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Argentina aclara que quiere negociar un acuerdo por la deuda

El Gobierno de Cristina Fernández, después de negar un viaje para dialogar con los acreedoras, afirma que buscará el consenso

Alejandro Rebossio
Cristina Fernández, este viernes en Rosario.
Cristina Fernández, este viernes en Rosario. AFP

Que sí, que no, que sí. Finalmente, Argentina ha aclarado que busca una solución negociada para cumplir la sentencia en su contra que el lunes pasado ha quedado firme en EE UU para que pague a los fondos buitres y otros acreedores que rechazaron los canjes de deuda de 2005 y 2010. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó este viernes el tradicional acto por el Día de la Bandera en Rosario para precisar los pasos a seguir: “He dado instrucciones a nuestro ministro de Economía [Axel Kicillof] para que nuestros abogados [en EE UU] soliciten al juez [de Nueva York, Thomas Griesa] que genere condiciones para dialogar”.

Dos días antes, el abogado norteamericano que representa a Argentina, Carmine Boccuzzi, había dicho al juez que la semana próxima iba a viajar una comitiva de funcionarios del Gobierno de Fernández a Nueva York para negociar con los buitres. Pero, este jueves, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, negó ese viaje en una rueda de prensa. Políticos de la oposición han criticado lo que consideran una estrategia errática del Gobierno de Fernández. Finalmente no habrá viaje, pero sí negociación.

El juez Griesa había fallado en 2012 que Argentina debía pagar en efectivo y de una sola vez 1.330 millones de dólares a tres fondos buitres y a otros 13 inversores como condición previa para seguir cumpliendo sus obligaciones con la mayoría de acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. El país sudamericano, en su crisis de 2001, protagonizó la mayor suspensión de pagos soberana en la historia global, por unos 82.000 millones. En 2005 y 2010, los Gobiernos de los Kirchner consiguieron que los acreedores canjearan el 93% de la deuda de 2001 por títulos públicos que suponían una quita de la mitad del valor original. Pero el 7% optó por la vía judicial. Entre ellos están los buitres que adquirieron los bonos después de la moratoria, cuando valían muy poco, y que tienen como política rechazar las reestructuraciones y reclamar el 100% de lo adeudado en los tribunales. El lunes pasado consiguieron que el Tribunal Supremo de EE UU dejara firme el fallo de Griesa y ahora la discusión no será cuánto cobrarán sino cómo. La sentencia dice que Argentina debe abonar al contado, pero este viernes el fondo NML reiteró a The Wall Street Journal que aceptaría títulos públicos. También Repsol aceptó este año bonos como medio para que Argentina la indemnizara por la expropiación del 51% de YPF en 2012.

"Terminamos con una deuda que implosionó al país. Desde 2005 venimos pagando religiosamente los vencimientos de deuda", afirmó Fernández

Ante miles de militantes movilizados bajo el lema de “patria o buitres”, Fernández recordó que su país había sufrido “décadas de endeudamiento” hasta la crisis de 2001. “Terminamos con una deuda que implosionó al país. Desde 2005 venimos pagando religiosamente los vencimientos de deuda”, dijo la presidenta y recordó que su país la ha abonado sin recurrir a la emisión de nuevos pasivos. Argentina no coloca deuda en los mercados internacionales desde 2013 en parte por su elevada prima de riesgo y en parte por decisión propia.

Fernández dijo que estaba dispuesta a negociar. Puso como ejemplo la “negociación dura” con Repsol, “dura como todas las negociaciones, no hay negociaciones financieras blandas o fáciles”. Recordó que la petrolera española demandó en tribunales internacionales a Argentina por 10.000 millones de dólares y finalmente acordaron una indemnización de 5.000 millones.

