Argentina busca alivio energético

Se busca alguien dispuesto a desembolsar 5.685 millones de euros (o bien 7.440 millones de dólares) entre 2013 y 2017 en el yacimiento de gas no convencional de Vaca Muerta, situado en la provincia argentina de Neuquén. A cambio, el inversor obtendrá durante varias décadas cuantiosos beneficios procedentes de la tercera mayor reserva mundial de gas no convencional, también llamado gas de esquisto. Cualquier interesado, diríjase a la Casa Rosada, palacio presidencial del Gobierno argentino.

Las condiciones del acuerdo parecen inmejorables. Y eso fue lo que el Ejecutivo argentino ha venido ofreciendo después de que expropiara a Repsol –“confiscara”, diría la empresa española- el 51% de sus acciones en YPF.

El 16 de abril se cumplirá un año desde aquel lunes por la mañana en que el Gobierno obligó a varios directivos españoles a salir de la sede porteña de YPF en cuestión de horas. La mayoría de los argentinos apoyó en las encuestas la expropiación. Y casi toda la oposición votó a favor. YPF era algo más que la mayor empresa del país. Desde sus inicios en 1922 se había ido impregnando de una carga sentimental, emblemática y nacionalista. El Gobierno recordó que Argentina dejaría de ser el único país de Latinoamérica que carecía de una empresa estatal para explotar sus recursos petroleros. Ahora, sólo quedaba explotar el gran tesoro de Vaca Muerta. Si Repsol tenía casi garantizada la inversión de varios socios internacionales, ¿por qué no iba conseguir el Gobierno atraer capital extranjero?

El Ejecutivo contrató en mayo los servicios del argentino Miguel Galuccio como nuevo gerente. Y Galuccio presentó en agosto un plan estratégico que contempla conseguir el pleno rendimiento de Vaca Muerta en sólo cinco años con una inversión –y aquí está el problema- de 37.200 millones de dólares. El 70% de ese dinero se financiaría con la caja de YPF, el 18% con emisiones de deuda y el 12% con capital extranjero, o sea, con los 7.440 millones de dólares citados. Si Galuccio alcanzara su objetivo –y aún no ha renunciado a él- conseguiría revertir el déficit energético que padece su país, la gran losa de los 10.000 millones de dólares que cada año se van en importar energía. Solucionaría uno de los grandes males que padece Argentina. El otro sería la inflación.

-Es claro que el conflicto con Repsol va a incidir en la decisión de algunos inversores –reconoció aquel 30 de agosto Miguel Galuccio-. Va a pesar en ciertos casos y en otros no tendrá ningún impacto. (…) Con el tiempo esos temores van a desaparecer.

Cuatro meses antes, el antiguo ministro de Economía argentino Roberto Lavagna (2002-2005) vino a darle la razón a Galuccio cuando auguró en este periódico que los inversores terminarían llegando a Vaca Muerta:

-¿No cree que la expropiación haya podido influir en el ánimo de potenciales inversores?

-No se engañe: si mañana hubiera condiciones de seguridad, van a venir las compañías americanas que ayer a la tarde festejaban la situación de Repsol. Pero, claro, le van a tener que dar una política energética distinta, con tarifas distintas, con precios de petróleo y de gas en boca de pozo distinto, y le van a tener que dar mayor seguridad jurídica o una tasa de rentabilidad muy alta. No se olvide de que los petroleros están acostumbrados a operar en países muy complicados donde trabajan con tasas de rentabilidad altísima. Pero no es que nadie va a venir.

Hay mucha gente frotándose las manos con los ojos puestos en Vaca Muerta. El siglo XXI puede ser para el gas no convencional lo que el XX para el petróleo. Hay todo un maná por explotar no exento, eso sí, de graves inconvenientes ecológicos. Pero no son los escrúpulos medioambientales los que suelen detener a los grandes inversores petroleros. Así que un mes después de que Galuccio presentara su plan estratégico, Juan María Garoby, director de recursos no convencionales de YPF, declaró en Houston que antes del primer trimestre de 2013, Argentina tendría un socio inversor para desarrollar los yacimientos de Vaca Muerta.

El primer trimestre ya pasó y ese inversor no ha llegado. YPF ha firmado preacuerdos con la multinacional Chevron , con la argentina Bridas y con el gigante petroquímico estadounidense Dow. Pero ninguna de ellas ha comenzado a poner dólares encima de la mesa. La foto de Galuccio en la sede de YPF junto a Cristina Fernández y el presidente de una gran petrolera aún no se ha visto.

