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El empleo público baja a niveles de 2005 tras perder 71.400 puestos de trabajo más

Las comunidades concentran la destrucción de empleo en el último año, con un 10% menos La reforma laboral y los recortes presupuestarios aceleran el ajuste en las Administraciones El empleo solo crece en las empresas públicas, con 11.000 ocupados más que en 2012

Alejandro Bolaños
Protesta en Madrid contra los recortes en Sanidad
Protesta en Madrid contra los recortes en SanidadClaudio Alvarez (EL PAÍS)

En el sector público no hay ningún atisbo de mejora en el empleo. Ni el Gobierno, que facilitó en la reforma laboral los expedientes de regulación de empleo para despedir al personal laboral de las Administraciones, lo pretende. El análisis del Ejecutivo partía de la premisa de que las deterioradas cuentas públicas no podían sostener a 3,2 millones de empleados públicos y se aplicó a la tarea de facilitar el recorte de plantillas. Los datos del primer trimestre de 2013 certifican que el ajuste continúa a un ritmo intenso: el sector público perdió 71.400 puestos de trabajo, y emplea ahora a menos de 2,85 millones de personas. Es la plantilla más corta desde principios de 2005.

En la comparación con el mismo periodo de 2012, el empleo público retrocede en casi 260.000 puestos de trabajo, un 8,3% menos. Es la mayor caída en tasa anual de la serie estadística, fiel reflejo de los efectos del combinado de ajustes presupuestarios, recesión y reforma laboral, norma que se aprobó precisamente entonces. Y, de nuevo, es una caída mayor que la que del sector privado (3,7% menos). Es en esta tasa anual, que muestra el menor retroceso desde finales de 2011, en la que se fija el Gobierno para alentar la idea de que la recuperación está próxima.

Los datos laborales permiten también corroborar que buena parte de los recortes presupuestarios se concentran ahora en las comunidades autónomas, el nivel de la administración que más personas emplea, al gestionar sanidad y educación. Por eso mismo, es también el que contrata más personal interino, sobre el que recae la mayoría de despidos.

En un año, las comunidades se han dejado casi un 10% de sus plantillas, y emplean ya a menos de 1,6 millones de trabajadores, el mismo nivel de empleo con el que iniciaron la crisis, en 2008. A diferencia del resto de administraciones, el nivel de ocupación aumentó durante la Gran Recesión, y solo a finales de 2011, con la segunda recesión encima y un notable desfase presupuestario, empezaron a destruir empleo, aunque a un ritmo acelerado.

En el primer trimestre, las comunidades concentraron otra vez más de la mitad de los empleos perdidos (40.800), mientras la Administración central descontaba 12.400 y los Ayuntamientos se dejaban otros 16.000 puestos de trabajo. En el caso de las corporaciones locales, el ajuste acumulado es muy intenso, con niveles de empleo (560.000 ocupados) similares a los de hace una década. 

Hay, sin embargo, un área del sector público que, a contracorriente, sí crea empleo: tras tres trimestres consecutivos de creación de empleo, las empresas públicas tienen ahora 11.600 empleados más que a principios de 2012, hasta rozar otra vez los 160.000 puestos de trabajo. Lo llamativo es que, a principios de 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció una nueva reducción de las empresas públicas. Y lo mismo se recoge en los planes autonómicos que bendice Hacienda. Una reorganización que, a tenor de los datos de la Encuesta de Población Activa, no reduce el empleo, sino que lo incentiva. Justo lo contrario de lo que se anunció.

CSI-F denuncia el "despido encubierto" de funcionarios

El sindicato de funcionarios CSI-F, ha atribuido la destrucción de empleo público a la amortización de plazas y al "despido encubierto" de miles de interinos, sobre todo en la sanidad y la educación. En su opinión, existe un "plan premeditado" para cambiar el modelo de la administración, "dejándola caer y externalizando los servicios estructurales a la empresa privada". También ha denunciado la "caza de brujas" que han sufrido los trabajadores públicos con el recorte de sus condiciones y "una injusta campaña de desprestigio".

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