Los inspectores de Hacienda piden penas de cárcel para quien cometa delito fiscal

Los defraudadores que escabullan impuestos por más de 600.000 euros irán a la cárcel. Esa es una de las decenas de propuestas que hacen los inspectores fiscales en su documento sobre la reforma fiscal que presentarán en los próximos días.

La organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) pretende aumentar con carácter general el umbral a partir del cual un fraude se considera delito fiscal desde los 120.000 euros actuales hasta los 600.000 euros. A cambio de elevar esta barrera, la organización mayoritaria de inspectores pretende endurecer las penas para los que incurran en el citado delito. Reclaman que se elimine la excusa absolutoria —una dispensa incluida en el artículo 305 del código penal por la cual los defraudadores quedarán exentos con el pago de la deuda— para estos casos.

Actualmente se prevé "pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria [...]". Además, ya existe el límite de 600.000 euros para casos agravados de delito fiscal derivados de la participación en organizaciones criminales.

Los defraudadores que superen ese límite irían a la cárcel aunque paguen la deuda tributaria y las sanciones correspondientes si el Gobierno decide incorporar estas sugerencias al proyecto de reforma fiscal que presentará en un par de semanas.

Los inspectores además plantean que se amplíen los plazos del procedimiento inspector para las grandes empresas. Actualmente el proceso de investigación solo dura un año con una prórroga adicional de otros 12 meses en casos muy concretos y sujetos a muchos condicionantes.

Otra de las medidas que recogen en su propuesta para la reforma tributaria consiste en el establecimiento de un mecanismo para inspeccionar a las grandes empresas cada año de oficio. Para ello, se debería crear un protocolo en la delegación de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria para que anualmente abra una investigación a estas grandes sociedades. Este proceso se podría aplicar para aquellas empresas que facturen más de 100 millones de euros al año.

Una habitación fiscal en las empresas

Entre la batería de medidas que plantean los inspectores también sobresale la creación de una tax room [habitación fiscal, en su traducción del inglés]. Esta iniciativa obligaría a las empresas con un determinado volumen de facturación a tener una dependencia donde se recopile toda la información contable y tributaria de la empresa y que sea de acceso libre para las autoridades fiscales. De esta forma, se evitaría que los contribuyentes investigados se opongan al acceso de los inspectores a sus oficinas.

Además. esta organización insiste en publicar una lista de morosos con la Agencia Tributaria. Consideran que debería estar integrada por todos los contribuyentes con deudas que hayan sido reclamadas con una diligencia de apremio y estén en proceso de embargo.