Los recortes en las cuentas públicas para 2013 afectan a viudas y huérfanos

La austeridad impregna el Proyecto de Presupuestos para 2013. El Gobierno ha reducido el coste de funcionamiento de todos los ministerios y ha cerrado el grifo a inversiones y otros proyectos. Pero la poda en las cuentas públicas se ha extendido a las partidas que contienen las ayudas para viudas y los huérfanos, para los trabajadores públicos y las empresas y fundaciones estatales entre otros.

Recortes a viudas. El Gobierno aplaza la aplicación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, según la Disposición Adicional Sexagésimo del proyecto de Presupuestos para 2013. Al retrasar la entrada en vigor de esta norma frena la mejora de las ayudas a las viudas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública.

Una de las disposiciones de la norma que ha aplazado el Gobierno lo obligaba a adoptar medidas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga como mínimo al 60% de la base reguladora. La aplicación de este porcentaje, que elevaría la pensión de numerosas viudas, tendría que aplicarse de forma progresiva en un plazo de ocho años a partir de enero de 2012.

Reducción de las pensiones de orfandad.A partir de 1 de enero de 2013 y con vigencia indefinida, no se efectuarán nuevos reconocimientos de pensiones en favor de huérfanos mayores de veintiún años no incapacitados en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora, ni al amparo de la legislación especial de guerra. Además, Las pensiones de orfandad de Clases Pasivas —los huérfanos de funcionarios— en favor de mayores de veintiún años reconocidas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984 y que se hubieran causado con anterioridad al 3 de agosto de 1984 en el caso del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o con anterioridad a 1 de enero de 1985 en otro caso, siempre que sus perceptores no estuvieran incapacitados para todo tipo de trabajo desde antes de cumplir dicha edad o a la fecha del fallecimiento del causante, serán incompatibles con la percepción de ingresos por trabajo activo que permita la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, así como con cualesquiera otras rentas o ingresos sustitutivos del salario, según la nueva redacción que se da al artículo 58 de la ley de Clases Pasivas del estado. Los afectados por este cambio normativo dispondrán de dos meses para elegir entre la pensión de orfandad o las rentas adicionales. “Transcurrido dicho plazo sin que se haya ejercitado la opción, se entenderá que optan por percibir las rentas o ingresos sustitutivos del salario y se suspenderá el abono de la pensión”.

Limitado el acceso a la judicatura. El Gobierno limita la oferta de empleo público para la carrera judicial y fiscal a un máximo de 50 plazas, según la Disposición Adicional Decimocuarta. En España hay algo menos de 5.000 jueces por lo que las plazas ofertadas serían inferior al 1% del total. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, reclamaron hace dos semanas que no se les congelara la convocatoria de plazas de jueces y fiscales por ser “tan necesarias para el servicio a los ciudadanos”.

No más contratos laborales en el sector público. Las empresas públicas y fundaciones del sector público estatal no podrán realizar nuevas contrataciones, salvo que se trate de personal funcionario o laboral con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local”.

Adiós a los vuelos gratis para los funcionarios en el exterior. Los empleados de la Administración pública destinados en el extranjero no tendrán derecho a vuelos gratuitos. El Gobierno suspende la ampliación del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, por el que sufragaban cada dos años a estos trabajadores públicos expatriados un vuelo gratis de ida y vuelta para él y su familia al destino elegido de España con motivo de sus vacaciones.

Se suspenden los acuerdos de subidas de sueldo. El Gobierno ya anunció que congelaba el sueldo a los cerca de 547.000 funcionarios, personal laboral, eventuales y el resto de trabajadores de la Administración pública. También congela el sueldo a los altos cargos y resto de personal de las mutuas de la Seguridad Social, según la Disposición Adicional undécima. Además se suspenden los convenios y pactos laborales que conlleven subidas de sueldos, complementos u otras partidas que eleven el gasto de personal del Estado.

Menos recursos para exposiciones en el Thyssen. El museo Thyssen Bornemisza tampoco se libra de los recortes. El límite máximo de los recursos para las obras destinadas a su exhibición en las sedes de la Fundación ubicadas en España será como máximo de 400 millones de euros, frente a los 541 millones de euros presupuestados en 2012.

La Iglesia recibe el mismo dinero mensual pero más anual. La Iglesia se congela las entregas a cuenta. En 2013, el Estado entregará mensualmente a la Iglesia católica 13,2 millones de euros a cuenta de la cantidad que le asigna por el acuerdo de financiación entre el Estado y la Iglesia, la misma cantidad que en 2012. No obstante, la asignación tributaria a la iglesia católica recogida en las previsiones del IRPF aumentan hasta los 249,2 millones, 3,2 millones más que el año actual.

Se congela el salario mínimo.El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), la referencia para calcular las prestaciones y ayudas sociales, se fija para 2013 en 6.390,13 euros anuales (532,51 mensuales), la misma cantidad que el año anterior.

Montoro endurece su control para las comunidades. Las comunidades que incumplan el objetivo de estabilidad (regla de gasto o déficit público) deberán contar con autorización del Ministerio de Hacienda para suscribir convenios que conlleven “transferencia de recursos del sector público estatal”. De esta forma, Hacienda podrá paralizar fondos a las comunidades que no cumplan con los objetivos del déficit.

Fondo de Cohesión Sanitaria. Se compensará a las comunidades por la asistencia sanitaria concertada prestada a ciudadanos asegurados en otro Estado desplazados temporalmente a España.