Las reformas de Rajoy son un desastre

El varapalo del Supremo a la reforma que el Gobierno realizó en 2013 sobre los organismos reguladores del mercado es de los que hacen época. El tribunal, como toca, es educado y plantea al de la UE (un auto que vehicula un recurso prejudicial) si comparte que la creación de la CNMC fue un disparate.

Pero al preguntar, ya adelanta su criterio. Y prefigura el de Luxemburgo.

El Supremo cree que es un disparate porque regular las telecomunicaciones no puede hacerse bien desde un organismo de “carácter no especializado” (es la fusión de otros siete), y que por cierto hurtó a Barcelona la sede de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, a ver si enardecían al secesionismo.

Y porque el organismo no es bastante independiente pues carece de los “poderes efectivos de intervención” comparables a los controladores de protección de datos, que incluyen la posibilidad de “ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción” de datos.

Y porque nació con la cacicada de purgar al presidente y consejeros de uno de los organismos antecesores, antes de acabar el mandato de seis años para el que fueron nombrados: períodos en que todo regulador basa su autonomía frente al poder político, como ilustró en su día el debate de los Estatutos del BCE.

Es verdad que la CNMC nació muy mal, bajo sospecha (la de aquí, en Crimen perfecto, 8 de enero de 2014), aunque luego ha afirmado una cierta voluntad de criterio propio.

Pero el problema no es tanto la trayectoria concreta, como el planteamiento estructural. Si el Tribunal de la UE sigue al Supremo español —suele hacerlo contra los Gobiernos que resultan europeístas solo de boquilla, por lo que caben pocas dudas— el revés para el Gobierno Rajoy, esté en el limbo o en el purgatorio, será espectacular.

El problema es aún más hondo. El Gobierno se vanagloria de sus reformas estructurales como el gran motor del despegue económico, minimizando las caídas del euro y del petróleo y la ayuda de la liquidez del BCE. Pues bien, no solo el Supremo sino otros tribunales están enmendando la plana al Gobierno, dictaminando que otras de sus reformas tienen más de fiasco que de acierto.

Es el caso de la reforma laboral. La “ultraactividad” (prórroga automática de los convenios) que pretendió la ministra Fátima Báñez, fue abrogada por el Supremo el 17 de diciembre. Y el automatismo deseado sobre los despidos colectivos ha sido negado por distintos tribunales, que han fallado la nulidad o improcedencia del 46% de los expedientes de regulación de empleo (ERE). ¡Menudos cates en elementos vertebrales de la reforma! ¡No saben redactar leyes!

En asuntos como la creación de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), el suspenso no viene de esa torpe ignorancia legislativa. Es por obstrucción burocrática. El FMI había calculado en 65 los profesionales necesarios para este organismo supervisor: son solo 31, por culpa de Cristóbal Montoro, y aún gracias que algunos los prestó el Banco de España.