Ayudas a la banca y coste para el contribuyente

En los casi seis años de crisis que llevamos, los Gobiernos de un buen número de países han tenido que destinar ingentes cantidades de dinero público a rescatar a sus bancos, lo que sin duda afecta al bolsillo del contribuyente. En algunos países, salvar a la banca ha supuesto que sus Gobiernos se han endeudado hasta las cejas, obligándoles a ellos y, por extensión, a los ciudadanos, a aceptar las duras condiciones que acompañan a un rescate.

En Europa, la Comisión Europea facilita datos del montante de las ayudas públicas a la banca, así como las distintas modalidades. Además, ofrece información de la parte de las ayudas públicas que se dan por perdidas, lo que supone que incrementa el déficit público del país que las otorga.

Los datos disponibles para el periodo 2007-2012 muestran que la crisis ha impactado de diferente forma en los distintos países de la UE, por lo que el importe de las ayudas públicas y su repercusión en el déficit público también difieren ampliamente entre países. Así, en el caso de las inyecciones públicas de capital, y considerando el importe acumulado en todo el periodo de crisis, el rango de variación va desde un valor máximo del 28,2% del PIB en Irlanda (cuyo sector bancario quebró y el Gobierno decidió asumir toda su deuda) hasta un mínimo del 0,2% en Suecia, si bien hay que tener en cuenta que en varios países de la UE su importe es cero. Son de destacar como porcentaje del PIB, al margen de Irlanda, las inyecciones públicas de capital en Grecia (18,4 %), Portugal (11,1%), Alemania (10,8%) y Reino Unido (7,4%).

El grueso del dinero a recuperar corresponde a los tres bancos nacionalizados

¿Y qué hay de España? Los datos computan un total de 54.170 millones de euros, cifra que incluye las ayudas iniciales del FROB y las procedentes posteriormente del rescate europeo. Ese montante acumulado equivale al 5,2% del PIB en 2012.

En el caso de la repercusión de las ayudas sobre el déficit público, obviamente, la cifra más elevada es la de Irlanda, cuyo importe acumulado equivale al 24,5% del PIB de 2012. Y la segunda en importancia, aunque a mucha distancia, es la de España, ya que la Comisión Europea da por perdidos 39.637 millones de euros, equivalentes al 3,8% del PIB en 2012. La cifra es mayor en el caso de la inyección de capital que se considera déficit, aunque el neto es menor al descontar ingresos que el Estado obtiene por otras ayudas concedidas, como comisiones por los avales destinados a la emisión de deuda bancaria o los intereses por préstamos concedidos. De los 43.479 millones de euros de inyección de capital que se consideran pérdidas, 18.302 corresponden a BFA-Bankia; 11.126, a CatalunyaCaixa; 7.601, a NovaGalicia; 5.498, al Banco de Valencia, y 953, a Unnim. En este último caso, la pérdida la asumió la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), por lo que su inclusión en el déficit público se debe a que el FGD ha pasado a ser considerado parte del Estado desde 2012.

Del 3,8% del PIB de repercusión de las ayudas bancarias al déficit público español, 3,6 puntos porcentuales corresponden a 2012, que es lo que la Comisión añadió al déficit público hasta llegar al 10,6% con las ayudas a la banca. La cifra hubiera sido aún mayor si una parte de las pérdidas no las hubieran asumido los titulares de híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada), esos productos tan denostados por miles de personas que han visto perder una parte muy importante de sus ahorros.

Si bien las inyecciones públicas de capital en la banca española no son excesivas en comparación con otros países europeos, ya que se sitúan en torno a la media y por debajo de países como Irlanda, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Reino Unido, etcétera, su repercusión en el déficit público es muy superior, lo que implica que suponen un mayor coste para el contribuyente al darse por perdidas. Así, con la excepción de Irlanda, en el resto de países, el impacto de las ayudas en el déficit público es inferior. En Alemania, por ejemplo, a pesar de la enorme cuantía del capital público inyectado a sus bancos (10,8% de su PIB), la Comisión solo da por perdido el 1,6% del PIB.

Recuperar todas las ayudas me temo que será

Solo el tiempo dirá qué parte de las ayudas pueden recuperarse, y de eso dependerá sobre todo el devenir futuro de la economía española. El grueso de las ayudas a recuperar corresponde a los tres bancos nacionalizados en manos del FROB (BFA-Bankia, CatalunyaCaixa y NovaGalicia), en los que el Estado tiene de plazo cinco años para venderlos. Si entonces, por fin, hemos entrado en la tan deseada senda de la recuperación, en ese caso será más probable que se pueda recuperar un mayor porcentaje de las ayudas públicas. Pero con las duras condiciones que les ha impuesto el MoU y con un negocio a la baja fruto del proceso de desapalancamiento que tiene que realizar la economía española y del incierto cuadro macroeconómico, recuperar todas las ayudas me temo que será misión imposible.

Desgraciadamente, la historia no termina aquí, ya que, además de las ayudas públicas en forma de inyección de capital, los Estados asumen lo que se conoce como pasivos contingentes, como la concesión de avales a la emisión de deuda bancaria. Este es el caso de la deuda con la que el banco malo (Sareb) ha pagado a los bancos los activos transferidos por un importe de, aproximadamente, 50.000 millones de euros y que ha sido avalada por el Estado. El total de estos pasivos contingentes asciende en España en 2012 a 105.000 millones de euros, cifra que incluye, además de la deuda de la Sareb, la deuda bancaria avalada por el Estado. La Sareb tiene un plazo de 15 años para vender todos sus activos, por lo que confiemos en que en ese plazo sea capaz de recuperar toda esa deuda, ya que, de lo contrario, la pérdida acabaría recayendo en el bolsillo de los contribuyentes, engrosando el déficit público.

Lo que está claro es que las crisis bancarias sí afectan, y mucho, al bolsillo de los contribuyentes, y que al menos este año lo seguirán haciendo en España. Lo que ya es seguro es que al déficit público de 2013 habrá que incorporar los 245 millones de euros que se dan por perdidos en el rescate del Banco Gallego y los 525 millones de euros en participaciones preferentes que suscribió el FROB del Banco CEISS.

Joaquin Maudos es catedrático de Análisis Económico, investigador del Ivie y colaborador del CUNEF