Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El fin del poder autonómico en las cajas

Guindos maneja un anteproyecto de ley que arrebata a las comunidades la supervisión de las fundaciones bancarias, el vehículo para controlar a las nuevas entidades

Luis de Guindos y el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, en un acto empresarial en Barcelona, en abril pasado.
Luis de Guindos y el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, en un acto empresarial en Barcelona, en abril pasado.

Se avecinan líos con Bruselas: las fundaciones que controlarán los bancos de las antiguas cajas de ahorros podrán poseer “una participación superior al 50% en la entidad de crédito o que les permita el control de la misma”, según consta en el borrador del anteproyecto de ley de reforma de las cajas que tiene listo ya el Gobierno y al que ha tenido acceso este periódico. Eso choca frontalmente con las condiciones vinculadas al rescate financiero europeo, pese a que en Bruselas nadie ha dicho aún —oficialmente— esta boca es mía. Pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy abre ahora un segundo y potencialmente polémico melón en clave interna: el Ministerio de Economía quiere arrebatar a las comunidades autónomas el protectorado de las fundaciones bancarias de las cajas.

En un momento delicado desde el punto de vista del debate sobre el modelo de Estado tras las últimas citas electorales, el lío está asegurado en Cataluña y País Vasco, cuyos Ejecutivos ya plantaron cara a intentos anteriores de cercenar poder autonómico en el sector. Están en juego los vínculos de Caixabank y Kutxabank, entre otras entidades —por ejemplo Cajastur (Liberbank) o Ibercaja, cuyos presidentes son también primeros ejecutivos de sus respectivos grupos bancarios—, muy arraigadas en muchos sentidos a sus comunidades de origen. Y está en juego algo más: la propia estructura de poder de las ya casi desaparecidas cajas.

“En las fundaciones bancarias cuyo ámbito de actuación principal exceda el de una comunidad autónoma [esto es, en prácticamente todos los casos, y desde luego en las cajas más importantes], el protectorado será ejercido por el Ministerio de Economía”, dice textualmente el citado anteproyecto, que tiene que ser aprobado entre mayo y junio, según la documentación enviada a la Comisión Europea hace unos días.

El texto legal que ha cocinado el equipo de Luis de Guindos —26 páginas en total que el Ejecutivo está discutiendo con la Comisión Europea— deja otras novedades de calado. Establece que la condición de patrono de las fundaciones bancarias “será incompatible con el desempeño de cargos equivalentes en la entidad bancaria de la cual la fundación sea accionista, o en otras entidades controladas por el grupo bancario”, e impide dar sueldos —más allá de los gastos— a esos patronos. Por poner un ejemplo: el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa no podrá sentarse en el consejo de Caixabank. De alguna manera, ese aspecto deja entrever que el ejercicio del poder, con el diseño actual, se decanta hacia el Consejo de Administración de los bancos, aunque las fundaciones mantengan participaciones de control. “La actividad bancaria [de las antiguas cajas] tiene que estar centralizada en una sola entidad, que tiene que ser el banco”, dijo Guindos el martes en Bruselas.

El enfrentamiento con los Ejecutivos de Cataluña y País Vasco está asegurado

La filosofía del anteproyecto que prepara su ministerio es inequívoca, a la espera del texto final que salga de las Cortes: el protectorado de las fundaciones lo ejercerá Economía, y además el Banco de España les obligará a presentar un plan financiero anual “en el que determinen la manera en que harían frente a las posibles necesidades de capital en que pudiera incurrir la entidad en la que participan”. Si al supervisor no le convence el plan, podrá obligar a las fundaciones a reducir su participación en el banco.

La bancarización definitiva de las cajas puede llegar por ese lado: esa estructura de control empieza a parecerse (salvando las distancias) a la de los bancos. Emilio Botín controla el consejo del Santander con menos del 5% del capital; Francisco González lidera el del BBVA con menos del 1%. Pese a que, con todo, la estructura sigue sin ser equiparable —hay que ver cómo se articulan las relaciones entre fundaciones y bancos—, todo apunta a que esa es la línea por la que opta el Gobierno.

El marco legal está fraguándose y ese documento podría sufrir cambios antes de su aprobación. Fuentes del sector consideran que existen posibilidades de buscar caminos intermedios: “Una misma persona podría ocupar, por ejemplo, la presidencia no ejecutiva de la fundación y entonces un cargo sí ejecutivo en el banco; o al revés, podría desempeñar un papel ejecutivo en la fundación y no ejecutivo en el banco; esa es una posibilidad”. Nada de eso aparece en el anteproyecto de ley.

Economía reta a la Comisión por el papel que asigna a las fundaciones

Hay más madera. El uso —discutible en ocasiones— que los Gobiernos autonómicos han hecho de algunas cajas ha generado un jugoso capítulo de la literatura económica en esta crisis. Reforma tras reforma, y con la aprobada el pasado verano ya van cinco, los gobiernos autonómicos han ido cediendo cancha. El penúltimo cambio legislativo, que reguló la liquidación de bancos, su reestructuración y los mecanismos de intervención urgente del Banco de España, ya rebajaba el peso de las comunidades. El borrador del nuevo anteproyecto les asesta un nuevo golpe donde más duele: la sede social de estas instituciones. “El simple traslado del domicilio social no estará sometido, por sí mismo, a ninguna autorización administrativa”, señala una disposición adicional.

Tampoco habrá necesidad de autorización autonómica para fusiones de los bancos controlados por las fundaciones. Que las autonomías puedan o no vetar estos procesos de integración tiene especial significado. En la primera fase de fusiones, cuando el número de entidades pasó de 45 a 22, las cajas vinculadas a Administraciones autonómicas y locales sacaban las uñas ante la posible pérdida de independencia; los Ejecutivos regionales preferían las fusiones entre entidades dentro de la misma comunidad para no perder capacidad de influencia. Para vencer estos recelos nacieron las denominadas fusiones frías, que servían para unir el grueso del negocio financiero pero mantenían independientes los consejos, las obras sociales y las marcas comerciales. Esa fórmula se marchitó a medida que se iban hundiendo cajas. Los próximos pasos para las cajas, si es que aún se les puede llamar cajas, van en una dirección inequívoca si salen adelante.

Más información