“No hay nada claro en el futuro de YPF”, señala Daniel Montamat, expresidente de YPF entre 1987 y 1989 y exsecretario de Energía (1999-2000). “Todos los inversores están en el `sí que me interesa pero…’ El problema, más que de actores, es de guión de película. En este país hay una intervención por parte del Gobierno en todo lo que afecta a precios y costos del sector energético. Siguen cayendo los resultados de YPF y la producción de gas, pero ésas son cuestiones accesorias. Lo grave es que se mantiene la misma política intervencionista. El Gobierno vendió muchas expectativas cuando expropió. Y hoy tiene una complicación respecto al año pasado: ahora no está Repsol como chivo expiatorio al que pedirle cuentas”.

En Argentina no se hablar nunca del precio que el Estado deberá pagar tarde o temprano a Repsol. La actualidad es acuciante y eso parece quedar demasiado lejos. Pero la compañía continúa exigiendo al Gobierno 10.500 millones de dólares por la “confiscación” de sus bienes. El órgano ante el cual se dirime el litigio es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Cada una de las partes ha elegido ya a un árbitro y los árbitros designarán a un tercero para que actúe como presidente del tribunal. El juicio puede prolongarse varios años. A Repsol no le conviene alargarlo y a YPF tampoco, porque las denuncias ahuyentan a los inversores. De momento, Repsol ha demandado ya a Chevron en juzgados de Madrid y Nueva York. Y está dispuesta a seguir denunciando cualquier acuerdo que se firme con “representantes ilegítimos de YPF”.

Con el fin de alcanzar el acuerdo, Cristina Fernández invitó a la Casa Rosada el lunes 25 de febrero a Isidro Fainé, presidente de Caixabank, empresa mayoritaria en el accionariado de Repsol. Fainé escuchó la oferta y regresó a España el mismo día. Esa misma semana, desde YPF se aseguró a distintos medios que el acuerdo era inminente, que lo único que podría impedirlo era la negativa de Antonio Brufau, presidente de Repsol. La oferta consistía básicamente en ofrecerle a Repsol el pago de unos 6.000 millones de dólares y participaciones en la explotación de una parte de Vaca Muerta, con la condición de que Repsol retirase todas sus demandas e invirtiera lo cobrado en el país. La cúpula de Repsol se negó a suscribir tal acuerdo y se quedó con la idea de que el Gobierno debía estar muy desesperado para filtrar un supuesto entendimiento que resultó abocado al fracaso.

La idea de que el Gobierno da manotazos de desesperado y su economía está al borde del precipicio es muy recurrente entre los más críticos. Y siempre hay datos a mano para aquellos que la esgrimen: el dólar, la moneda con la que muchos argentinos ahorran, cuesta oficialmente unos cinco pesos, pero en el mercado paralelo ya ha superado la barrera de los ocho. El Producto Interior Bruto en 2011 creció un 8,9%, pero en 12 meses cayó, cayó y cayó hasta registrar un crecimiento de sólo el 2%. El pasado febrero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió su primera declaración de censura contra un país por manipular sus estadísticas. Y el país era Argentina. La inflación oficial ronda el 10% y la extraoficial el 25%. Y es sobre esta última la que se negocian los convenios salariales. El FMI puso como fecha límite el 29 de septiembre para que arregle la falta de precisión de sus indicadores.

Para no tener que endeudarse en los mercados internacionales, donde las tasas de interés serían altísimas para Argentina, el Gobierno necesita mantener un superávit comercial de unos 10.000 millones de dólares, equivalente al déficit energético. Hay hambre de dólares y esa necesidad llevó al Gobierno a imponer en el último año restricciones cambiarias que afectan tanto a las empresas como a los ciudadanos. Las compañías extranjeras no pueden enviar sus beneficios a sus casas matrices en el país de origen y tienen restringida su capacidad de compra de divisas para pagar importaciones. Los ciudadanos han visto cercenado su acceso a los dólares oficiales para ahorrar o comprar inmuebles, algo hasta ahora habitual en la clase media. Y también se ha restringido la compra de divisas para viajar al exterior.

Las noticias que presagian un futuro aciago no cesan: el Gobierno consiguió recuperar la fragata escuela Libertad, después de dos meses retenida en Ghana, pero hay varios fondos de inversión –buitres, según el Gobierno argentino- que siguen reclamando en los tribunales una cifra parecida a la que exige Repsol por YPF: 11.000 millones de dólares (8.600 millones de euros). Para evitar más confiscaciones como la de la fragata, Cristina Fernández tuvo que dejar en Marruecos el avión presidencial argentino, el Tango 01, y después alquilar otro privado para acudir al nombramiento del papa Francisco en Roma.

