La energia eólica intenta resistir en España

En 2009 se instalaron 1.332 aerogeneradores en los campos españoles. En 2014 se erigieron 13. La industria de la energía generada por el viento y la tecnología que la rodea fueron durante años uno de los motores más activos de las renovables, pero la crisis y las distintas normativas han dejado muy dañado el mercado interno. España sigue siendo, sin embargo, el quinto país que más generadores eólicos fabrica. Las ventas en el extranjero, donde las empresas basan casi de manera íntegra su negocio, han sido el ancla de salvación: el país es quinto exportador mundial y tercero en Europa.

Pero los fabricantes no creen que la industria exterior sea suficiente para mantener su fuerza y sobrevivir a largo plazo. "Necesitamos volver a impulsar el mercado local. El resto de territorios copa su sector interno para tener un anclaje al salir", según Javier Coloma, director general de la empresa de ingeniería eléctrica, motores y generadores Ingeteam, quien participó en un encuentro patrocinado por Acciona y organizado por EL PAÍS, que se celebró esta semana.

Los fabricantes y líderes del sector coinciden con este diagnóstico. "Hace falta ayuda del Gobierno", reclamó Luis Polo, director general de la Asociación Empresarial Energética (AEE), en presencia de Begoña Cristeto, secretaria general de Industria. "No podemos permitirnos que se vayan las empresas que han sobrevivido a una de las travesías del desierto más duras de la crisis", dijo Polo. De las 48.000 personas que trabajaban en 2008 en el sector, hoy quedan 27.000. Pero la eólica tiene una ventaja de autoabastecimiento sobre el resto de industrias energéticas: el 85% de toda la tecnología se siguen manufacturando en España. "Aquí inventamos eólica, y toda la innovación que desarrollamos se exporta", destacó Polo.

"El sector ha sufrido la crisis de la forma más virulenta por culpa de la caída del mercado nacional y las políticas para reducir el déficit tarifario. La nueva normativa era, sin embargo, necesaria para que no colapsara todo el sistema energético", argumentó Cristeto para responder a las quejas de la industria contra la reforma energética aprobada hace poco más de un año. La representante pública expuso, además, que las diferentes leyes de las 17 comunidades autónomas no ayudaban. "El Ministerio sirve de bisagra".

Los ponentes, aunque aplaudieron la labor transversal del Ministerio al reunirse, escuchar y coordinarse con otros organismos, fueron especialmente críticos con la necesidad de volver a restablecer la seguridad jurídica. "La regulación quizás fuera necesaria, pero no sé si se han medido las consecuencias de lo que acarrea", apuntó Coloma.

"Es imposible aportar seguridad a las empresas que quieren invertir si cada seis años se puede cambiar la regulación", apuntó José Luis Blanco, director de Acciona Wind Power, que recordaba que tras este periodo de tiempo el Gobierno está capacitado para revisar y modificar la rentabilidad razonable y condiciones económicas de cada uno de los trabajos.

"Un proyecto necesita seis años por lo menos para desarrollarse. Si cada seis años cambian la ley, no se puede hacer nada", apuntaba Polo: "Fuera son cada vez mejores y España está encorsetada". La industria eólica tiene dos reclamaciones: la necesidad de impulsar un mercado interno renqueante, y lograr la seguridad jurídica que, según sus portavoces, se perdió con la reforma.

De momento, donde la industria parece tener futuro es en el extranjero. El sector exporta más de 2.500 millones de euros anuales en tecnología. "Más que vino y calzado", destacó Polo. "Es una industria viva, pero va a costar mantenerla", refrendó Pablo Ayesa, director general del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER): "Tenemos que estar preparados para entender los mercados en los que vendemos".

Blanco describió tres tipos de mercados: el primero es donde no hay competidores locales y todos están en la misma situación; los mercados en los que los reguladores exigen tener una parte del negocio local; y, en tercer lugar, aquellos en los que hay una fuerte presencia de los competidores, "donde el país exportador debería hacer piña y apoyar en logística y fiscalidad". En los mercados más proteccionistas, como Brasil, el sector español se apoya en que, aunque no puedan vender productos, sí que se pueden exportar I+D y patentes, negocios en donde por ahora los mercados no ponen tantos requerimientos. "Nuestra tecnología son piezas grandes, difíciles de transportar", recordaban.

Uno de los argumentos en los que se apoyaron los participantes para defender la protección del sector eólico fue en el efecto tractor que la industria crea al integrar toda una cadena de valor generada en España: promoción, construcción, fabricación de piezas, servicios... "Es una red de pequeñas empresas, que incluye talleres mecanizados, forjas, universidades o tornilleras, y todo se hace aquí", explicó Blanco. "Somos tremendamente competitivos. Es una de las industrias que crea empleos de alta cualificación y altamente pagados. Vendemos marca España". El 70% de los trabajadores del sector, por ejemplo, está titulado.

Pero la principal inversión que se genera es la investigación y desarrollo tecnológico, donde se invierten 85,5 millones de euros. España ocupa la séptima posición del mundo y la tercera de la UE en solicitud de patentes eólicas. "No podemos permitirnos que cuando vuelvan a hacer falta las eólicas, se hayan marchado los fabricantes. Algunos ya están en Brasil, en Sudáfrica, en China... Queremos descolgar el teléfono y que te manden herramientas de Navarra, Madrid o Galicia", apuntó Coloma. El sector tiene 195 plantas en 12 comunidades autónomas. Hay 1.077 instalaciones en 800 municipios y la eólica, según las empresas y pese a las críticas de los ecologistas, revitaliza las zonas rurales en las que se instala.

"Hay países que tienen políticas de inversión más ambiciosas. La industria siempre va a buscar las mejores condiciones, donde tenga más ayudas y saque más beneficio", reconocía el director general del CENER.

El crecimiento del sector interno acarrea, además, otro problema. España tiene 22.986 MW instalados, pero parte de la tecnología es antigua. Polo propone una solución: "No se necesitan permisos, solo una ayuda para poder empezar a cambiar 6.000 MW. Podría renovarse todo el sector". Los representantes presentaron otras propuestas como aprovechar los astilleros para guardar y transportar las hélices y palas, y contribuir en la tecnología de la eólica marina.

Además de en el plano económico, la falta de desarrollo en el sector interno podría conllevar no superar los objetivos medioambientales impuestos a largo plazo. "Así no cumplimos los objetivos de 2020", apuntaba de manera tajante el director de la AEE. Según los parámetros europeos, España debe alcanzar 27.650 MW de potencia eólica en cinco años. Para hacerlo será necesario desarrollar 4.664 MW en ese tiempo, como apuntaba el informe de sostenibilidad medioambiental de Industria. "Instalar 1.000 MW anuales es imposible", según Polo.

Los últimos datos de Eurostat, de 2012, muestran que en España el 14,3% de la energía consumida era renovable. Según el dictamen de la Comisión Europea, el país tendría que alcanzar, al menos, un 20% en 2020. "Es muy improbable que España consiga su objetivo", apuntaba hace unos meses un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que, igual que los productores, sostenía que aunque las renovables habían tenido un momento de crecimiento, los "reajustes" han provocado que "la transición haya perdido ímpetu".

Pese a la pérdida de empuje que reclaman los fabricantes, la eólica fue la segunda tecnología en el sistema eléctrico español en 2014, con una producción de 51.138 gigavatios hora y una cobertura de la demanda eléctrica del 20,4%.