La justicia de EE UU impide que Argentina pague su deuda reestructurada
Un juez de Nueva York frena el envío de dinero a acreedores del pasivo en estado regular y llama a que el Gobierno de Fernández acuerde primero con los fondos buitres
Argentina no podrá pagar el próximo lunes los 539 millones de dólares que debía y quería abonar a los acreedores de la deuda reestructurada en 2005 y 2010. Sin embargo, tiene un periodo de gracia hasta el 30 de julio próximo para evitar la suspensión de pagos, que sería la segunda en el siglo, después de la de 2001.
Sucede que el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, había anunciado este jueves que su país enviaría aquel dinero para cumplir con el vencimiento de la deuda emitida en EE UU, Reino Unido y Japón, pese al fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa que obliga a Argentina a pagarles primero 1.330 millones a tres fondos buitres y a otros acreedores que rechazaron los canjes de 2005 y 2010 y que siguen reclamando por los papeles impagos desde 2001.
Griesa determinó este viernes que Argentina no podrá concretar el pago de la deuda reestructurada por considerarlo “ilegal” y llamó al país a negociar con los buitres.
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se niega a abonarles a los acreedores litigantes porque teme que se acumulen demandas por un total de 15.000 millones del 7% de los que rechazaron los canjes, una suma de dinero equivalente a más de la mitad de las reservas del Banco Central argentino. Pero también quiere mostrar que mantiene la voluntad de pago al 93% que aceptó la reestructuración. Por eso, Kicillof anunció el jueves que enviaría los 539 millones a estos inversores. Para ello, los depositó ese mismo día en las dos cuentas que el agente fiduciario de la deuda, The Bank of New York, tiene en el Banco Central del país sudamericano, de modo tal de que el lunes llegaran a manos de los acreedores de la deuda nueva. Si bien algunos expertos especulaban con que ese dinero podía ser embargado por Griesa para resarcir a los demandantes, de acuerdo con lo establecido con su fallo, otros analistas descartaron esa posibilidad porque EE UU no puede congelar activos en Argentina y porque una vez que The Bank of New York gira el dinero a los tenedores de bonos éste ya les pertenece a ellos y no más al país sudamericano.
Argentina tiene tiempo hasta el 30 de julio para evitar la suspensión de pagos
La reacción de los fondos buitres al anuncio de Kicillof no se hizo esperar. El fondo NML pidió el jueves a Griesa una audiencia para determinar si el pago no implicaba un desacato a la justicia norteamericana. El juez de Nueva York, de 84 años, aceptó la petición y convocó la reunión para este viernes. Allí, Griesa no se refirió a embargo alguno sino que, tal como solicitaban los buitres, ordenó a The Bank of New York que no hiciera el pago a los acreedores de deuda reestructurada y que devolviera el dinero al Gobierno argentino. El abogado del banco norteamericano, presente en la audiencia, dijo que la entidad acataría lo que dijera el juez. Los representantes de Argentina hicieron responsable a Griesa, a los litigantes y a The Bank of New York por el incumplimiento del vencimiento de la deuda nueva.
El juez se quejó de que con este anuncio de pago Argentina interrumpiera las negociaciones que había comenzado un mediador designado por él el pasado lunes. Sin embargo, Griesa llamó a continuar esas conversaciones: “Sería deseable, si es posible, llegar a un arreglo". Pero no todo el discurso del juez fue tan suave. También tachó de “explosiva” la decisión de Argentina de girar los fondos. Los abogados del país sudamericano se justificaron al decir que si no lo hacía, los acreedores de deuda reestructurada podían iniciarle acciones legales.
Ahora se abre un periodo de un mes en el que Argentina y los buitres discutirán cómo se ejecuta la sentencia. No está en debate la suma reclamada, pues el fallo ordena pagar sin quitas como las aceptadas por la mayoría de acreedores en 2005 y 2010. Lo que se dirime es si Buenos Aires abonará en efectivo, como determinó el juez a pesar de que el Gobierno de Fernández lo considerara imposible de asumir, o con títulos públicos, cuyos vencimientos ocurrirán en años venideros. El problema que enfrenta Argentina es que si les ofrece a los buitres títulos públicos por el 100% de lo reclamado desde 2001, los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 también pueden demandar el mismo trato, de acuerdo con una cláusula de sus bonos. Una alternativa es que, dada la escasez de divisas que sufre Argentina y que han derivado este año en devaluación del peso, inflación del 35% y recesión, el país sudamericano consiga financiamiento de algún banco de inversión para abonar al contado a los litigantes sin sacrificar sus reservas internacionales. Varios bancos hacen cola para ofrecerle el dinero porque confían en que si Argentina resuelve este caso, las cotizaciones de sus títulos saltarán en los mercados, dado que además este país mantiene una baja deuda externa con el sector privado, del orden del 8% del PIB.
Pero mientras el conflicto por el juicio se agrava, hay provincias argentinas que deben postergar sus planes de emitir deuda para solventar gastos cotidianos. A su vez, Argentina continúa acumulando respaldos de organismos internacionales y otros países a su posición porque prevén un posible efecto sistémico del fallo de Griesa a favor de los que rechazan las reestructuraciones de deuda y apuestan a reclamar por la vía judicial. Este jueves fue el turno de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de Naciones Unidas.
