“Para mantener la seguridad social es necesario reformar el sistema”

Tiene 93 libros y 300 ensayos publicados y en agosto cumple 80 años, pero el catedrático y economista cubano Carmelo Mesa-Lago no descansa. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, acaba de invitarle a formar parte de la comisión que asesorará la segunda reforma del sistema de pensiones en su país, uno de sus proyectos estrella. Por tercera vez en su vida, es cubano afincado en Estados Unidos desde 1961, está nominado al Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, cuyo ganador será anunciado en los próximos días. Considerado el maestro de la seguridad social en América Latina, Mesa-Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, asegura que ni en los países ricos ni en los pobres privatizar las pensiones y la sanidad es la solución para garantizar mejores prestaciones.

Pregunta. Participó en la reforma de las pensiones del primer Gobierno de Bachelet...

Respuesta. He trabajado en Chile durante 45 años, como funcionario de la CEPAL introduje el tema de la seguridad social y señalé los fallos de la privatización de las pensiones implantada por Pinochet. Sugerí entonces medidas para ampliar la cobertura laboral, así como de los ancianos y las mujeres, hacer universal la pensión asistencial para los pobres, mejorar la solidaridad social y la equidad de género, etc. Muchas de estas sugerencias aparecen en la reforma de Bachelet en 2008.

P. ¿Después de esa reforma de 2008, cuál es el objetivo ahora?

R. Quedaron problemas por resolver, como lograr una mayor competencia a través de una gestora pública del sistema de pensiones que logre reducir el coste administrativo, que todavía es alto. También las pensiones de los afiliados de bajos ingresos son magras, a pesar de que la reforma de 2008 introdujo un aporte solidario del Estado.

En muchos países, la privatización estancó la cobertura y erosionó la equidad”

P. ¿Qué caracteriza la situación del sistema de seguridad social en la región?

R. Once países latinoamericanos privatizaron total o parcialmente sus pensiones entre 1981 (Chile) y 2008 (Panamá). Aunque lograron algunas mejoras, sus fallos fueron mayores: la cobertura se estancó o cayó, la competencia no funcionó de forma adecuada en la mayoría, mientras que los gastos administrativos eran altos y la inversión se concentró en deuda pública. La equidad de género también se erosionó y con frecuencia se descuidaron las pensiones de asistencia social a los pobres, y los costos fiscales fueron más altos y largos que lo previsto. La crisis financiera mundial redujo el capital acumulado y su retorno, deteniendo las reformas estructurales. Entre 2008 y 2012, tres países implantaron reformas a las pensiones privatizadas; en todas aumentó el papel del Estado, mejoró la cobertura, la solidaridad social y la equidad de género, pero sólo Chile aseguró la estabilidad financiera a largo plazo, mientras que Argentina y Bolivia corren el riesgo de desequilibrios severos.

P. ¿Conclusiones?

R. Los países que mantuvieron sistemas públicos, ahora en mayoría, pagan pensiones muy reducidas y tienen una multiplicidad de fondos con algunos privilegiados y subsidiados por el fisco (fuerzas armadas, funcionarios), y enfrentan desequilibrios financieros. La gran mayoría demanda reformas adecuadas a sus peculiaridades y problemas. Las reformas estructurales de sanidad, en cambio, no avanzaron tanto en la privatización como las de pensiones. La chilena, pionera y más radical, sólo logró cubrir a 26% de la población con aseguradoras privadas y ese porcentaje cayó a 15% cuando se reforzó el sistema público bajo los gobiernos democráticos.

Los sistemas públicos de América Latina pagan pensiones reducidas”

P. ¿Cuáles son los retos para América Latina?

R. En los países menos desarrollados hay una incidencia de pobreza muy alta, la mayoría de la fuerza laboral es informal y todavía hay un sector campesino considerable y disperso. Estos tres grupos son muy difíciles de cubrir por el seguro social, en pensiones y sanidad, porque no tienen empleador que los afilie y pague parte de la contribución, además de que su salario es errático y normalmente bajo, de ahí que tengan las coberturas más escasas en la región. El sector público de sanidad en esos países está legalmente obligado a proteger a la población no asegurada, pero recibe una proporción de recursos menor que la del seguro social que atiende sólo a una minoría, por lo cual los recursos son insuficientes y hay impacto regresivo.