“Muchos esperan que pateemos el tablero”, se refirió Fernández a analistas políticos que esperaban que este viernes arremetiera otra vez contra Griesa. La presidenta había calificado el lunes la sentencia en EE UU de “extorsión” y dos días después el juez de Nueva York advirtió que Argentina no se podía seguir riendo de la justicia norteamericana.

La jefa de Estado argentina insistió en que quiere seguir pagando al 93% que aceptó los canjes. Si incumple el fallo, entrará en suspensión de pagos con ellos. El impago, que podría ocurrir el 30 de julio, sería por bonos por 28.000 millones nominados en Nueva York, Londres y Japón. Fernández dijo que también espera que se solucione el conflicto con el 7% que no aceptó el canje. “Solo pedimos condiciones justas. ¿Tan injusto e imprevisible es alguien que pide que se cuide al 92,4% que reestructuró la deuda de la misma manera que se cuida al 1%? Queremos que se cuide al 100%. No puedo creer que una legislación diga que hay que reventar al 93% para salvar al 1%”, se refirió Fernández a que Argentina no podrá seguir pagando a la mayoría de acreedores si antes no paga los 1.330 millones a ese 1% que consiguió el fallo. Además, hay otro 6% de los que rechazaron los canjes que también podrían demandar lo suyo y así las reclamaciones judiciales contra el país sudamericano ascenderían a 15.000 millones, según el ministro Kicillof.

“Argentina va estar dispuesta a dialogar. Hemos dado muestras de que somos personas capaces de negociar. ¿Saben por qué tengo la obligación de negociar?”, preguntó al público que elevaba sus banderas kirchneristas en un acto institucional que compartió con las autoridades socialistas (en la oposición) que gobiernan Rosario y la provincia de Santa Fe. “Porque soy una presidenta responsable. Para mí sería muy fácil prometer cualquier cosa, total el que viene se hará cargo”, aludió al final de su mandato, en diciembre de 2015. Argentina se niega a pagar al contado porque dice que los 15.000 millones que en total reclaman los acreedores litigantes equivalen a más de la mitad de las reservas de su Banco Central. La otra opción es abonar con títulos públicos que vencerán en los próximos años. “Estoy dispuesta a cumplir con mi deber, pero nunca a rifar la patria. Sería fácil, como proponen algunos, acordar cualquier cosa, pero antes que mi Gobierno, están mi nación y mi patria”, apuntó Fernández contra el alcalde de Buenos Aires y candidato presidencial para 2015, el conservador Mauricio Macri. “Ahora lo que tenemos que hacer es evitar entrar en default [suspensión de pagos]. Cualquier cosa que consigamos que no sea al contado será mejor. Pero si hay que pagar al contado, habrá que pagar al contado”, dijo este jueves Macri.

Una nueva suspensión de pagos supondría para Argentina un agravamiento de su situación económica crítica. Por la escasez de divisas que sufre el país desde hace tres años, en enero pasado se devaluó el peso, lo que derivó en una inflación del 34,9% anual y en un estancamiento económico. El Gobierno de Fernández estaba dando pasos este año para arreglar su situación financiera internacional y quizá volver a colocar deuda en los mercados internacionales en el segundo semestre, así como lo ha logrado esta semana Ecuador seis años después de su última suspensión de pagos. Este año Fernández devaluó, corrigió las imprecisas estadísticas públicas, recortó algunas subvenciones y acordó con Repsol y los países acreedores del Club de París, a los que también se les había dejado de pagar en 2001. Una solución al juicio de los buitres, que supondría mayor deuda para los próximos años, podría abrir las puertas para la emisión de deuda externa, de modo de contrarrestar la actual escasez de divisas, o atraería inversiones extranjeras para proyectos como el del yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. En cambio, una suspensión de pagos cerraría por un tiempo esas fuentes de divisas para Argentina, con el consiguiente riesgo de otra devaluación y su impacto en la inflación y la actividad económica. Claro que también el pago con reservas del Banco Central de demandas multimillonarias derivaría en una brusca depreciación del peso.

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