El lado oscuro del ajuste

El ministro de Economía, Luis de Guindos, declaró algo de sentido común la semana pasada en el Congreso: si no se consigue crecimiento económico en los próximos trimestres no se podrán mantener las prestaciones sociales. Pero es tal la desconfianza que generan las declaraciones de los miembros del Gobierno, incluido su presidente, que todo el mundo interpretó: preparan una nueva oleada de recortes. Máxime cuando unos días después, en la escuela de verano del PP de Gandía, la otra cara del equipo económico, Cristóbal Montoro, dijo: no vayamos a engañarnos, no hemos llegado ni a la meta volante de las reformas.

Pero es que, además, sigue sin haber nada a favor del crecimiento económico y la creación de empleo a corto plazo en la política económica del Gobierno. No se vislumbra la recuperación. Ni una esperanza en la entrevista de Rajoy en TVE. En la reunión de los ministros de Economía de Nicosia (Chipre) estos días atrás, un funcionario europeo se preguntó en alto: "¿Tienen derechos los países? Sí, exactamente los que puedan pagar" El consenso ciudadano es mayoritario en que cualquier solución permanente a la crisis actual pasa por un proceso de ajustes y sacrificios que corrijan los desequilibrios acumulados en la época de la burbuja, pero ese consenso se rompe en mil pedazos con los métodos elegidos para repartir sus costes entre acreedores y deudores, entre pagadores (teóricos muchas veces) de impuestos y receptores de los servicios públicos que provee el Estado, entre ciudadanos de rentas altas, medias y bajas, entre los sectores económicos (financieros y productivos), entre las distintas zonas geográficas del país, entre los factores de producción (capital y trabajo), entre las generaciones (mayores y jóvenes), etcétera.

El 40% de los asalariados ya paga más impuestos que sus jefes, según los datos de Hacienda

Ello es lo que explica la masiva manifestación del pasado sábado en Madrid: una mayoría no está de acuerdo en el reparto del ajuste. Las palabras más incomprensibles de la entrevista de Rajoy fueron aquellas que se refirieron a un "reparto equitativo" de los sacrificios y a que la reforma laboral iba bien. Aunque se supone que las leyes en una democracia deben proteger a los débiles frente a los poderosos, a veces logran exactamente lo contrario y el efecto es una enorme transferencia de riqueza desde la parte baja y media hacia la alta. Ello es lo que está ocurriendo con el abaratamiento del despido en los últimos nueve meses.

La ausencia de una reforma fiscal entre las prioridades del Gobierno es clamorosa: si se asumen las reformas estructurales como solución al problema de competitividad de nuestro país una estrategia inteligente sería usar la política fiscal para combatir las consecuencias distributivas más negativas de aquéllas y para lograr que fueran aceptables socialmente, compensando así a los grupos afectados. Aquellos que retrasan o logran excluirse de los planes de ajuste y de las reformas, como algunas élites económicas, se beneficiarán de las ganancias reales producidas por el hecho de que el resto de la economía reduce sus intereses, y ellos no. Según la última Memoria Tributaria, el 40% de los asalariados paga ya más impuestos que sus jefes (Carlos Sánchez, en El Confidencial). En materia fiscal hay tres variables que contemplar: la desigualdad de ingresos antes de los gravámenes y las transferencias, la desigualdad después de pagarlos, y la desigualdad de rentas y, sobre todo, de patrimonios.

Guindos ha anunciado un plan de reformas. El diablo de las mismas está en los detalles y no en las declaraciones de buena voluntad (son para aumentar la productividad y mejorar la competencia). Incluso en el que caso de que la mayor parte de estas reformas se desarrollara a un ritmo sin precedentes históricos, harían falta años antes de que hiciesen realidad sus beneficios. En la mejor de las hipótesis (que están bien diseñadas, lo que no ocurre con la laboral), estas reformas mejorarán el lado de la oferta. Pero hoy en día la debilidad de la economía española está en la ausencia de demanda; una reducción de los ingresos de los asalariados, sea a consecuencia de despedirlos, de bajar sus salarios, de reducir los servicios sociales (y que tengan que abonarlos),… disminuye la demanda total, reduce el crecimiento y debilita la capacidad de llevar a cabo las transformaciones estructurales que se precisarían.