Montoro prevé ingresar 375 millones por el impuesto sobre depósitos bancarios

El Consejo de Ministros incluyó este viernes el nuevo tipo de gravamen para el impuesto sobre los depósitos bancarios que pasa del 0% al 0,03% en el Decreto Ley de medidas liberalizadoras. El Ministerio de Hacienda calcula que ingresará unos 375 millones de euros con este tributo estatal que anula el que tenían las comunidades autónomas. A cambio, el Ejecutivo repartirá la recaudación entre las Administraciones regionales en función de la cantidad que coseche en cada territorio.

Para contentar a los Gobiernos autonómicos, Hacienda establece una entrega a cuenta del 50% del impuesto a favor de las comunidades. De esta forma, este año recibirán 187,5 millones de euros como anticipo. El Ejecutivo lanza un guiño a las autonomías y aclara definitivamente un impuesto que ha provocado una gran litigiosidad.

Hasta ahora, Hacienda compensaba a Andalucía, Extremadura y Canarias, porque fueron las primeras comunidades que implantaron el tributo. Aunque el Gobierno trató de pararlo en los tribunales, una sentencia judicial dio la razón a estas regiones. Para evitar que más autonomías implantaran el tributo, el Ejecutivo creó uno nuevo de carácter estatal pero con tipo 0%. Mientas lo tramitaba, Cataluña, Asturias y la Comunidad Valenciana aprobaron los suyos que han sido recurridas ante el Constitucional.

Con el decreto de este viernes, lo que hace el Gobierno es elevar el tipo de gravamen del 0% al 0,03% para compensar a las comunidades. Los bancos acogieron con satisfacción la medida del Gobierno, si bien, prefieren que no haya ningún impuesto sobre los depósitos. "La única razón que justifica este impuesto estatal moderado y alejado de los tipos nominales de las comunidades autónomas, es crear una alternativa jurídica viable que no existía y así evitar la proliferación de cargas autonómicas que impiden el adecuado funcionamiento del sistema financiero y de la economía en general", apuntó la Asociación Española de Banca (AEB).

Esta patronal critica la situación anterior porque considera que no tiene sentido "penalizar el ahorro, ahora que es tan necesario, deslocalizarlo y romper la unidad de mercado".

La Confederación de Cajas de Ahorros, es decir, de bancos procedentes de cajas (CECA), se opone "a este impuesto porque penaliza el ahorro y desincentiva la financiación estable vía depósitos. Esta medida es un mal menor respecto a la situación actual en la que existen impuestos diferentes en cada comunidad y con gravámenes desproporcionados".

Según cálculos del sector, si en toda España se hubiera aplicado el 0,5% vigente en Andalucía y Canarias, "se hubiera recaudado alrededor de 6.000 millones, lo que hubiera afectado a la capacidad de financiación de la banca para conceder créditos".

No obstante, algunas entidades que piden el anonimato, no ocultan que su intención era la supresión total de este impuesto "tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Este impuesto supone la descapitalización y la pérdida de competitividad de las entidades financieras españolas y la contratación del crédito".

Las entidades admiten que para el cliente bancario este impuesto "supondrá créditos más caros porque la financiación de las entidades también lo será, así como menor remuneración en los depósitos, por el coste que supondrá el impuesto". El decreto del Gobierno también incluía una reducción de las retenciones de los autónomos del 21% al 15% para aquellos que ganen menos de 12.000 euros.