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OPINIÓN

Democracia de baja intensidad

La decisión del Constitucional portugués es uno de los pequeños actos de rebeldía de los países contra las decisiones de Bruselas

La decisión del Tribunal Constitucional portugués de declarar inconstitucional parte del paquete de recortes que había aplicado el Gobierno luso (la retirada de la paga extraordinaria de verano de funcionarios y pensionistas, y la rebaja del seguro de desempleo y de enfermedad), por violación del principio de igualdad a la hora de afrontar sacrificios, es una más de las pequeñas rebeliones, casi todas ellas de distinta naturaleza, que se están adoptando a nivel nacional contra las medidas que llegan de Bruselas, todas en el mismo sentido.

Hace pocas semanas fue el Parlamento chipriota el que se manifestó mayoritariamente en contra respecto la primera modalidad de corralito y confiscación de depósitos que había adoptado el Eurogrupo. Casi un año antes, el Constitucional portugués decidió en términos muy parecidos a los de ahora —por razones también de equidad— contra la retirada de las pagas de Navidad y verano a pensionistas y funcionarios. El primer ministro griego Papandreu quiso, pero no pudo, hacer un referéndum entre su ciudadanía sobre los sacrificios que había de afrontar, y fue sustituido por el tecnócrata Papademos. Antes de la crisis, los ciudadanos irlandeses, franceses y holandeses dijeron “no” a la primera modalidad de Tratado de Lisboa, y para ponerlo en funcionamiento hubo de cambiarse la letra o dejar pasar el tiempo y repetir la consulta.

Cuenta el filósofo italiano Paolo Flores d’Arcais en su libro ¡Democracia! (Galaxia Gutenberg) que las crisis tienen un efecto revelador y que la Gran Recesión está permitiendo que hasta el ciudadano más ciego ideológicamente se dé cuenta de la evolución de las democracias europeas hacia la tecnocracia y la plutocracia, con los poderes políticos plenamente sometidos a las exigencias del poder económico y el discurso de los expertos como principal fuente de legitimación política.

El Constitucional portugués se basa en el principio de igualdad para afrontar sacrificios

Fue el presidente de Gobierno español Mariano Rajoy, y no un antisistema, el que dijo en el Congreso. “Los españoles no podemos elegir, no tenemos libertad”. Ya son dos los Gobiernos de este país, el de Rodríguez Zapatero y el de Rajoy, los que pretendían salir de la crisis aplicando sus propias recetas y ritmos (distintas en ambos casos), y se han visto obligados a rectificar por las presiones que le llegan de las instituciones europeas o multilaterales (Comisión, BCE, FMI). Gobiernos que, de facto, no gobiernan, al menos con los programas con los que fueron elegidos en las urnas: al menos en materia económica los cambios de Gobierno no conllevan cambios de política.

En el Informe sobre la democracia en España (Fundación Alternativas), José Ignacio Torreblanca analiza el fin del “unanimismo” en España sobre la cosa europea y sobre el euro, esa especie de “consenso primitivo” que ha dominado la integración de nuestro país en Europa en sus primeras décadas. En España, que es el país en el que más se ha deteriorado la imagen de la Unión Europea desde que comenzó la crisis (ya no es vista como una solución a los problemas, sino como un problema en sí misma) y en el que se manifiesta un mayor malestar difuso, desconocido por su intensidad, se ve algo que antes no se observaba con la misma nitidez: que la crisis está generando en Europa vencedores y perdedores en función de la clase social, el país al que se pertenece, la edad o la ocupación, y que las salidas que se están dando a las dificultades jerarquizan a los ciudadanos y a los Estados en función de una escala de valores (acreedores, deudores…) no debatidos democráticamente ni compartidos por todos.

Los contrarios a esta forma de integración europea, los que entienden que la pertenencia al euro en las condiciones actuales es “la historia de una ratonera”, son más escuchados que antes. El economista Martín Seco, en su Contra el euro (editorial Península), es demoledor: el proyecto de UE basado en el Acta Única y en el Tratado de Maastricht no era ni unión ni era europea; no era unión porque la imposición de una convergencia meramente nominal llevaría de manera inevitable a aumentar la divergencia real entre los países, y no era europea porque terminaría por destruir los dos elementos más genuinos de Europa: la democracia y el Estado de bienestar.

Los cambios de Gobierno no conllevan cambios de política económica. No se puede elegir