La investigación del Banco Madrid apunta a 23 políticos y empresarios

La bomba que el pasado martes por la tarde cayó en el sistema financiero del Principado con la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), amenaza con convertirse en un terremoto en España. El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción un informe con unas 23 operaciones realizadas por políticos y empresarios desde Banco Madrid, filial del grupo BPA.

Según las primeras estimaciones, el importe aproximado que será analizado por la fiscalía será de 34 millones de euros. También se ha cuestionado el origen de una Sicav (sociedad de gestión de patrimonios con ventajas fiscales) de unos 60 millones, según fuentes de la investigación. Sin embargo, en el caso de esta sociedad, Banco Madrid solo es depositario de este dinero que pertenece a una conocida familia industrial española que ha tenido problemas con la Hacienda pública por casos de blanqueo de capitales. La filial española no gestionaba este dinero, según fuentes internas que piden el anonimato. Una de las operaciones más polémicas, por estar conectadas con la denuncia de las autoridades estadounidenses, ha sido un crédito de 1,4 millones que recibió el empresario ruso Andréi Petrov de Banco de Madrid. El dinero se destinó a adquirir y alquilar una nave industrial. Sin embargo, en Banco Madrid recuerdan que “el Sepblac analizó el crédito a Petrov y nunca nos dijo que hubiera problemas”.

El oscuro papel del consejero delegado

La caída de BPA y Banco Madrid está salpicado de asuntos todavía oscuros. Ayer se conoció la detención del consejero delegado de ambas entidades, Joan Pau Miquel Prats, en Andorra por sospechas de blanqueo de capitales. La noticia causó gran pesar entre los ejecutivos y consejeros de Banco Madrid, que ya se llevaron una enorme sorpresa cuando el viernes por la tarde el Ministerio de Economía, que preside el Sepblac, envió estas 23 operaciones a la fiscalía “por indicios de delito”.

Fuentes de la entidad no entienden cómo el Sepblac puede sospechar de que haya causas penales en estas operaciones. Sus dudas se basan en que no había acusaciones delictivas en el informe que el Sepblac les entregó el lunes por la tarde a los consejeros del Banco Madrid. El Servicio les advirtió de tres deficiencias graves y muy graves: que no comunicaron el cierre de cuentas sospechosas de blanqueo, que tenían defectuosos procedimientos internos de control y que realizaban mal la clasificación de clientes por su nivel de riesgo.

“Entendimos que era un informe duro, pensamos en preparar un plan de acción inmediato y temíamos recibir una sanción administrativa, pero nunca que los temas pudieran llegar al ámbito penal y menos en 24 horas”, apuntan fuentes de Banco Madrid. Los directivos se preguntan cómo es posible que el Sepblac encontrara operaciones de blanqueo en julio de 2014, cuando acabó el informe, “y no nos lo entregara hasta el lunes 9 de marzo, es decir, un día antes de que estallara el escándalo y ocho meses después de concluir las inspecciones”.

Por otro lado, fuentes del Sepblac apuntan se ha podido llegar a la vía penal por la información procedente de Andorra. Es posible que, a medida que ha avanzado la investigación en el Principado, hayan aparecido clientes españoles en Andorra con conexiones con Banco Madrid. Algunas fuentes creen que la clave puede estar el consejero delegado Joan Pau Miquel Prats, que era el que manejaba los principales clientes de la entidad. “El presidente, José Pérez, no era ejecutivo, lo que podía darle más libertad a Prats para montar un sistema no conocido por muchos en Madrid”, apunta una fuente de la entidad.

No obstante, Pérez, que entró en julio de 2011, ya tuvo que despedir a un importante ejecutivo relacionado con las cuentas problemáticas que cerró al llegar a la entidad. Fuentes del Sepblac recuerdan que la no comunicación del cierre de estas cuentas “puede constituir una sanción muy grave y no es imposible que sea un tema penal. El juez debe decidir si ha existido colaboración de los administradores con el defraudador, al margen de que se haya actuado bien al cerrar la cuenta”.

Desde el Banco Madrid se denuncia el afán de notoriedad política. Consideran que Economía se ha saltado el deber de secreto que establece la ley. “La Fiscalía es la que puede hacer público el resultado de sus informaciones, pero no el Sepblac”, recuerdan estas fuentes. Y recuerdan que, en año electoral, al PP le viene muy bien mandar banqueros a la Fiscalía, “sobre todo si están relacionados con la Administración socialista”, apunta un financiero. Al final, el fiscal dirá si hay de verdad o de juegos políticos, pero el terremoto bancario está garantizado.