Más datos agoreros: Las compras de combustibles en el exterior crecieron un 52% en los primeros dos meses de 2013 respecto al mismo periodo de 2012, según Daniel Montamat. Y a eso hay que añadir que, a causa de las inundaciones que se registraron en La Plata la semana pasada, se incendió una planta de la mayor refinería de YPF, con lo que obligará a la empresa a importar un 6% más de combustible. O sea, a pagar unos mil millones de dólares más, según Montamat.

Y otro dato para alimento de catastrofistas: la brasileña Vale, la segunda minera mayor del mundo, abandonó el pasado marzo lo que se consideraba el mayor emprendimiento del país, la explotación de una mina de potasio en la provincia de Mendoza, con unas inversiones previstas de 6.000 millones de dólares. Vale solicitó del Estado un aporte de 3.000 millones de dólares en los próximos dos años para compensar los aumentos de costes debido a la inflación y los desajustes en el tipo de cambio oficial, según publicó La Nación. Como el Gobierno se negó a dárselos, Vale abandonó el proyecto y dejó sin empleo a más de 4.000 personas.

La inflación sigue marcando el presente y el futuro del país, aunque la presidenta se resiste a mencionarla. El pasado 1 de marzo, durante el discurso de apertura del año legislativo, Fernández habló en el Congreso a lo largo de tres horas y cuarenta minutos. Desgranó los logros de su Gobierno, mencionó 25 veces la palabra crecimiento y en 22 ocasiones desarrollo. En total, pronunció 25.907 palabras. Y ninguna de ellas fue inflación. Pero el fantasma sigue ahí. El Gobierno intenta combatirlo a su manera. Y su manera es la del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, mucho más influyente que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

A principios de febrero Moreno reunió en su despacho a los principales empresarios de supermercados y les arrancó el compromiso de que congelarían los precios durante dos meses, hasta el 1 de abril. La decisión afectó también a las principales cadenas de electrodomésticos. Varios líderes sindicales vieron en la medida una maniobra burda para frenar la inflación en el periodo en que se negocian los convenios, para evitar incrementos del 25% en los salarios. Advirtieron que el 1 de abril los precios volverían a subir como si brotaran de una olla a presión. Pero el 1 de abril llegó y lo que sucedió es que Moreno consiguió que los supermercados prolongaran el acuerdo otros dos meses.

Moreno fue también el que, sin aviso previo, impulsó el pasado miércoles un tope máximo en el precio de los combustibles que regirá durante los próximos meses. Es decir, hasta octubre, cuando se celebrarán unas elecciones legislativas cuyo resultado será clave para determinar el futuro político de Cristina Fernández.

De paso, Moreno consiguió un efecto demoledor sobre los principales enemigos mediáticos del Gobierno. Los diarios Clarín y La Nación y el bisemanario Perfil, han denunciado que bajo la excusa del congelamiento de precios Moreno obligó a las cadenas de supermercado a retirar su publicidad, con lo cual han perdido en apenas dos meses más de un 15% de sus ingresos publicitarios.

“Hay coacción hacia los empresarios para que no se anuncien en nuestras páginas”, señala Héctor D’Amico, director de La Nación. “En este país ya hubo congelamiento de precios en el pasado, pero nunca se frenó la publicidad. Las empresas dependen de la importación y la exportación. Y en las dos puertas está Guillermo Moreno. La libertad de prensa es un gran valor, pero ningún empresario quiere arriesgar su capital por defenderla. Y mientras tanto, el Gobierno impone su visión de la realidad. La inflación no la mencionan. Y sobre el incendio de la refinería de La Plata apenas dijeron nada. Si YPF hubiera estado en manos de Repsol, todo el Gobierno se habría lanzado a pedir explicaciones sobre cómo no se tomaron medidas para evitar ese incendio”.

Los dueños de los diarios más críticos denuncian asfixia publicitaria, los sindicatos reclaman aumentos salariales del 25%, los fondos acreedores acechan el avión de la presidenta, el déficit energético estrangula la economía, las empresas extranjeras no pueden girar sus beneficios al exterior, la mayor minera brasileña abandona su gran proyecto en el país… Pero todo parece controlado, al menos hasta octubre. Y mientras tanto, quién sabe si no llegará alguien dispuesto a invertir en Vaca Muerta. El filón sigue tentando a los inversores. Pero la letra pequeña del contrato está por escribir.