La CNMC pide medidas contra el fraude eléctrico “profesional”

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado una propuesta para modificar la regulación sobre fraude en el suministro eléctrico. El regulador alerta sobre la creciente “sofisticación” en las estafas e incluso de “fraudes organizados”, situación que engorda las pérdidas del sistema, que llegan a los 150 millones de euros al año y que han ido creciendo a un ritmo casi ininterrumpido desde 2009.

El responsable no hay que buscarlo ni en la crisis ni en la pobreza energética. Los consumidores cargan con el sobrecoste de esa energía extraviada en sus facturas, pero quienes encabezan la lista negra de los estafadores no son los pequeños usuarios. “Más del 90% de los fraudes no tiene origen doméstico”, explican fuentes del sector. El grueso de las actuaciones fraudulentas (engancharse a la red sin pagar, manipular los contadores...) lo cometen empresas y urbanizaciones. 

La CNMC denuncia que los defraudadores han aumentado su nivel de “profesionalización”, y por esta razón, propone un cambio profundo en la normativa y una mayor coordinación de la Administración y armonización de la legislación en la lucha contra el fraude. Entre otras cosas, invita a revisar el actual sistema de incentivos a la reducción del fraude que reciben las empresas. Recomienda que las distribuidoras y comercializadoras asuman el sobrecoste de las pérdidas, y que estas dejen de ser sufragadas solamente por el usuario final.

Además, sugiere aclarar el ámbito de aplicación y las actuaciones que se consideran fraude eléctrico —distinguiéndolas de las anomalías—, así como establecer un procedimiento de detección de las mismas. La propuesta es que las empresas distribuidoras envíen al regulador, periódicamente, información relativa a los resultados y planes de verificación de fraude que van a implementar. Por otro lado, la CNMC propone fijar un procedimiento para los casos en los que se detecte algunos comportamientos fraudulentos. Establece, por ejemplo, plazos concretos para que los usuarios puedan presentar sus objeciones.

“Es un problema importante y la gente tiene que ser consciente de que está cometiendo un delito que impacta en todos los consumidores que no cometen fraude”, insisten fuentes del sector empresarial. “Sin considerar que se pueden causar accidentes. No es solo un tema económico, es un tema de seguridad”.