Tomados por la troika

Antes de que el Gobierno español solicitara formalmente asistencia financiera para recapitalizar el sistema bancario, las autoridades españolas ya habían recibido instrucciones propias de una economía intervenida. La aplicación de políticas basadas en la aplicación de la austeridad a ultranza se inició aquel primer fin de semana de mayo de 2010 que ya tiene su lugar en la historia reciente de la economía europea y española. La crisis de la deuda pública griega extendió a las economías consideradas periféricas un recetario similar, basado en la aplicación de austeridad fiscal a ultranza, cuyos resultados han sido adversos. Se acentuó la recesión y no se consiguió reducir suficientemente el déficit público ni el crecimiento de la deuda pública.

El deterioro del sistema bancario fue el que provocó el desembarco de representantes de las tres instituciones multilaterales que constituyen la denominada troika (Fondo Monetario Internacional, BCE y Comisión Europea) en la economía española, de la mano de la concesión de una línea de asistencia financiera, constitutiva del particular rescate sectorial en España. Desde entonces, las autoridades españolas disponen de una hoja de ruta bien detallada, el Memorandum of Understanding(MoU), que limita la discrecionalidad en la toma de decisiones en materia de política financiera y obliga a adoptar otras en relación con el sistema bancario. A cambio, el Gobierno español ha dispuesto de 43.000 millones de euros de aquella línea de 100.000 millones en condiciones de coste favorable, cuyo vencimiento es en enero.

Las consecuencias políticas de esa pérdida de independencia formal, la estricta sujeción a lo que manden esos hombres de negro o los de gris marengo instalados en los centros de decisión españoles, es lo que parece llevar a las autoridades españolas a no prorrogar esa línea de asistencia financiera, en el convencimiento de que la banca ya no precisará de capital adicional. Es una decisión delicada. Con el propio cuadro macroeconómico que el Gobierno asume en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, la mejora de las empresas bancarias no está garantizada. Elevada deuda de familias y empresas, morosidad ascendente, descenso de la renta disponible y regulaciones adicionales son elementos que pesarán sobre los bancos. Si los mercados no las satisfacen, habrán de ser fondos públicos los que cubran las exigencias de capitalización. Y aun cuando los tipos a que se financia el Tesoro español sigan bajando, estos serán superiores a los que giran sobre la línea de crédito pendiente.

En todo caso, y con independencia de que la troika siga inspeccionando formalmente cada una de las decisiones públicas, el margen de maniobra del Gobierno seguirá siendo muy reducido, cercano al de una economía intervenida. Por eso, renunciar prematuramente al apoyo financiero barato en aras de exhibir políticamente la desaparición del rescate bancario no es una decisión simple. Como no lo es considerar como el principal éxito de la política económica el hecho de que el conjunto de la economía española no haya precisado un rescate completo, como el que han obtenido Grecia, Irlanda, Portugal o Chipre. Con una deuda pública prevista equivalente al tamaño del PIB, no es poco relevante reducir el coste de intereses. Y eso tampoco depende del Gobierno.