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Argentina admite que le es “imposible” pagar a los acreeedores el 30 de junio

El país tiene ahora un periodo de gracia de 30 días para solucionar el impago

El Gobierno calcula que la decisión del tribunal de EE UU le puede costar hasta 15.000 millones

El ministro de Economía, Axel Kicillof.
El ministro de Economía, Axel Kicillof. Bloomberg

Argentina ha aceptado negociar la semana próxima con los fondos buitres, pero mientras tanto insiste con su tesis de que no puede abonarles todo de una sola vez en efectivo. Por eso, anunció en la noche de este miércoles (madrugada de jueves en España) que le resulta "imposible" pagar a sus acreedores de deuda reestructurada en 2005 y 2010 el próximo 30 de junio tras el fallo de la Justicia de EE UU en contra del país. Sucede que esa sentencia establece que si les paga ese día los 225 millones de dólares que les debe a esos inversores, los recursos serán embargados para que se salde primero la demanda por 1.500 millones que le interpusieron los fondos buitres y otros acreedores que rechazaron los canjes de 2005 y 2010 y que reclaman por la deuda original impaga desde la crisis argentina de 2001.

El contrato de la deuda reestructurada establece que Argentina tiene 30 días de gracia para retrasarse en el pago del próximo día 30. Es decir, no caerá técnicamente en suspensión de pagos del nuevo pasivo hasta el 30 de julio. Mientras tanto, debe buscar alternativas para evitar una nueva moratoria de la deuda y lo hará en la reunión prevista la semana próxima en Nueva York entre funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los acreedores litigantes. Una opción es que en vez de pagar la sentencia en efectivo, como reclaman los demandantes y el juez del caso, Thomas Griesa, se abone con títulos públicos, que vencerían en los próximos años. Un socio del fondo buitre NML, que es uno de los que obtuvo el fallo favorable, admitió la posibilidad de que se les abonara en bonos. Argentina ha dicho que carecía del dinero al contado para pagar demandas que podrían acumularse hasta llegar a 15.000 millones y el juez ha propuesto una negociación. Lo que no podrá hacer Buenos Aires es aplicar a los buitres una quita como la que logró que aceptara en 2005 y 2010 el 93% de los acreedores de la deuda impaga en 2001.

El Gobierno argentino reiteró en la noche del miércoles que rechaza la decisión de Griesa, ratificada el lunes por Tribunal Supremo estadounidense, que le obliga a pagar de un golpe la deuda de 1.500 millones a los fondos buitre que rechazaron en su día el trueque de los bonos y le impide seguir pagando al resto de acreedores hasta que no salde esta deuda. Horas antes de que sus abogados y los de los fondos buitres se reunieran este miércoles con el juez para pactar una negociación la semana próxima, un tribunal de apelaciones de Nueva York levantó la suspensión que regía hasta ahora de la sentencia de Griesa, que data de 2012 pero que solo el lunes pasado quedó firme. La consecuencia de esa medida del tribunal de apelaciones, que fue solicitada el mismo lunes por los buitres, es que Argentina debería pagar el próximo día 30 a ellos antes que abonar la deuda reestructurada. El Gobierno argentino consideró que el “levantamiento” de la suspensión de la sentencia “muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa". Es curioso que esta opinión fue vertida horas después del encuentro entre el juez y las partes enfrentadas en las que acordaron que negociarán la semana próxima. Puede entenderse como parte de la estrategia de presiones de ambos lados en la discusión al límite que están protagonizando.

De un lado, Argentina puede caer en suspensión de pagos si no abona a los litiganes. Por otro, los demandantes quieren cobrar lo antes posible. La querella está encabezada por tres fondos buites, que se especializan en comprar bonos basura de países y empresas en moratoria para después rechazar reestructuraciones y exigir en los tribunales el 100% de lo adeudado originalmente, pero además hay otros 13 demandantes que son pequeños inversores que sufrieron la suspensión de pagos de 2001 y que tampoco aprobaron los canjes de 2005 y 2010, que implicaron la quita de la mitad del valor inicial del pasivo.

El propio ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que el revés judicial costaría a Argentina no solo los 1.500 millones de esta sentencia sino un total de 15.000 millones al abrir la puerta a más demandas. El problema es que esta cifra equivale a más de la mitad de las reservas internacionales del Banco Central argentino, lo que abocaría al país al temido impago ahora que estaba en plena campaña por recuperar la confianza de los inversores internacionales. La presidenta, Cristina Fernández, había asegurado este mismo lunes que el país evitaría la suspensión de pagos.

En 2001, Argentina declaró la mayor suspensión de pagos de un país en la historia y entre 2005 y 2010 logró el canje del 93% de su deuda. Solo el restante 7% quedó en litigio. A los tenedores del pasivo reestructurado con legislación en Nueva York, Londres y Japón les debe 28.000 millones.

Para buscar una solución al conflicto abierto entre Argentina y los fondos buitre, Kicillof ha enviado el martes a los abogados de Argentina a negociar con el juez Griesa. El magistrado, de 84 años, organizó el miércoles por la tarde una reunión con todas las partes, reprochó las palabras del lunes de la presidenta, que calificó el fallo de "extorsión" y advirtió de que realizar un canje de la deuda reestructurada en EE UU, Reino Unido y Japón para que cobren en Argentina, como sugirió el martes Kicillof, es un "desacato". Pero los abogados del fondo NML aceptaron ante el juez la propuesta de Argentina de organizar un encuentro con funcionarios del Gobierno de Fernández la semana próxima en Nueva York.