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Cuando la inflación se combate con escraches

La presidenta de Argentina anima a que los ciudadanos denuncien a quienes incumplan los convenios de precios acordados con el Gobierno

Cartel en un supermercado de Buenos Aires de aviso a los clientes.
Cartel en un supermercado de Buenos Aires de aviso a los clientes.

En cualquier supermercado de Buenos Aires se puede leer este tipo de carteles: “Estimado cliente: Atún natural Dezmen Gomes da Costa no se encuentra a la venta por falta de entrega del proveedor Grupo Calvo. Perdón por las molestias ocasionadas”. Según el día o el lugar cambia el producto —fideos, harina, aceite— y cambia el nombre del proveedor —Mendélez Arg, Pepsico, Germaiz…— pero no el método de señalar al responsable del faltante. Ésa es la forma que tiene el dueño del supermercado de aclarar que la culpa no es suya. Otras veces se informa que no se puede comprar de forma ilimitada ciertos alimentos: “Les informamos que debido a los problemas de público conocimiento, el máximo de compra permitido en harinas comunes de tipo 000 y Leudantes es de 2 (dos) unidades por grupo familiar”

Los “problemas de público conocimiento” consisten en que el Gobierno firmó en diciembre de 2013 un convenio con las principales cadenas de supermercados para controlar por un año el precio de al menos 180 productos. Es decir, para rebajarlos. No son precios congelados pero sí “cuidados”, controlados, abaratados. El acuerdo entró en vigor en enero. Pero dos semanas después el Gobierno permitió una devaluación del 20% en el peso argentino respecto al valor del dólar oficial. Y la situación se volvió más compleja. Para el Gobierno, la devaluación sólo debería afectar a los productos directamente vinculados al valor del dólar, como los combustibles o electrodomésticos.

Pero muchos pequeños empresarios, dueños de restaurantes, tiendas y peluquerías subieron sus productos. Todo el mundo refiere anécdotas sobre cómo el peluquero le cobró un 20% más caro o que en tal sitio te cobran mucho más por la misma bicicleta o el mismo sofá que en otra tienda de la misma ciudad. Pero el Gobierno puso un empeño especial en seguir cuidando los precios cuidados. La presidenta, Cristina Fernández, animó el miércoles a los ciudadanos a que denuncien a quienes están “saqueando” sus bolsillos.

Pero las formas de saqueo pueden ser muy sutiles. El encargado de uno de los principales supermercados de Buenos Aires explica que al menos el 10% de los productos “acordados” ya están faltando en las estanterías. “Hay fabricantes como la marca de pasta La Salteña que nos traen todas sus productos excepto el que está bajo el convenio de precios cuidados, que es el que tiene que vender más barato”, indica el gerente.

Algunos alimentos faltan y otros que no faltan se venden más caros de lo que se pactó con el Gobierno. Han proliferado aplicaciones en los teléfonos móviles para escanear los códigos de barra y comprobar si las marcas o los súper cumplen los acuerdos. El viernes se convocó una campaña a través de las redes sociales de “apagón de consumo” en los super durante 24 horas. Varias organizaciones de consumidores se sumaron a ella. Y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, también se mostró partidario: “Es absolutamente necesario apoyar la soberanía del consumidor. Y una de las condiciones básicas consiste en no comprar en comercios o empresas en donde el valor del bien se incrementó de modo desmesurado”.

Antonio Caló, dirigente sindical afín al Gobierno, declaró el 30 de enero que “a la gente no le alcanza para comer”. Pero el pasado miércoles, la presidenta aprovechó un discurso televisado que pronunció en la Casa Rosada, rodeada de decenas de altos cargos y simpatizantes, para interpelarlo, contradecir sus palabras y emplazar a los “dirigentes sindicales” a que ayuden a controlar los precios “en cada hipermercado”. Porque… “una presidenta sola, un ministro de Economía o un jefe de Gabinete solo no pueden”, señaló.

“Necesitamos que cada uno, en su barrio, en su casa, se empodere de estas políticas”, animó Fernández. “Aparte, es muy fácil hacerlo. Esta vez ya no son precios que nadie sabe, desconoce, son secretos; al contrario, con esos telefonitos a los que tanto les gusta jugar, en cinco minutos tenéis toda la aplicación y todos los precios al minuto en cada lugar. Y no son tantos productos, son 193, fácil de controlar. Esto en el sector de la alimentación, en hipermercados”.

En las calles de Buenos Aires han aparecido carteles con la firma de la organización Unidos y Organizados, afín al Gobierno, donde se escracha a los dueños de los principales supermercados.. En ellos se lee: “Conócelos. Estos son los que te roban el sueldo”. Y bajo el rostro del personaje, la leyenda: “Aumentó el precio de todo para sacarte plata a vos”.

El consultor económico Dante Sica admite que habrá especuladores que intentan sacar el máximo partido de la situación que atraviesa el país. Pero no cree que ellos tengan el poder de desestabilizar el mercado. “A río revuelto siempre hay ganancia de pescadores. Pero el río no lo revuelven los pescadores. Unas cuantas cadenas de supermercados no pueden aumentar ni rebajar la inflación. Está muy bien eso de ir con los teléfonos a comprobar los precios, pero la inflación se combate controlando la emisión de moneda y el gasto público. Lo demás son parches”. “Además”, continúa Sica, “hay otros sectores que escapan al control del Gobierno. El Gobierno puede fijar un precio para la bolsa de cemento. Pero cuando vas a un corralón a comprarla te piden un 20% más. Tú puedes reclamarles: Pero es que el Gobierno dijo…’ Y el de corralón te contesta: ‘Decile al Gobierno entonces que te venda’.