Argentina inicia una cuenta atrás de 30 días para no caer en impago de su deuda

Comienza la cuenta atrás. Hoy, lunes, 30 de junio de 2014, el Gobierno de Argentina debería haber pagado 539 millones de dólares (395 millones de euros) a través del Banco de New York Mellon a los acreedores que en 2005 y 2010 aceptaron notables reducciones en el pago de sus deudas. El Gobierno de Argentina desea pagarles. Y de hecho, envió el viernes ese dinero a Nueva York para pagar la deuda emitida en EE UU y Reino Unido. Pero el juez de Nueva York Thomas Griesa, de 84 años, ha ordenado abonar primero 1.330 millones a tres fondos que no quisieron entrar en la reestructuración de la deuda, tres fondos que batallaron en tribunales a lo largo de diez años para cobrar por completo su dinero. Son lo que el Gobierno argentino denomina fondos buitres. Y exigen 1.330 millones de dólares.

Griesa determinó el viernes que el pago de la deuda reestructurada era “ilegal” mientras no se pagara a los litigantes. No embargó los 539 millones depositados en el Banco de New York Mellon, pero tampoco aceptó el pago. Y conminó al Gobierno argentino a negociar con los tres fondos litigantes. Con lo cual, Argentina dispone ahora de un periodo de gracia de 30 días antes de incurrir en una suspensión de pagos o default.

Los primeros indicios sobre las negociaciones entre el Gobierno de Cristina Fernández y los tres fondos en litigio no son nada alentadores. Jay Newman, gerente de inversiones de Elliot Management, la empresa controlante del fondo NML, uno de los tres litigantes, señaló este lunes: "La disposición de negociar expresada por Argentina no fue más que otra promesa incumplida. NML está sentada en la mesa, lista para hablar, pero Argentina  rehúsa a hablar sobre cualquier aspecto de la disputa. (...) No hay negociaciones en curso, no las hubo y Argentina se niega a comprometerse en el futuro. Esperamos que reconsidere un camino de salida".

Argentina se encuentra entre la espada y la pared. La espada de pagar los 1.300 millones a los “buitres” supondría abonar otros 15.000 millones de dólares a otros “buitres” que podrían exigir los mismos derechos, según alegó hace dos semanas la presidenta, Cristina Fernández, en un discurso televisado. La cifra de 15.000 millones de dólares implicaría pagar en los próximos años más de la mitad de las reservas de divisas con que cuenta el Banco Central de Argentina en estos momentos.

Pero si la espada de los “buitres” es filosa la pared del impago no es menos dura. Si el Gobierno argentino se negase a pagar los 1.300 millones que debe a los “buitres” no podría honrar tampoco -aunque quisiera- la deuda contraída con los acreedores que aceptaron las quitas de 2005 y 2010. Eso significaría caer en impago técnico. Con lo cual, la llegada de capital extranjero que tanto necesita el país para financiar su obra pública y acometer las inversiones del yacimiento de Vaca Muerta se verían notablemente mermadas. La situación no es tan desesperada como la de 2001, cuando Argentina incurrió en el mayor impago de deuda contraído por país alguno a lo largo de la historia: 82.000 millones de dólares que dejaron de pagarse en tiempo y forma. Pero que no sea tan catastrófica no significa que la situación no sea grave. Para la mayor parte de los analistas, al Gobierno no le queda otra que negociar con “los buitres”.

El Gobierno argentino ha contado en esta batalla con poderosos aliados. Contó con la ayuda de decenas de diputados opositores, que viajaron con los altos cargos del Gobierno a Estados Unidos antes de que la Corte Suprema se pronunciara en contra del Ejecutivo. Contó con el apoyo del Gobierno de Francia que se presentó como amicus curiae o amigo del tribunal en defensa de Argentina. Contó también con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), preocupado por la jurisprudencia que este caso pueda sentar a la hora de afrontar otras quitas de deuda en otros países. La Administración de Barack Obama, preocupada también por la posible repercusión en otros Estados, también respaldó a Argentina. En Reino Unido, un grupo de parlamentarios firmó una declaración de apoyo a Argentina. Y este lunes, la Organización de Estados Americanos (OEA) accedió a la petición de Argentina de convocar para este jueves a los ministros de Exteriores del continente americano para abordar el caso de la deuda. La convocatoria fue aprobada por todos los países miembros con la única abstención de Estados Unidos.

Además de todos esos respaldos, Martin Wolf, tal vez el columnista más influyente del diario económico más influyente, el Financial Times, escribió la semana pasada un artículo titulado Defender a Argentina de los buitres. Wolf afirmó que si Argentina se ve obligada a pagar en su totalidad a los holdouts o fondos litigantes, el coste caerá sobre los argentinos y eso sería una “extorsión respaldada por el poder judicial de Estados Unidos”.

Martin Wolf concluyó en su columna: “Un mundo en el que la opción para los soberanos y sus acreedores está entre un pago en su totalidad y falta absoluta de pago sería tan mala como uno en el que los deudores debieran elegir entre la hambruna y la prisión. Ahora debe ser encontrada una mejor manera”.

En su afán por ganar la batalla de la opinión pública, el Gobierno de Argentina publicó en el New York Times un anuncio en el que explicaba su versión sobre por qué el fallo de Griesa es “imposible de cumplir” y dijo estar dispuesto a pagar de una forma “justa, equitativa y legal”. El Gobierno insiste en su intención de cumplir con la reestructuración de la deuda que aceptaron “el 92,4% de los tenedores de bonos”, acusa de “parcialidad” al juez Griesa y carga contra el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que refrendó la sentencia de Griesa. “Eso no es más que una forma sofisticada de tratar de obligarnos a arrodillarse ante los usureros del mundo”, señala el escrito del Ejecutivo argentino.