Las cajas no tendrán un plazo determinado para salir de los bancos

El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno este viernes al anteproyecto de ley para la reforma de las cajas de ahorros, que ahora será remitido al Consejo de Estado. Según ha resumido el ministro de Economía, Luis de Guindos, la iniciativa supone "devolver a los orígenes" el modelo de estas entidades con la imposición de límites con vistas a evitar los abusos del pasado. Además, ha confirmado que "no hay fecha" para que reduzcan sus posiciones de control, lo que afecta fundamentalmente a La Caixa, Kutxabank y Unicaja.

La reforma pone en marcha un nuevo marco jurídico para clarificar el papel de las cajas como accionistas de bancos, donde pierden poder, y el reforzamiento de las normas de buen gobierno. También, endurece los requisitos de incompatibilidad, tanto en las cajas como en los bancos controlados por ellas tras los desmanes de los partidos en la dirección de estas entidades.

Con la reforma, el Gobierno cumple otra de las condiciones de la troika previstas en el rescate financiero. La nueva legislación, tal y como adelantó esta semana EL PAÍS, tiene como "objetivo avanzar en el proceso de saneamiento y recapitalización del sector financiero, como base imprescindible para la vuelta al crecimiento económico y la creación de empleo", defiende Economía.

"El Anteproyecto de Ley supone una vuelta a los límites originales de estas instituciones en lo referido a su actividad financiera, que se centrará en el tramo minorista y en su ámbito territorial de actuación", ha declarado Guindos. Si se exceden dichos límites, ha explicado, las cajas han de traspasar su actividad financiera a un banco que será participado por una fundación bancaria.

El anteproyecto establece límites sobre su actividad, que se deberá restringir a los clientes minoristas y las pequeñas y medianas empresas. También se ven sometidas a unos topes territoriales, ya que su ámbito de actuación no podrá exceder el de una autonomía o de diez provincias limítrofes. Junto a ello, la reforma establece que las cajas no podrán tener activos por más de 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad en la que operen.