasa de paro y un mercado laboral más precarizado, son insuficientes para costear las pensiones, que crecen cada año por la incorporación al sistema de jubilados con prestaciones más altas. El próximo Gobierno tiene tarea por ese flanco: tendrá que afrontar una nueva reforma de la Seguridad Social.

Más tutela

Nada de eso saldrá gratis. Para empezar, el Gobierno ya tiene sobre la mesa una recomendación autónoma de Bruselas que reclama el cierre del grifo del gasto a las comunidades. El Gobierno ha empezado a aplicar medidas correctivas, y presentará a la Comisión un ajuste de entre el 0,5% y el 0,7% del PIB por el flanco autonómico (entre 5.000 y 7.000 millones). Madrid pronostica un crecimiento del 2,8% este año, pese a los vientos en contra que desacelerarán la recuperación europea y que expondrán las próximas previsiones del FMI. “El año extra no está cerrado”, admite Moncloa, “y depende del impacto del ajuste autonómico y de una mayor coordinación con Bruselas en el cuadro macroeconómico”.

Bruselas ha criticado a España por el excesivo optimismo de sus pronósticos: el Gobierno sostuvo una y otra vez que cumpliría con el déficit del 4,2%; finalmente, esa cifra se ha ido al 5% y ha causado malestar en la Comisión.

Desde ese 5%, el ajuste para alcanzar el objetivo marcado por Bruselas para este año (el 2,8%) es gigantesco: supondría un tijeretazo de más de 23.000 millones este año, una cifra inasumible en un país cargado de cicatrices tras casi una década en crisis y con un complejo escenario político. Con el nuevo calendario, el ajuste se reduciría casi a la mitad, un esfuerzo exigente pero asumible con un PIB creciendo casi al 3%.

Bruselas ve con cautela los casos de España y Portugal, pero es consciente de que hay hasta media docena de países que reclaman manga ancha. Es muy posible que adopte una línea más blanda que la de los últimos tiempos ante la fragilidad de la eurozona y los continuos avisos del BCE.

Fuentes europeas consideran que el año extra está prácticamente dado de oficio para España, ante la imposibilidad de cumplir el déficit de 2016. Pero la Comisión cree que España apenas tiene excusas. No ha tomado acciones efectivas —tras una expansión fiscal en 2015, tanto por el lado autonómico como por la rebaja fiscal electoralista de Rajoy—, y la situación le favorece, con un crecimiento robusto.

Bruselas exigirá un ajuste duro. Queda por ver a quién: la incertidumbre política complica los próximos pasos. La Comisión se decanta por sacarle los colores a España en mayo, pero también por esperar al próximo Gobierno para reclamar recortes. Endurecerá la tutela sobre la economía española —en el marco del Semestre Europeo— con la obligación de presentar un informe trimestral con todas las medidas. Es improbable que haya sanciones, aunque la amenaza está ahí: una multa del 0,2% del PIB.

“Necesitamos seguir reduciendo el déficit público, pero debemos hacerlo acomodando la evolución de ese déficit a las circunstancias, propiciando crecimiento y la creación de empleo”, dijo el ministro Cristóbal Montoro esta semana en el Congreso. El argumento del Gobierno para convencer a Bruselas es que la actual senda de consolidación se fijó en 2013, cuando el panorama internacional era otro. Ahora, justifican, hay más dudas sobre la economía mundial, con una buena gripe en China y América Latina.

Bruselas responde que España ha sorteado esas turbulencias, crece más del doble que la eurozona y aún así se ha quedado lejos del objetivo, con una siesta fiscal propiciada tanto por las comunidades como por el Gobierno. Madrid se defiende: justifica que, pese a los incumplimientos, ha bajado el déficit cada año y se ha ganado cierta credibilidad al ser uno de los países que más ha ajustado. El resultado de ese debate es clave para el devenir de la economía española.