España se queda sola al reclamar protección para todos los depósitos

El estado de excepción que supone una Gran Crisis es una fuente inagotable de problemas: paro, recesión, mortalidad empresarial, agujeros bancarios, esas cosas. Pero a la vez el riesgo obliga a actuar, es un acicate que libera a la política, que permite opciones que antes podían parecer descabelladas. Europa ha puesto sobre la mesa varias pequeñas revoluciones para reparar las grietas del euro: el impuesto sobre las transacciones financieras, la unión bancaria, la posibilidad de que los contribuyentes dejen de rascarse el bolsillo cada vez que haya una crisis financiera, la lucha contra los paraísos fiscales. Pero ninguno de esos proyectos acaba de fructificar: los ministros de Economía de los Veintisiete, reunidos en Bruselas, apenas han progresado ni en el calendario de la unión bancaria ni en el diseño del mecanismo de resolución de entidades financieras. Ni siquiera en la lucha contra la evasión fiscal.

El Banco Central se alinea con las tesis de España, Francia y la Comisión en la unión bancaria

Europa avanza a trompicones, con ese adagio del demasiado poco, demasiado tarde que ha caracterizado toda la gestión de la crisis. Y esta vez no es diferente: el Banco Central Europeo (BCE) se enfrentó el martes a Berlín y reclamó que todas las piezas de la unión bancaria (“el instrumento fundamental para paliar los defectos de construcción que el euro ha mostrado hasta ahora”, en palabras del español Luis de Guindos) empiecen a funcionar en 2014. El BCE se alinea así con las tesis de Francia, España y la Comisión Europea. “La unión bancaria es una precondición para superar la actual fragmentación de los mercados financieros europeos, para que los bancos vuelvan a dar crédito”, dijo el consejero alemán del BCE Jörg Asmussen.

El problema es que Berlín considera que ese calendario es demasiado ambicioso y que, a la postre, será necesario un cambio de tratado que retrasa todo el proceso. Asmussen dejó claro que esa no es la visión del BCE: “Queremos un régimen europeo único de liquidación de bancos, junto con una autoridad de resolución de entidades y un fondo financiado por el sector para 2014”, dijo Asmussen. Fuentes alemanas subrayaron que esa fecha es inalcanzable. Y puede que Berlín tenga razón. Porque los Veintisiete no se ponen de acuerdo en casi nada: el Ecofin acercó posturas sobre la directiva de resolución de bancos, pero no lo suficiente como para mostrar un solo acuerdo. Solo una cosa está clara: cada vez que un banco tenga que reestructurarse o cerrarse, pagarán primero sus accionistas, después los poseedores de deuda de peor calidad y seguidamente la deuda de máxima calidad. Y por último los depósitos de más de 100.000 euros, según el consenso que va emergiendo y que ya se aplicó en Chipre hace unas semanas. Eso se hará a partir de 2018, o incluso antes, desde 2015 si prospera la ambición de Alemania, que en ese punto sí quiere acelerar al máximo. Por ahora, una amplia mayoría de países se decanta por respetar los plazos, para permitir que los países con problemas —España— pongan en orden su sistema financiero sin sobresaltos.

Europa se mueve en aras de favorecer a los depósitos no asegurados (de más de 100.000 euros) con respecto a los tenedores de deuda, una postura defendida, por ejemplo, por Alemania y España. Guindos, sin embargo, se quedó solo al reclamar que ningún tipo de depósito (ni los de más de 100.000 euros ni los inferiores a esa cantidad) reciba castigo en caso de reestructuración. Otros países, como Reino Unido, alegan que el trato preferencial de los depósitos puede ser contraproducente. Lo único seguro por el momento es que los depósitos asegurados (inferiores a 100.000 euros) no sufrirán pérdidas en ningún caso, ante los riesgos detectados tras el primer rescate a Chipre.

Ni siquiera en otros ámbitos menos embarullados que el financiero es fácil llegar a puerto. La lucha contra la evasión fiscal se impone en el debate comunitario, pero tampoco tanto como para vencer las resistencias de algunos países miembros: pese a la carestía de las arcas públicas, los ministros no lograron sacar adelante el proyecto para intercambiar automáticamente toda la información relativa a las cuentas bancarias de los contribuyentes. Austria y Luxemburgo siguen bloqueando esa posibilidad. “Ha sido una gran decepción que la directiva del ahorro no haya prosperado”, aseguró con inusual franqueza el comisario de fiscalidad, Algirdas Semeta. Apenas hubo avances con terceros países: los Veintisiete dieron a la Comisión el mandato para negociar esos intercambios automáticos de información para varios territorios opacos. Suiza, San Marino, Andorra, Liechtenstein y Mónaco deberán pactar con Bruselas, que por ahora es incapaz de acabar de poner orden en casa.