Un pacto entre Repsol e YPF cerraría los múltiples frentes judiciales abiertos
El preacuerdo de Buenos Aires entre las petroleras exige desistir de la pelea en los tribunales
Horas después de que el Gobierno de Cristina Fernández expropiara el 51% de YPF, Repsol anunciaba su guerra judicial, que, en principio, se presumía muy larga. 19 meses después los frentes y las trincheras se extienden por Estados Unidos, Argentina, España y en organismos internacionales. Ahora, si finalmente se ratifica por todos el principio de acuerdo alcanzado anoche en Buenos Aires, tendrá que comenzar el repliegue, como anunciaba el comunicado del Gobierno argentino: "Ambas partes desistirán de las acciones legales en curso".
El pleito más importante por el conflicto de YPF es el que se iba a librar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial ante el que Repsol ha demandado a Argentina. El país latinoamericano es un viejo conocido en este organismo, es el estado que más demandas en contra acumula. Hasta el pasado octubre, Argentina todavía no había abonado ningún fallo, pero el mes pasado el Gobierno de Fernández acordó pagar a cinco empresas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido 500 millones de dólares (370 millones de euros) por conflictos que comenzaron entre 1998 y 2002.
La demanda de Repsol ante el CIADI se formalizó oficialmente en diciembre del año pasado, pero siete meses antes la petrolera española ya había acudido a los tribunales neoyorquinos. Ante los jueces de Wall Street la demanda consistió en que las autoridades argentinas no habían lanzado una oferta pública de adquisición de acciones para hacerse con el control de YPF.
Quince días después se abrió el frente argentino. Ante los tribunales de Buenos Aires, la empresa española reclamó por la inconstitucionalidad de la decisión de Cristina Fernández. En este caso, la demanda de inconstitucionalidad es doble: por la expropiación de YPF S. A. y por la de YPF Gas, según explica la memoria anual de la empresa española.
El campo de batalla judicial también ha llegado a España, donde Repsol ha demandado a su antigua filial por competencia desleal. En este caso, la firma española pleitea por la decisión de YPF de otorgar derechos sobre la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, causa inicial del conflicto, a otras compañías.
La decisión de otras petroleras de aliarse con YPF para explotar el yacimiento de la discordia llevó a Repsol a presentar demandas contra la estadounidense Chevron, en EE UU, y la argentina Bridas, en España.
Ante esta lluvia de querellas, tampoco Argentina ha permanecido pasiva. Este mismo mes la Comisión Nacional de Valores ha abierto un sumario contra dos directivos de Repsol, Luis García del Río y Carlos Tombeur, por conflicto de intereses.
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