El PP deja un duro ajuste pendiente para el próximo Gobierno

El Gobierno del PP deja una herencia envenenada. La importante desviación del déficit público de 2015 aboca al futuro Gobierno a un duro ajuste. El desafío consiste en bajar del 5,16% del PIB al 2,8% este año.  Para cumplir el objetivo de este año sería necesario reducir el déficit en 23.600 millones, tanto como en 2012, cuando el PP aprobó la histórica subida de impuestos y recortó gastos en sanidad y educación. En víspera de las elecciones, el Ejecutivo había discutido a Bruselas que fuera a desviarse. Ahora que está en funciones, culpa a las comunidades de los números rojos, anuncia que aplicará rigurosamente la Ley de Estabilidad de hace cuatro años y que congelará el gasto autonómico.

La desviación del déficit público ha desbordado todas las previsiones oficiales. El Gobierno del PP trata de esquivar el rapapolvo que recibirá de Bruselas y, por eso, debe explicar a las autoridades comunitarias cómo los números rojos de las Administraciones públicas superan en casi 10.400 millones el objetivo pese a que, hasta hace unas semanas,defendía que apenas habría desviación. La Comisión Europea había marcado una gruesa línea roja: la diferencia entre los gastos y los ingresos públicos no podía superar el 4,2% del PIB. Pero finalmente la brecha presupuestaria ha ascendido al 5,16%.

La herencia para el próximo Gobierno es monumental. Tendrá que acometer un ajuste presupuestario que sería equiparable al que aprobó el PP hace cuatro años cuando subió la mayoría de impuestos y metió la tijera a gastos sensibles como la sanidad o la educación, lo que agravó la crisis económica.

Aunque hay matices. La economía está creciendo este año y en 2012 caía bruscamente. España solicitó en diciembre a Bruselas un año adicional para equilibrar las cuentas, pero eso no le libraría de pagar un peaje en forma de recortes o subidas de impuestos. Además, parte de la desviación del déficit, unos 3.200 millones, se debe a gastos que no se repetirán en los próximos ejercicios —factura de la vacuna de la hepatitis C, gastos no computados por Cataluña y Zaragoza— y que, por tanto, se ajustan solos. El Ejecutivo también ha aumentado la financiación de las comunidades en 10.000 millones este año, lo que les aliviará el tortuoso camino para equilibrar las cuentas.

Congela el gasto regional

Pero el tiempo juega en contra, en un país con un Gobierno en funciones y con una capacidad de actuación limitada, sin visos de tener un Ejecutivo estable a corto plazo y con la posibilidad abierta de repetir elecciones generales.

En este escenario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acusó ayer a las comunidades de ser las principales responsables del incumplimiento —registraron un déficit equivalente al 1,66% del PIB cuando tenían una meta del 0,7%—. "Hay que encontrar a los responsables de esa desviación", indicó el ministro señalando a las comunidades durante la comparecencia para explicar las cifras presupuestarias y restando importancia a las rebajas de impuestos y devolución de la paga extra a los funcionarios. Acusó, sobre todo, a Cataluña y a la Comunidad Valenciana de ser responsables de la mitad de la desviación de las comunidades.

Para contentar a Bruselas, el ministro adelantó que este año cumplirá la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una norma aprobada a finales de 2012 que consagra el equilibrio de las cuentas públicas y obligará a las comunidades a limitar su gasto. El Gobierno del PP había evitado aplicar la ley en toda su extensión porque, según el ministro, no se quería perjudicar el crecimiento económico y la creación de empleo así como por el calendario electoral.

Para cumplir con el requerimiento de las autoridades comunitarias, el Ejecutivo en funciones va a instar ahora a las Administraciones regionales a "un acuerdo de no disponibilidad de gasto", una de las medidas coercitivas incluidas en la norma, que también prevé sanciones del 0,2% del presupuesto regional para las más indisciplinadas. "Un Gobierno en funciones puede hacer lo que puede hacer", se excusó el ministro para explicar que no llegará tan lejos. "No nos da tiempo de aplicar la sanción".

En realidad, lo que hace el Gobierno con las comunidades consiste en obligarles a no aumentar el gasto más de un 1,8%. Es el resultado de aplicar "la regla de gasto", otro límite presupuestario contenido en la Ley de Estabilidad, que obliga a las Administraciones a no incrementar sus compromisos por encima del crecimiento potencial de la economía.

Montoro también advirtió sobre el desfase de la Seguridad Social —un 1,26% frente al 0,6% previsto—. Y planteó la reforma de la financiación del organismo que paga las pensiones para esta nueva legislatura.