Bruselas se compromete a dar más tiempo a España para ajustar el déficit

Cambio de ritmo crucial. La Comisión Europea se ha comprometido a dar más flexibilidad a España para cumplir las metas de déficit, según explican a este diario fuentes de Bruselas y confirma el Gobierno de Mariano Rajoy. El Fondo Monetario Internacional (FMI) apuesta por dar hasta dos años más. El Banco Central Europeo (BCE) se decanta por un solo año adicional. Gane quien gane, lo seguro es que habrá más tiempo, a la vista de que es materialmente imposible cumplir los objetivos fijados por la formidable acumulación de problemas que agravan la recesión española. Ese cambio de registro —un menor énfasis en los ajustes a corto plazo ante el temor a que el ritmo de la consolidación fiscal sea demasiado agresivo— se incluye dentro de un paquete más amplio de política económica, destinado a facilitar la salida del túnel de los países que sienten el abrazo mortal de la crisis de deuda.

No habrá grandes estímulos para crecer por la insistente negativa de una Alemania en año electoral. Pero Berlín tampoco puede permitirse un empeoramiento de las constantes vitales en la eurozona, con la recesión amenazando seriamente al Norte. La Comisión opta por la vía intermedia: por levantar suavemente el pie del pedal del freno. Tras haber dado ya muestras de cierta flexibilidad (España se benefició de una mejora a principios de 2012), establecerá sendas de ajuste más razonables en varios países, empezando por España y Francia. No está descartado que esa medida se extienda a Holanda e Italia.

Se teme el efecto de la posible rebaja del ‘rating’ de un gran país del euro

Las nuevas metas fiscales españolas se aprobarán oficialmente en torno al 15 de febrero, aunque el Gobierno ya ha sido debidamente informado. Por eso el Ejecutivo deja al menos hasta esa fecha una eventual petición de rescate, informan fuentes de La Moncloa, a la espera de las elecciones en Italia y siempre que no ocurra ningún accidente en el mercado: lo más temible sería una rebaja del rating de España o de alguno de los grandes países del euro. Con los objetivos actuales de déficit, en caso de pedir la ayuda la troika obligaría a tomar nuevas medidas de ajuste en las primeras revisiones del programa, en cuanto se viera que España no cumple. Por eso, “salvo imprevistos está descartada la solicitud al menos hasta que se haga efectivo el compromiso de suavizar las metas fiscales”, indica un alto cargo del Gobierno. Fuentes diplomáticas van más allá y explican que, si no ocurre nada extraño en los próximos dos meses, Rajoy se decanta por dejar aparcado el rescate por su alto coste político y las escasas garantías de que la prima de riesgo baje con claridad.

Las críticas del FMI al diktat berlinés van calando: la austeridad no es una carrera de velocidad; debe parecerse más a un maratón, a una prueba de resistencia. En el caso español, los números son estos: España debía alcanzar un déficit del 6,3% del PIB este año; del 4,5% en 2013, y estar por debajo del sacrosanto 3% en 2014. Moncloa asegura que ha conseguido pactar ya algo más de margen: 7% este año (sin contar las inyecciones a la banca, que dejarán la cifra por encima del 8%) y 6% el próximo. Con la nueva senda, el listón del 3% deberá alcanzarse en 2015 o en 2016, en función de si se consigue un año más o dos. España no debe acometer nuevos ajustes en 2013, pero sí en 2014: ese año, el esfuerzo fiscal deberá ser de un punto de PIB (10.000 millones) o punto y medio (15.000 millones).

Pero no se trata solo de números: la austeridad sigue siendo la prioridad europea, pero esta vez Bruselas no se limita a cambiar los objetivos, busca ampliar el foco. La suavización de la senda de déficit viene acompañada de un paquete más amplio de medidas para no cegar la salida de la crisis. Se trata, básicamente, de apretar menos el cinturón: además de la flexibilización, en la contabilización del déficit no se tendrán en cuenta los gastos achacables a la recesión. Ni los citados rescates bancarios. Ni, atención, determinadas inversiones públicas. “Bajo ciertas condiciones, los planes de inversión pública no recurrentes y con un impacto demostrado en la sostenibilidad de las finanzas públicas [educación e I+D, por ejemplo] podrían permitirse [y no afectar a los procedimientos por déficit excesivo]”, según el vicepresidente de la Comisión, el finlandés Olli Rehn.

Haría falta algo más, pero en Bruselas nadie se atreve públicamente a pedir estímulos a Alemania. La posibilidad de activar políticas de crecimiento no cuenta con suficiente respaldo político, más allá de las facilidades que dé el Banco Europeo de Inversiones (BEI). No serán muchas: el BEI tendrá un mayor margen de maniobra en 2013, pero de momento apenas ha presentado proyectos de inversión en la periferia. Fuentes europeas critican que el banco parece estar más preocupado por una posible rebaja en su nota de solvencia que por dinamizar el crecimiento. Bruselas promete presionar para que eso cambie.

Entre ese paquete anticrisis en el que piensa la Comisión para Madrid y otras capitales hay una cosa más, muy importante para España. La última cumbre europea se comprometió a tener listo el supervisor bancario único en marzo de 2014: para entonces será posible la recapitalización directa de la banca, una vez que ya está prácticamente descartado que eso se haga con efectos retroactivos. España inyecta ahora algo más de 40.000 millones de euros en sus entidades; en Bruselas están convencidos de que ese colchón será más que suficiente para aguantar dos o tres años, hasta que sea posible la recapitalización directa por parte del fondo de rescate europeo y ese dinero no engorde la deuda pública española. Ya es posible incluso la recapitalización directa antes de marzo de 2014, siempre que los bancos en los que se inyecte el dinero pasen a estar supervisados por el BCE, aunque fuentes del Gobierno apuntan que esa medida puente no está pensada para los bancos españoles, sino para los de otros países: quizá Francia.