El gasto público en Latinoamérica es un tercio menor que el de la Eurozona

Adrián Haidukowski es uno de los miles de padres de Buenos Aires que se encontraron en este verano austral con que sus hijos carecían de vacantes para comenzar hace dos semanas las clases en la escuela pública. Este editor de una revista de póker de 39 años y padre de una niña debió enviarla finalmente a un colegio privado por el que paga 215 dólares mensuales. “Yo siempre fui a la educación pública, mi mujer también y queríamos lo mismo para mi hija. Además, por una cuestión de costos y porque uno paga impuestos. El privado sale una fortuna”, advierte Adrián, que no solo en la educación advierte falencias de la administración pública, en este caso porteña. Él se queja de que las calles que gobierna el conservador Mauricio Macri están sucias, con contenedores desbordantes de residuos, o de que faltan líneas de metro y las que funcionan lo hacen atestadas de usuarios.

Adrián vive en una Argentina donde el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner prometió esta semana que recortará dos de los cinco puntos del PIB que representan en la actualidad las subvenciones económicas, compuestas en especial por las de energía y transporte. El objetivo es ajustar el gasto público para bajar una inflación que ha alcanzado el 30% por la devaluación del peso en enero pasado. Pero no solo Argentina se debate sobre la necesidad de podas en las subvenciones. En Brasil, el Gobierno de Dilma Rousseff anunció en febrero pasado una disminución del 0,8% del PIB que afectará diversos sectores, menos la educación y la sanidad.

Pero el gasto público en el conjunto de Latinoamérica aún es bajo si se lo compara con el de la Zona euro. Los estados latinoamericanos gastaron el equivalente al 34,7% del PIB y los de la eurozona, el 50%, según los datos oficiales de 2012. En su reciente informe Panorama Fiscal 2014, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó que las erogaciones públicas subieron en las últimas dos décadas, sobre todo en educación y sanidad, pero advertía sobre la necesidad de mayores ingresos tributarios, mecanismo para seguir expandiendo el gasto, y de la exigencia de mejorar la calidad y la transparencia de los egresos.

Los niveles de gasto público son bien variados en Latinoamérica. Algunos países ya no enfrentan tanto el desafío de la cantidad como el de la calidad. El exministro de Economía argentino Aldo Ferrer se refiere a este concepto de calidad e incluye en él la necesidad en su país de dejar de dar subvenciones del servicio energético a hogares que no los requieren. Entre los países de la región con más altos egresos de los diversos niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) figuran Argentina (44,5% del PIB, un nivel similar a economías más grandes y desarrolladas, como Alemania, con el 44,6%, y Reino Unido, con 44,1%) y Brasil (40,4%, más que el 41% de un país con un PIB menor como Canadá).

Otros países latinoamericanos, en cambio, enfrentan el reto de aumentar el gasto público en términos cuantitativos y cualitativos. El Chile de Michelle Bachelet, que afronta en su segundo Gobierno los desafíos de reducir la desigualdad y de proveer universidad gratuita, eroga el equivalente al 23,4% del PIB, menos de la mitad que en la Zona euro. Allí, Eslovaquia está en el 37,4%, por ejemplo. Colombia tiene un 27,9%; México, un 27,3% y Perú, apenas un 19,6%. Entre los países de menor renta per cápita de Latinoamérica, Bolivia aparece con un 36,1%; Honduras, con un 26,6%, y Nicaragua, con 28%.

Victoria Reyes, madre soltera de 24 años y empleada de una empresa importadora de muebles, es otra de las afectadas por la falta de vacantes en la escuela pública de Buenos Aires. Acabó enviando a su hijo de dos años a un colegio privado que le cobra 367 dólares mensuales por la jornada completa, almuerzo incluido. Ante la crisis por la falta de plazas, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, se puso a atender llamadas de padres en problemas, entre ellas la de Victoria, con la que además intercambiaron mensajes de textos, pero no hubo solución. Para ella no solo el Gobierno de Macri, aspirante a la presidencia argentina en 2015, muestra fallas sino también el de Fernández. “La seguridad es pésima. A los policías no se les paga el sueldo que les corresponde. También hay corrupción policial”, se queja Victoria, que conoce de cerca la Policía Federal porque hizo la carrera de perito balística. También sufre las falencias del Estado en la sanidad, servicio que provee el municipio. Paga 100 dólares por un seguro de medicina privada. En la crisis argentina de 2001, ella y su familia se atendían en hospitales públicos. “No teníamos para comer. Algunos hospitales te atienden bien, pero otros no. Además, son sucios y para pedir turno tenés que hacer cola a las cuatro de la mañana y te atienden dos meses después. En la (medicina) privada te dan turno por teléfono y te atienden en 15 o 20 días”, lamenta la joven.

Natalia Navoni, de 28 años, diseñadora de ropa, tampoco logró que su hijo de dos comenzara la educación pública. En el último momento, un empleado municipal le ofreció por teléfono una plaza en un colegio a más de una hora de autobús de su casa. “Si usted no la acepta, es responsabilidad suya que su hijo no vaya a la escuela pública”, le dijo. Ella la rechazó y acabó enviándolo a un colegio católico que le cobra menos de 50 dólares por mes. Elogiosa del “proyecto nacional y popular” de Fernández, Natalia no solo desearía más atención a la educación , sino también a la sanidad y al transporte, al que define como un “caos”. En cambio, Adrián, que también destaca al Gobierno de Fernández, cita como ejemplo que el Estado ahora esté renovando los trenes.

Un informe de CEPAL que elaboró la experta Ivonne González señala que los países latinoamericanos que más elevaron el gasto público con relación al PIB entre 1990 y 2010 han sido Cuba, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia. La mayoría de los otros también lo subieron, pero dos lo mantuvieron, México y Perú, y solo uno lo redujo, Venezuela, que en los 90 sufrió un serio ajuste.

La inversión estatal también se ha incrementado, pero a ritmo más pausado y aún por debajo de los niveles previos a la crisis de la deuda exterior latinoamericana de los 80. Los únicos países donde cayó entre 1990 y 2010 son Cuba, Honduras y República Dominicana, mientras en Uruguay ha permanecido estable. Los principales progresos cuantitativos se han registrado en Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú, Chile, Paraguay y Nicaragua.

Gonzalez, de la CEPAL, también analiza la composición del gasto y descubre que Argentina es el país que más gasta en subvenciones con relación al PIB, seguido por Venezuela y Brasil, según datos de 2010. Ecuador, Guatemala y Paraguay son los que menos erogan en la materia. Entre los subsidios aparece el gasto social, que también abarca la educación.

El único país de la región en la que el gasto público social con relación al PIB no creció en forma sustancial entre 1990 y 2009 sino, por el contrario, se contrajo fue Ecuador. Claro que el Gobierno de Rafael Correa apenas comenzó en 2007 y es un hecho que la cifra ecuatoriana ha mejorado desde entonces. En educación, Cuba, Honduras, Bolivia y Argentina, pese a su problema de plazas en Buenos Aires, presentan la mayor inversión educativa respecto del PIB, mientras que República Dominicana, Ecuador, Perú y Colombia aparecen a la zaga, según datos de 2009.