P. ¿Y en los países desarrollados?

R. Lo normal en estos países es que tengan cobertura universal del seguro social, las pensiones sean adecuadas y exista un Estado de bienestar que proporcione asistencia a los pobres, así como cobertura de salud gratuita. Estados Unidos estaba a la zaga en lo último, pero Obama está mejorando de forma notable el vacío previo. El problema es el envejecimiento de la población, porque con el crecimiento de la expectativa de vida los jubilados viven más años (más que los que contribuyeron si la edad de retiro es baja) y por tanto cobran las pensiones por un período mayor, a pesar de que el coste de sanidad se dispara porque sufren enfermedades terminales. Esto se combina con una caída drástica de la natalidad (en algunos países como España, la tasa de reproducción es insuficiente para mantener el tamaño de la población) por lo que hay menos personas adultas para financiar a la población de tercera edad.

En las economías desarrolladas el problema es el envejecimiento”

Con este cambio demográfico, la población productiva se achica a la vez que crece el segmento de la población anciana. La solución de este problema no debería ser la privatización de la seguridad social, pues esto ha probado tener un efecto neto adverso, sino aplicar reformas paramétricas que permitan mantener la solvencia de los sistemas. Por ejemplo, se puede aumentar la edad de jubilación de acuerdo con el incremento de la esperanza de vida. También es importante crear programas complementarios de pensiones según el ahorro individual (en lo posible ayudado por el empleador) para suplementar las pensiones de seguro social y ayudar al crecimiento económico del país.

P. ¿Cómo extender la cobertura del seguro social y la asistencia a los pobres en una economía en crisis?

R. La gran mayoría de mis libros y artículos se ha dedicado a este tema, analizando la raíz del problema y proponiendo políticas para superarlo. Mi tesis es que la cobertura del seguro social está correlacionada positivamente con el empleo formal e inversamente con el empleo informal y la pobreza; de manera que las políticas de protección social deberían incluir medidas para incorporar al sector excluido. Por ejemplo, crear un aporte fiscal, como la contribución patronal de la que carecen los informales de bajo ingreso, a fin de incentivarlos para que se afilien y coticen (aplicado en Argentina, Costa Rica, Chile, Uruguay); otorgar pensiones asistenciales con prueba de ingreso adecuada a los ancianos pobres que no reciban otra pensión (El Salvador, México, Panamá) y universalizar dichas pensiones (Costa Rica, Chile, Uruguay). También introducir un bono de maternidad para compensar a las mujeres el tiempo que se retiran para criar a sus hijos (Argentina, Chile, Uruguay).

P. Si de temas de pensiones y seguridad social ha escrito 60 libros, de Cuba van más de 30. Vive en EE UU desde que salió de Cuba, en 1961. ¿Sigue apostando por el entendimiento entre La Habana y Washington?

R. Hace 46 años que me pronuncie públicamente en contra del embargo y este no ha logrado su objetivo de cambiar el régimen cubano, que lo ha utilizado como un chivo expiatorio para justificar errores económicos por más de medio siglo. También he estado en favor del dialogo de EE UU con Cuba y en 1978 participé en el diálogo de una representación de la comunidad cubana en el exterior con el Gobierno, que culminó con la liberación de 3.600 presos políticos. Debido a los múltiples y serios retos que enfrenta Obama en el resto de su período presidencial y, a pesar de los pasos positivos que ha dado, creo que es muy difícil que gaste sus escasas municiones políticas para intentar aprobar en el congreso una reforma o la anulación de la Ley Helms-Burton. Las conversaciones podrían avanzar en áreas que quedan a la discreción del presidente. Pero hacen falta dos para bailar el tango y cada vez que un presidente norteamericano ha intentado un acercamiento con Cuba (Ford, Carter y Clinton), esta ha creado un conflicto que ha paralizado el proceso. Raúl Castro ha ofrecido en múltiples oportunidades conversar, pero advirtiendo que no habrá cambio político en Cuba. Para que se logre progresar es necesario que ambas partes cedan algo.