El sector lácteo languidece

Hace menos de dos décadas España contaba con 140.000 explotaciones dedicadas a la producción de leche, con más de 1,5 millones de animales. Según los datos oficiales de la última campaña, el número de granjas apenas sí supera las 20.000 y los animales en las mismas no llegan a los 900.000. Esta reducción de explotaciones se ha producido, en parte, por los sucesivos planes de reestructuración y abandonos incentivados tanto por la Administración española como por la europea. Pero además, el fuerte ajuste ha sido y es consecuencia directa del abandono de los ganaderos con mayor edad y la no incorporación de ganaderos jóvenes, lo que supone un sector en proceso de extinción, al igual que otras cabañas ganaderas extensivas como el ovino o el caprino. Por debajo, una sola razón: la escasa rentabilidad de una actividad si se tiene en cuenta el grado de dedicación que supone su mantenimiento.

La leche es uno de los sectores del agro que ha ido en cabeza de los movimientos reivindicativos desde los años setenta. Hoy, los ganaderos han vuelto a salir a las calles en todas las zonas productoras en demanda de medidas para asegurar su viabilidad. Como razón más cercana y visible para justificar las movilizaciones se halla la fuerte subida de los precios de los piensos en la última campaña, más del 40%, y sobre todo en incremento registrado en los últimos meses. Pero por debajo de ese motivo se hallan viejas razones muy arraigadas en el propio sector de la producción y también en el industrial.

La leche sufre abandonos por los precios bajos y falta de rentabilidad

Como otras tantas producciones agrarias, el sector de la leche tiene en su contra la imposibilidad de repercutir en el precio final el incremento de costes. Es la primera consecuencia directa de una actividad con escasa o nula organización, lo cual ha constituido históricamente una desventaja a la hora de defender sus precios ante una industria más organizada en la que, al menos en el pasado, existió un reparto de zonas para reducir la competencia. El ganadero de leche es uno de los profesionales del sector agrario que no sabe el precio de su producto hasta que no se le hace la liquidación con un mes de retraso. En el sector de la leche no existieron históricamente contratos de entrega entre ganaderos e industrias, y no son lejanos los tiempos en que algunas industrias pactaban además la imposibilidad de que un ganadero cambiara de empresa para entregar su leche. En contra del sector, a la hora de defender sus intereses se halla además el hecho de que sea un producto perecedero que no se puede almacenar sin límite en volumen y tiempo.

A estos puntos débiles que arrastra el propio sector se suman otros añadidos. El primero, el hecho de que la leche se haya convertido en los últimos años en un producto reclamo para la cesta de la compra por parte de la gran distribución. Ello supone que desde esos grandes grupos, donde la marca blanca supone ya casi el 70% de sus ventas de leche, se tenga siempre una leche en oferta y en ocasiones, incluso con venta a pérdidas.

Esta política de la gran distribución la sufren, en primera instancia, las industrias lácteas, que han visto en la última década cómo han bajado los precios de venta de leche y cómo se aplican márgenes elevados a las marcas de fabricante, al contrario que a las marcas blancas. Los efectos de esta estrategia la pagan inicialmente los industriales, pero a la postre se traslada a los ganaderos como eslabón final de la cadena.

Finalmente, en contra del sector ha jugado el importante volumen de leche y productos lácteos que entran en España desde el resto de la Unión Europea, una media de 3,7 millones computados en litros de leche. De ese volumen, 2,5 millones corresponderían al equivalente de la importación en quesos y algo más de 300.000 toneladas en leche en cisternas. En ocasiones, esa leche y esos quesos han entrado a precios de dumping en medio de la indiferencia general, provocando hundimiento del mercado interior.

El Gobierno exigirá en octubre contrato entre ganaderos y las industrias

Por si no fueran pocos los enemigos del sector, unos propios y otros creados desde la gran distribución o los mercados exteriores, los ganaderos han tenido en contra en los últimos años la posición de la Comisión Nacional de la Competencia en una doble dirección. Por un lado, poniendo trabas a la posibilidad de que el sector se organizara en su oferta. Por otro, en opinión de las organizaciones agrarias, no investigando como requeriría la ley la venta a pérdidas a los grandes grupos de distribución.

Todos estos factores han dado lugar a una actividad en la que los precios no solo no subieron para compensar los incrementos de costes de producción —con una subida de los piensos hasta una media de 0,33/0,34 euros kilo—, sino que en la última campaña llegaron a bajar de los 0,30 euros hasta a 0,27 euros en algunas de las zonas productoras más importantes. Para el responsable de ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Román Santalla, el sector produce a unos precios competitivos, y los problemas que sufre son consecuencia de factores que escapan a su control.

La existencia de una crisis en el sector de la leche no ha sido solamente un problema español, sino que afecta también a otros países comunitarios. Esta situación hizo que en 2009 los responsables comunitarios pusieran en marcha un denominado grupo de alto nivel para buscar salidas que asegurasen el futuro del sector frente a las industrias y ante la distribución. Esas recomendaciones se concretaron en lo que se ha venido en denominar “paquete lácteo”, actualmente en forma de reglamento.

Entre las medidas más importantes acordadas por Bruselas hay dos fundamentales.

La primera, reconocer el papel de las organizaciones de productores para negociar precios con las industrias para todos sus asociados. La segunda, la posibilidad de que todas las operaciones de venta de los ganaderos se hicieran bajo contrato. Bruselas dejó libertad a cada Estado para que hiciera o no obligatoria la firma del mismo. España decidió su obligatoriedad, y su aplicación se iniciará el próximo mes de octubre. Hasta la fecha, la firma de un contrato era una práctica voluntaria a la que se han acogido unos 6.000 ganaderos.

Tras esta reglamentación comunitaria, no existe la posibilidad de que la Comisión Nacional de la Competencia pueda acusar a los ganaderos de prácticas de concentración de la oferta. Hay una reglamentación comunitaria que lo avala, y el Ministerio de Agricultura tiene elaborado un real decreto en la misma dirección. La Administración última además un proyecto de ley para lograr el equilibrio de la cadena alimentaria y está impulsando un acuerdo entre productores, industriales y la gran distribución.

Mucha normativa. Sin embargo, está por ver cuál puede ser el efecto real de todo ello, contratos y precios, frente a la sombra alargada de la gran distribución en su batalla para mantener ventas con precios bajos.