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La firma Alto Bierzo achaca los falsos mineros a un “error informático”

La empresa señalada por la Junta dice que hubo un fallo pero admite que directivos han cotizado como personal de interior. Castilla y León investiga quién ocultó la denuncia interna

La empresa minera Alto Bierzo atribuyó el miércoles a un error informático propio el origen del informe de la Junta de Castilla y León que en 2009 le acusó de inflar el número de personas que cotizaban como mineros para prejubilarse antes. Afirma que al enviar los datos de personal a la Administración bailaron las categorías, aunque sí admite que hay directivos que cotizan como personal de interior del pozo y que lo permite por seguridad. El informe estuvo seis años en un cajón y la Junta anunció que abrirá una investigación interna para saber qué ocurrió.

Admite que hay directivos que cotizan como personal de interior del pozo 

El portavoz de Alto Bierzo, José Antonio Ballesteros, sostuvo que buena parte del informe de la Junta de Castilla y León que en 2009 les acusaba de un posible fraude a la Seguridad Social parte de un error informático en la información que la propia empresa envió al servicio de Minas de Junta en Ponferrada (León). “Fue un error en uno de los documentos, creo que es informático, y se evidencia que existen dos anexos presentados con documentación contradictoria”, afirma.

En uno de ellos aparecen mujeres, camioneros y personal de oficina que figuran como mineros de interior. Esto llevó a los funcionarios a denunciar un posible fraude a la Seguridad Social, ya que el personal del pozo adelanta su prejubilación con cargo al Ministerio de Industria. En otro de los informes que envió Alto Bierzo ese personal no figura como minero, sino con categoría de personal de oficina o licenciados. La empresa sostiene que es absurdo que aparezcan mujeres como picadoras de carbón porque es demasiado llamativo e irreal. Añade que nunca le pidieron alegaciones porque habría dado una explicación. El viernes pasado, la jefa de Recursos Humanos negó irregularidades, pero no quiso dar detalles. La Junta confirmó entonces la existencia del informe.

Directivos en el pozo

La empresa sí admite que hay ingenieros y directivos que han cotizado como personal de interior. Entre ellos están Fernando Óscar Lamelas Pombriego y Manuel Lamelas Pombriego, directivos e hijos del que ha sido hasta ahora máximo accionista de la empresa, Manuel Lamelas Viloria, que es presidente de la Cámara de Comercio de León. El administrador concursal adjudicó el martes la empresa a otro grupo pro lo que ya no es suya. En otra mina de Viloria, Hijos de Baldomero García, está como director general otro de los hijos, José Antonio Lamelas Pombriego. Este figura ante la Seguridad Social como minero de primera. La empresa defiende esta práctica porque, dice, estos bajan a la mina en ocasiones y así les da seguridad por si hay un accidente.

Los funcionarios de Minas de Castilla y León pidieron en marzo de 2009 que el documento se enviara “cuanto antes” a la Inspección de Trabajo y al Instituto del Carbón, ambos del Gobierno central y con competencias en la materia. Pero nunca salió de la Junta.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez (PP), anunció la apertura de una investigación interna para aclarar por qué conocieron el domingo por este diario ese informe. “No me parece bien que el informe haya estado seis años parado, en un cajón, donde haya sido”, afirmó en rueda de prensa.

“Ayer se remitió el informe a la inspección de trabajo de León, al instituto del carbón y a la inspección general de servicios de la propia Junta de Castilla y León para que inicie un proceso de información reservada y en ese proceso se depuran responsabilidades si las hay y se inicia un expediente disciplinario si es que hay causa”, añadió el portavoz autonómico.

Investigación sobre el informe

De Santiago-Juárez no quiso opinar sobre el contenido del informe: “Quien tiene que valorar ese informe es la Seguridad Social. Habrá que cruzar datos. Hay que ver si el contenido se ajusta a la realidad. Nosotros no tenemos esos datos, no somos competentes. El contenido del informe lo tiene que analizar el Instituto del Carbón y la Seguridad Social. Nosotros tenemos que investigar qué ha pasado con ese informe”.

La investigación afecta al entonces delegado autonómico y hoy presidente del PP provincial y diputado nacional, Eduardo Fernández. De Santiago-Juárez aseguró que un inspector autonómico investigará lo ocurrido en la Delegación de la Junta en León y “seguro” hablará con Fernández. El portavoz afirmó que el jueves llegó el informe que habían enviado a la inspección de Trabajo y al Instituto del Carbón, ambos dependientes del Gobierno central.

El pasado domingo la Junta informó de que el informe estaba sin sello de registro de entrada, aunque ayer, fuentes conocedoras del caso, señalaron que sí estaba en un expediente que había pasado por registro. El entonces delegado, Eduardo Fernández, insiste en que a él no le llegó: “No lo he visto y eso no quiere decir que no esté”.

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