La SGAE de las semillas

Antonio Muedra Mínguez tiene 75 años, el pelo blanco cortado a cepillo, ojos azules y la impresión de que el mundo cambia rápido. “Que tengan razón o no tengan no es lo más importante. Porque si a ti te persigue un toro, a lo mejor el toro no tiene razón, pero huyes porque sabes que llevas las de perder”. El toro del que habla es la demanda que recibió por cultivar una variedad de mandarina patentada. Antonio pagó unos 12.000 euros de multa y ni siquiera puede recoger la cosecha. Ya está injertando otra variedad. La alternativa era un juicio en el que tenía mucho más que perder. Así transforma la propiedad intelectual el campo español.

Antonio vive en Pedralba, un pueblo a 40 kilómetros al oeste de Valencia, de calles intrincadas, 3.080 vecinos y un paisaje plagado de naranjos. Tantos, que la frutería de la plaza del pueblo no vende ni naranjas ni mandarinas. “Todo el mundo tiene en su huerto o las coge del campo”, razona Marisa, que regenta la frutería Los Valientes. Los cítricos son la vida de este pueblo, y desde hace un tiempo también son fuente de división.

La razón es la mandarina Nadorcott. Antonio cuenta que en 2004 oyó hablar de esta variedad, que se pagaba mucho más cara que el resto porque madura a finales de febrero, cuando ya no queda en el mercado nada. Entonces hizo lo de toda la vida: “Le pedí a un amigo unas varillas y las injerté en unos árboles. Por probar”. En los cítricos cambiar de una variedad a otra es un simple trabajo de jardinería. Se podan unas yemas y se injertan otras y ahí saldrá la nueva fruta. Antonio injertó la variedad en 530 árboles, en una hectárea de terreno.

Como él, cientos de agricultores, muchos en Valencia, comenzaron a probar la variedad. No sabían —o no quisieron saber— que la UE tramitaba el registro de esa mandarina, una especie de patente que protege la investigación y el desarrollo de variedades vegetales. La patente la había solicitado una empresa francesa, Nadorcott protection, en la que participa Les domaines agricoles, vinculada a la familia real marroquí, según Antonio Villarroel, secretario general de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, y el resto de las fuentes consultadas. Ninguna de las dos firmas ha querido hacer comentarios para este reportaje. El trámite en la UE se demoró una década, lo que dio tiempo a que cientos de agricultores compraran, injertaran y vendieran Nadorcott libremente. Como habían hecho toda la vida.

Hay mandarinas “sin papeles” y con papeles. En las regularizaciones, los huertanos pagaron 15 millones en ‘royalties’

En 2006, la empresa recibió la protección y vendió el permiso de explotación para España y Portugal a la firma valenciana Carpa Dorada. Comenzaban los problemas. Los agricultores que se habían adelantado ahora debían pagar. El alcalde de Pedralba, el popular Roberto Serigó, fue uno de ellos. “Planté las primeras en 2000 porque fui de los pioneros. Luego regularicé en varias tandas”. En esas amnistías, las licencias costaban siete euros por árbol. Se regularizaron 2,2 millones de hectáreas, por lo que en royalties se pagaron 15,4 millones de euros.

Fue un buen negocio. Serigó pasea por su campo, en el que unos 30 temporeros del Este y de África recogen la fruta y la cargan directamente en el camión. Alrededor solo hay frutales. Él tiene 1.100 árboles con Nadorcott. Si cada árbol da 100 kilos de mandarina, en los años buenos ha llegado a venderla por unos 100.000 euros, cinco veces más de lo que dan otras variedades. Él no paga ni el transporte ni la recolección.

No es que la Nadorcott sea especialmente sabrosa, pero sí tiene ventajas. “Se pela bien, tiene buen color y si se aísla no tiene pepitas”, cuenta Serigó. Lo principal es que su óptimo llega cuando ya no hay mandarina en el mercado. En el pueblo aún muchos la llaman con la denominación antigua, Afourer, por el pueblo marroquí en el que fue desarrollada. Es lógico, ya que en Pedralba el precio de la fruta se da en pesetas por arroba.

Sin embargo, las licencias no eran infinitas. Como es habitual en estas operaciones, Marruecos puso un cupo para no hundir el precio de su producto ni encontrar demasiada competencia. Hubo quien, como Antonio, no encontró permisos. “Cuando fui a regularizar ya no vendían. Solo algunos pudieron comprar”. Y entonces llegaron las inspecciones, y las demandas, los chivatazos... Se formó una división entre quienes tienen papeles y quienes no.

Antonio se quedó con los que cultivaban mandarinas “sin papeles”, como las llaman. Y hace un par de años recibió “una demanda enorme, de 800 gramos de papel”. Sostiene que no da la cifra al azar, sino que la pesó en la frutería. La demanda llega en nombre del Club de Variedades Vegetales Protegidas, que agrupa a 700 empresas y agricultores con papeles y que impide que nadie de fuera plante Nadorcott. Su misión es “defender los intereses de sus asociados y fomentar la explotación de la variedad con respeto a los derechos de propiedad industrial legalmente reconocidos a su titular legítimo”.

