Paro y fraude: lo mismo

No habían pasado 24 horas de la acerba discusión en la Asamblea Nacional del plan de estabilidad de Manuel Valls para la Francia de los próximos tres años, y nos sumergimos en el de España.

Tristeza infinita. Primero porque a diferencia de lo ocurrido en el partido de Gobierno francés (el PS), en el español (el PP) no ha habido ningún debate previo, y menos aún, negociación. Segundo, porque en Francia se ha sometido el paquete al Parlamento casi como cuestión de confianza, y aquí nos vamos de puente.

Y tercero, porque los recortes franceses (ahorro de 50.000 millones en el gasto) quizá perjudiquen la resurrección del consumo, pero también (al facilitar la rebaja de 30.000 millones en cotizaciones sociales) deberán estimular la creación de empleo: aquí, nada de contrapartidas así. Cuando es el tipo de medidas que distinguen una sobriedad ponderada (la francesa) de una austeridad excesiva y antiequitativa (a la española). Lo esencial para la política económica en Francia es eso: el empleo (con un paro al 11%). En España (con el desempleo al 26,1%), el empleo es accesorio.

El ministro Cristóbal Montoro enfatizó en la presentación del plan que las previsiones de déficit (el -1,1% para 2017) son un “objetivo político”. Habrá pues que presumir que también lo es la previsión de las cifras de desempleo: si en 2012-2013 (bajo el PP) se esfumó un millón de empleos, aunque se creen 600.000 puestos en 2014-2015, la legislatura se saldará con 400.000 empleos destruidos adicionales a los heredados; y se cuentan por millones.

O sea, esa herencia no mejora. Empeora. Y lo peor, debate hereditario aparte, ¿podemos, impertérritos, dar por buenas esas cifras-hipótesis-objetivo? Si así se concreta la ambición del Gobierno, ¿puede hablarse de ambición? ¿o de resignación fatalista? ¿No debieran cambiar los otros componentes del cóctel de la política económica para reconducir ese desastre, el único trascendental?

Si el paro seguirá igual de mal —como reconocen o proponen los que mandan—, también sucederá lo mismo, con el fraude fiscal. Miren en la web oficial el gráfico “Impacto de la reforma tributaria” del programa de estabilidad actualizado. Verán que prevé añadir mil millones al año desde 2014 a lo recaudado en 2013, que fueron (no lo dice, será un olvido) 10.479 millones: un 9% menos o ¡mil millones largos menos que en 2012! Que eran, 11.517 millones (tampoco lo dice, otro olvido).

Pero es que el fraude fiscal es el gran nicho fiscalizable en España: genera al año entre 15.000 millones (“El avance del fraude en España durante la crisis”, de Gestha y la Universidad Rovira i Virgili, 2014) y 70.000 millones (“Implicaciones de la economía sumergida en España”, Círculo de Empresarios, 2010). ¿Y se proponen pescar solo mil millones?

Y entonces, claro, ya todo se comprende. Que, como reconoce Cristóbal sobre la presión fiscal comparada con la UE, “llegar a la media no es el debate” (¡debiera serlo!). O que los recursos fiscales adicionales procederán solo de la mayor actividad; y los menores gastos, de la eliminación de duplicidades administrativas. De todas las Administraciones, menos de la central (tampoco lo dicen). Y del esfuerzo de rigor presupuestario ajeno: jamás del suyo.

Comparen, y si encuentran algo mejor, compren. La jacobina Francia recortará en tres años 18.000 millones a “París”, por solo 11.000 a las administraciones regionales. La autonómica España reducirá el déficit central en tres años “en” más/menos un tercio (del -3,5% del PIB al -2,2%); los autonómicos, “a” más/menos un tercio (del -1% al -0,3%). Como viene sucediendo. La austeridad bien entendida empieza en los demás. Y acaba en ellos.