Una subida de cuotas de 1.000 millones

La promesa del Gobierno de rebajar las cotizaciones a las empresas se aleja más y más. La precaria situación de las cuentas de la Seguridad Social, que acabó 2013 con un déficit muy sustancial, empuja a lo contrario. Así lo hizo el Consejo de Ministros en su última reunión antes de Nochebuena, cuando decretó una subida indirecta de cotizaciones de 1.000 millones, según la memoria que acompaña a la norma, que se encuentra en el trámite parlamentario. Este incremento, que no estaba contemplado en los presupuestos para este año, se suma a los más de 700 que el Ministerio de Empleo espera recaudar por el incremento de un 5% de las bases máximas de cotización.

Los 1.000 millones adicionales aminorarán los números rojos que la Seguridad Social espera este año. Pero no serán suficientes para cerrar el boquete y, desde luego, no evitan que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, según la aplicación de la fórmula de actualización anual de pensiones que ha implantado la nueva reforma que se asienta en la salud de las cuentas del sistema. Ese dinero llegará a las arcas de la Seguridad Social por una doble vía. En primer lugar, desde el 1 de enero, empresas y trabajadores tendrán que cotizar íntegramente por retribuciones en especie por las que hasta ahora se pagaba en parte o estaban exentas: las aportaciones de las compañías a fondos de pensiones de sus empleados (los derivados de la negociación colectiva, no los contratados individualmente), los vales de comidas, servicios de guardería, seguros médicos y de responsabilidad civil o dietas de transporte. Empleo calcula que así ingresará unos 900 millones de euros más, aunque no detalla como llega a esta cantidad.

El impacto de esta medida es limitado, ya que no afecta a los asalariados que más ganan. Esto es así porque la cotización de quienes ya tienen la base máxima (3.425,7 euros al mes) no puede incrementarse aunque se introduzcan en ella nuevos conceptos. En cambio, sí que aumenta en un 31% lo pagado por cada uno de estos conceptos en el caso de quienes tengan una base menor a la máxima y, por tanto, mejorará sus prestaciones futuras (pensiones o seguro de desempleo)

Con la medida se cierran puertas al fraude. Por ejemplo, una de las vías de escape más habituales entre quienes tienen un sueldo que supera la pensión máxima (2.554 euros al mes) es mantener su base de cotización en ese límite mientras la empresa ingresa la teórica cotización restante en un plan privado de pensiones. De esta forma, el trabajador tiene una pensión mayor cuando se jubila, aunque en el camino el sistema pierde el aporte solidario que hay entre la pensión máxima y la base máxima de cotización.

La medida no afecta a quienes ganan los salarios más altos

Los otros 100 millones adicionales que calcula el departamento que dirige Fátima Báñez llegan por un aumento en las cuotas de los autónomos que tienen 10 empleados o más. A partir de este año, las bases de cotización de estos empresarios no podrán ser menores a las de quienes tienen una licenciatura o una ingeniería (un mínimo de 1.051 euros), lo que supone un incremento del 22% sobre el suelo anterior.

Una de las cosas que más ha indignado a sindicatos y empresarios de la medida es que no la han conocido hasta que se publicó en el BOE el 21 de diciembre y, de hecho, ha sido esta semana cuando la han analizado con calma y han calibrado su impacto. Desde ambas partes se reprocha a Empleo que no les contara nada, cuando en los últimos meses del año hubo contactos frecuentes para hablar de la reforma de pensiones y de los cambios que el Ejecutivo pensaba realizar en los contratos a tiempo parcial.

UGT lanzó ayer un comunicado en el que acusaba el Gobierno de realizar cambios “unilateralmente en perjuicio de los trabajadores”. Tampoco ha gustado a Carmen López, responsable de Seguridad Social, que muchas de las modificaciones afectan a conceptos que se tratan en la negociación colectiva: “Esta modificación desincentivará al empresario a la hora de negociar estas percepciones y tendrá importantes efectos en materia salarial”.

Los agentes sociales lamentan la falta de información sobre la medida

“No se ha contado con nadie”, reprocha Carlos Bravo, de CC OO, “pero, con esta medida, el Gobierno admite implícitamente que el sistema de pensiones necesita ingresos adicionales, algo que ya planteamos durante la tramitación de la reforma y no nos hicieron caso. Lo que pasa ahora es que esto es parcial, unilateral e insuficiente. El sistema necesita 10.000 millones de euros más en 2014 y esto solo supone un 10% de lo necesario”.

Además de la falta de información, a la patronal tampoco le gustan las consecuencias inmediatas, es decir, la subida de las cotizaciones. “Esto, cuando se está viendo cierta recuperación y cuando todos esperamos que llegue a la contratación, no es buena”, analiza el presidente de Cepyme, Jesús Terciado.

Donde peor han caído los cambios en la cotización es entre los gestores de fondos de pensiones privados, que calculan que encarece su producto de la noche a la mañana en un tercio. Fuentes del sector lamentan que desde el Ejecutivo se lancen mensajes contradictorios. Por un lado, esperan que el Ministerio de Economía publique a corto plazo un documento con propuestas para incentivar el ahorro para la jubilación. Mientras, por otro, Empleo impone altos gravámenes adicionales.