“Quieren injertar como hacía su padre y su abuelo pero con la última variedad de I+D, y eso no puede ser”

El club ha iniciado 70 procedimientos judiciales contra agricultores y ya tiene nueve sentencias, todas favorables. Serigó y Salvador, otro miembro del club, están encantados con la sociedad. En el bar Sardi, a la entrada del pueblo, en el que charlan, se monta una tertulia rápidamente a favor del club. Les protege de los que han plantado sin papeles y evita así que el precio baje. Quienes no tienen papeles no hablan alto. Al fondo hay una partida de dominó.

La gerente del club de variedades, Reyes Moratal, explica en un correo que para defender la patente realizan “una intensa labor de vigilancia en el campo español que le permite detectar la mayoría de las irregularidades que se producen”. Si alguien ve mandarina fuera de temporada dará la voz de alarma. Nada parece escapar al club.

“Lo tienen controladísimo todo. Hay técnicos rastreando todos los campos y últimamente se valen de chivatos”, admite Antonio. Este desistió pronto de pleitear. Ha pagado la multa, que cifra en unos 12.000 euros, y ha injertado otra variedad, que aún tardará en dar fruto. Está tranquilo, resignado. Como este, hay 29 casos que han llegado a un acuerdo. “Es muy triste que hayamos optado por pagar un dineral y quitar el árbol simplemente para que nos perdonen. Es muy duro ser el débil”, razona Antonio.

Lo que más le duele es que le han impedido recoger la última cosecha. Solo puede donarla a una ONG. “Aquí puede haber 20.000 euros en fruta y no puedo hacer nada con ella”. A su alrededor hay árboles rebosantes de mandarinas y por el suelo comienzan a acumularse frutos que nadie va a coger. En otros campos sin papeles, las mandarinas caen sobre otras negras del año anterior, que tampoco se pudieron aprovechar. Mientras, los agricultores con papeles están ahora mismo recolectando.

Como ya no hay más licencias a la venta, la única opción de Antonio sería comprarle a otro particular que decidiera cambiar de variedad. Hay un mercado secundario de licencias en el que se han llegado a pagar 60 euros por árbol, casi 10 veces más que lo que costaron las amnistías. En el pueblo se habla de un mercado negro de mandarinas, en el que las sin papeles se venden más baratas que las oficiales.

Rafael Grau, abogado de la asociación agraria Ava-Asaja, que asesora a afectados, critica lo que considera prácticas abusivas del club, y le ha denunciado ante la Comisión Nacional de la Competencia, donde hay un expediente abierto. Grau sostiene que quien plantó antes del registro no debería ser obligado a arrancar la variedad, si acaso a pagar una multa.

El caso de la Nadorcott es un extremo, pero no el único, de denuncias por el uso indebido de patentes en el campo. Geslive es una de las agrupaciones de empresas que defiende el copyright en los sembrados. Es algo especialmente complicado ya que “cualquiera puede reproducir un ser vivo”, como explica en un despacho del centro de Madrid Antonio Villarroel, su director. “El agricultor a veces no entiende la propiedad intelectual. Dice: ‘Si la planta es mía, la semilla es mía’. Hay mucho choque porque el campo es conservador”. Villarroel critica la visión romántica de las semillas que circulan libremente, “como toda la vida”: “Quieren hacer lo que hacía su padre y su abuelo pero con la última variedad de I+D, y eso no puede ser”. En 25 años, la patente caduca.

Geslive realiza un millar de inspecciones al año y tiene 45 procedimientos judiciales abiertos. La mayoría son por uso de semillas registradas de cereal, flores y frutales. A Villarroel no le gusta que le comparen con la SGAE, que persigue la reproducción no autorizada de música o cine, aunque al final admite: “Sin la mala prensa, pero sí hay cierto paralelismo. Aunque no actuamos en la sociedad, sino que es algo solo empresarial”.

Ahora es Nadorcott y puede que haya más casos en el futuro. La empresa de Córdoba Eurosemillas pleitea por conseguir el registro de la mandarina Tango, similar de la Nadorcott pero sin pepitas y desarrollada en California. El director de Desarrollo de la firma, José Pellicer, cuenta que cuando va a promocionarla al campo hay quien ya la tiene: “He ido a venderla a gente que me dice que ya la tiene para probarla. Se traen una rama y la injertan. ‘Ya pagaré, pero quiero ser el primero’, me dicen”.

O la mandarina Orri, desarrollada por un centro público de investigación de Israel. O la M7 australiana. Las variedades se suceden, pero el precedente de Nadorcott pesa. Villarroel considera que “ha sido una terapia de choque para el campo” y que dará un empujón a la protección de las patentes. Justifica la necesidad en que cada variedad nueva necesita una inversión millonaria.

Quien probablemente haya vivido el problema con mayor desazón es Rafael Boronat, un agricultor de 68 años: “Yo traje en una maleta a España las primeras varillas de Nadorcott en 1988. Tenía buenas relaciones con los Dominios reales [empresa de la familia real marroquí] y me las dieron en Rabat”. Jamás imaginó que con esas varillas para injertar prendería una mecha que aún arde.