Bruselas pide más dureza contra la ingeniería fiscal de las empresas

Europa intenta equilibrar las cuentas con subidas de impuestos a los ciudadanos mientras la ingeniería fiscal de las empresas drena cada año recursos millonarios. Con el convencimiento de que esas prácticas se están convirtiendo en un problema cada vez mayor para las maltrechas arcas públicas, Bruselas insta a los Estados a ponerles coto. Lo hace, eso sí, sin aportar nuevas herramientas, aunque asegura que utilizando las que ya existen podrían recuperarse miles de millones de euros.

El fraude fiscal priva cada año a los países europeos de ingresar un billón de euros, una cantidad equivalente al producto interior bruto de España. La Comisión Europea cree que hay que perseguir con más eficacia esos recursos y para lograrlo presentó este jueves un conjunto de 30 medidas que deben aplicar los Estados. La mayoría son poco prácticas y, en todo caso, se aplican a muy largo plazo. De momento, el Ejecutivo comunitario lanza recomendaciones aunque se compromete a seguir de cerca su puesta en marcha.

Bruselas dirige su atención hacia los grandes conglomerados que eligen su domicilio fiscal en función del marco tributario más favorable. Y critica la posibilidad que tienen esas empresas de aplicarse todas las deducciones posibles en un territorio aunque el grueso de los impuestos lo abonen en otro. “El hecho de que sea legal no significa que sea correcto”, enfatizó el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta. Aunque Semeta evitó dar nombres, gigantes tecnológicos como Google, Apple o Microsoft incurren sistemáticamente en este tipo de planificación fiscal. El comisario animó a los Estados a gravar a esas empresas cuando se demuestre que la elección de su sede obedece solo a motivos fiscales en lugar de basarse en el lugar donde se desempeña la actividad. Y propone que los países dejen de aplicar las normas contra la doble tasación (que impide que dos Estados cobren impuestos por una misma operación) cuando se detecten estas prácticas.

Bruselas dirige su atención hacia los grandes conglomerados que eligen su domicilio fiscal en función del marco tributario más favorable

La otra vía de agua por la que se escapa la recaudación pública proviene de los paraísos fiscales. Pese a las intenciones del G-20 (los países más ricos del mundo y los emergentes) y de la OCDE, que aglutina a las economías más desarrolladas, los paraísos fiscales sirven cada vez más de refugio de capitales, a menudo con intenciones delictivas. La Comisión Europea insta a los países a que elaboren listas negras con los territorios que ellos creen que funcionan como paraísos.

Fuentes de la Comisión admiten que resultaría mucho más eficaz elaborar una lista común para toda la Unión Europea, pero creen que es todavía una propuesta demasiado ambiciosa. De momento, son los propios Estados los que deben definir qué consideran paraíso fiscal e identificarlos. Hasta ahora la lucha europea contra los paraísos fiscales ha resultado bastante ineficaz y los acuerdos firmados por ejemplo con Suiza siguen permitiendo que ese país reciba en sus bancos millones en capitales europeos.

A largo plazo, a partir de 2014, la UE se plantea permitir el acceso directo de todos los Estados a las bases de datos del resto para perseguir la evasión. Por ahora se limitan a mejorar el intercambio de información.