El Gobierno quiere destapar a los grandes defraudadores antes de abril

El listado de los mayores defraudadores a Hacienda, el nuevo intento del Gobierno de sacar ingresos extraordinarios de las grandes fortunas tras el fiasco de la amnistía fiscal (que aportó al Estado menos de la mitad de lo presupuestado) se hará público “en el primer trimestre” del año, aunque el Ejecutivo aún no sabe como hacerlo legalmente. Así lo aseguró este martes el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, quien tras su intervención en el evento Spain Investors’ Day, que se celebra en Madrid, indicó que Hacienda está todavía analizando como publicar una información que, hasta ahora, está protegida por la ley. El acto está organizado por Estudio de Comunicacion y patrocinado por PRISA, grupo editor de EL PAÍS, entre otras empresas.

En ese sentido, las declaraciones de Ferre no difieren mucho de las realizadas por su jefe, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando anunció la publicación de la lista, el pasado 13 de diciembre. Después de un mes, el único anuncio sustantivo hecho por el Ejecutivo es la reducción del plazo que la Agencia Tributaria se fija para solucionar el problema del marco legal: pretende impulsar los cambios legales en menos de tres meses.

Para los datos del resto de los grandes defraudadores, el escollo reside en la Ley Orgánica de Protección y de Datos y en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que declara reservados los datos tributarios de los contribuyentes y obliga a Hacienda a garantizar su confidencialidad.

Fuentes del ámbito tributario consultadas indicaron que la solución sería relativamente sencilla en el caso de las empresas. Las deudas que las entidades tienen con Hacienda han de constar en sus cuentas, que deben estar depositadas en el Registro Mercantil. Bastaría una web que centralizase todas estas informaciones.

La clave: la cantidad defraudada

La Agencia Tributaria aún no tiene claro qué factores determinarán la inclusión en la lista, que no solo pretende identificar a los defraudadores sino también a los morosos. No obstante, fuentes de Hacienda indican que uno de los criterios que se tendrán en cuenta será que el fraude sea de importantes cantidades de dinero, así como la reincidencia. Se incluirán a sujetos en los que se haya detectado irregularidades de manera “reiterada, persistente y en cuantías muy importantes”, manifestó Ferre. Hacienda aún estudia si incluir en su lista negra a aquellos con delitos fiscales, cuando el fraude supere los 120.000 euros.

La Agencia Tributaria aún no tiene claro qué factores determinarán la inclusión en la lista

Países como el Reino Unido o Irlanda ya utilizan listas de defraudadores para presionar a los pecadores fiscales a regularizar su situación so pena de escarnio público. Según declaró Montoro en diciembre, la intención detrás de la publicación de la lista es la misma que de la fallida amnistía fiscal de marzo de 2012: estimular la regularización voluntaria. “Se trata de que se pague, no lo puedo decir más claro y más en plata”, dijo entonces el ministro.

La amnistía fiscal, que duró hasta noviembre del año pasado, tenía como intención recaudar 2.500 millones. Las previsiones de Montoro fallaron estrepitosamente: al final de la tregua, solo ingresó 1.200 millones, menos de la mitad de lo previsto.

El documento no solo pretende identificar a los defraudadores sino también a los morosos

Ferre también adelantó los datos de ingresos del Estado, que Montoro confirmó más tarde en el Senado: 168.700 millones, un 4,3% más que en 2011. El alza coincide con las previsiones presupuestarias. El secretario de Estado se declaró “satisfecho” por el resultado que según él es “muy importante” para cumplir con el objetivo del déficit público para 2012, en el 6,3% del PIB.

Ferre no quiso adelantar si España cumplirá con esa meta, argumentando que el Ejecutivo quiere publicar los datos consolidados, por lo que está a la espera de cotejar el déficit del Estado con los autonómicos.