El Estado tarda 58 días en pagar a sus proveedores, más de lo fijado en la Ley

La Administración General del Estado (AGE) se contradijo a sí misma en el primer trimestre de 2013. Esta tardó una media de 58 días en pagar a sus proveedores, superando así el plazo máximo de 30 días fijado por la Ley de Morosidad. Una conclusión que se desprende de los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda, donde se recalca que el plazo de pago alcanzado en los primeros tres meses del año también se situó por encima del contabilizado en todo 2012, cuando se cifró en una media de 47,5 días —año en el que la AGE disponía de un máximo de 40 jornadas para efectuar el abono correspondiente—.

Aún así, en esta tendencia negativa se coló un dato positivo. En el primer trimestre de 2013, la administración pagó antes que en el cuarto de 2012, cuando los proveedores tardaron en cobrar una media de 60 días.

La normativa contempla un plazo máximo de 30 días para abonar las operaciones de las administraciones públicas de gastos corrientes en bienes y servicios. Por su parte, en el caso de pagos a compañías constructoras de obra civil con contrato en vigor, este periodo se eleva a 60 días, el mismo previsto en la ley para las operaciones entre empresas privadas. A este respecto, de acuerdo con el último informe trimestral de Hacienda, el tiempo que tardó de media la AGE en pagar las inversiones fue de 38 días.

Faltan datos bancarios

Un total de 1.251 millones de operaciones, valoradas en 48,2 millones de euros, se encontraban pendientes de pago al cierre de marzo de 2013, con una tardanza de abono de 42 días. De todas ellas, 219 excedieron el periodo legal de pago en un plazo medio de 53 días. El importe de estas últimas ascendió a 8,7 millones e incluyó 150 operaciones —con un coste de 7,6 millones— que estaban pagadas a 21 de mayo.

Pero quedaron otras 69, valoradas en 1,1 millones. Hacienda ha explicado este jueves que la mayoría de estas operaciones se encuentra en esta situación debido a la falta de datos bancarios e incidencias, como embargos y compensaciones tributarias.

El informe publicado este jueves recoge solo la morosidad de la administración central, por lo que no incluye ni a la autonómica ni a la local. En estas entidades la demora media en los pagos es mayor, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

Por carteras, el Ministerio del Interior fue el que más tardó de media en pagar (88 días), seguido de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (50) y Fomento (45). Por su parte, Asuntos Exteriores (15) y Presidencia (13) representaron la otra cara de la moneda.