El Gobierno aprueba siete impuestos para taponar el déficit eléctrico

El Gobierno aprobó este viernes una batería de siete nuevos impuestos para las empresas del sector energético con el fin de taponar el agujero de 24.000 millones de déficit generado en la última década por la diferencia entre los costes que se reconocen a las eléctricas y lo que el sistema ingresa vía tarifas. Con los nuevos impuestos, que incluyen uno general del 6% para todas las tecnologías y un impuesto especial al gas natural, el Ejecutivo espera recaudar 2.943 millones de euros. En esa cantidad se incluyen algunas cifras calculadas para tres ejercicios.

La “tormenta” fiscal aprobada en forma de proyecto de ley, según la definió una de las empresas afectadas, no es la anunciada reforma del sector que ha hecho correr ríos de tinta en los últimos ocho meses. Ni siquiera se parece al plan de Industria conocido en verano que cargaba diferentes impuestos (hasta un 11% a la energía eólica y un 19% a la fotovoltaica) según la tecnología aplicada al negocio y que provocó un fuerte encontronazo entre el ministro de Industria. Se trata de un intento de apuntalar el sistema para evitar que el déficit siga creciendo y para cumplir con la ley que exige déficit cero en 2013.

Nadie duda de que de una u otra forma acabará por afectar a los usuarios

El detalle de los impuestos aprobados es como sigue: 6% de tipo fijo sobre la venta de energía para todo tipo de tecnologías que generará 571,7 millones de ingresos de las empresas tradicionales y 688 millones de las empresas de energías renovables; impuesto a la generación de residuos nucleares de 2.190 euros por kilo de residuo por el que se recaudarán 269 millones en tres años; canon del 22% a la energía hidroeléctrica (304 millones en tres años); impuesto especial al gas de 2,79 céntimos por metro cúbico (804 millones); céntimo verde al carbón (14,97 euros por tonelada) por el que se ingresarán 268 millones, y céntimo verde también para el fuel y el gasóleo que se utilicen para producir electricidad que generarán otros 38 millones para las arcas del Estado.

En la cuenta global del impacto económico en el sistema, Soria mencionó 450 millones por venta de derechos de emisión y 2.066 millones asumidos por el Tesoro por amortizaciones e intereses de la deuda.

Aunque la batería de medidas fiscales afecta a las empresas, nadie duda de que de una u otra forma acabará por afectar a los usuarios. Nadie salvo el ministro, aunque espantar las tentaciones entra en su sueldo. Quizá por ello, Soria descartó que esos nuevos impuestos acaben sobre las espaldas del eslabón más débil de la cadena, el consumidor. “No está en la visión del Gobierno que vaya a haber esa repercusión [sobre el consumidor] porque son medidas muy equitativas”, dijo.

El Gobierno las considera, además, indispensables porque, según aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sin los nuevos impuestos, enjugar el déficit eléctrico supondría incrementos del recibo de la luz de hasta el 43%.

Precisamente sobre el recibo de la luz y la tarifa de último recurso (TUR) que afecta a 20 millones de usuarios, el titular de Industria hizo un anuncio añadido. En un futuro, el Gobierno reducirá a la mitad (de 10 kilovatios a cinco) el límite de potencia contratada a partir del cual el usuario tendrá que negociar su suministro en el mercado libre. La medida, cuando se apruebe, tendrá dos ventajas para el Ejecutivo: ganar el aplauso de las grandes compañías, que reclaman la medida desde hace tiempo, y evitar el desgaste trimestral que supone decidir qué hacer con la parte regulada del recibo.

Medidas que no gustan

De momento, los aplausos del sector tendrán que esperar. Las medidas tributarias aprobadas, aun siendo menos duras que las barajadas por Industria hace unos meses, no gustan. Todas las fuentes empresariales consultadas, tanto en empresas de renovables como en empresas tradicionales, coincidían en señalar que lo aprobado demuestra que el Gobierno no tiene ideas claras en materia energética. Y alguna de ellas avanzaba que, de una u otra forma, las nuevas cargas impositivas se dejarán notar tarde o temprano en el recibo.

A falta de un análisis más detallado de las medidas, fuentes de las compañías eléctricas agrupadas en la asociación patronal eléctrica Unesa cifraban en 1.600 millones de euros la repercusión de los nuevos tributos sobre sus cuentas.

Las más afectadas serán las dos de mayor tamaño: Endesa e Iberdrola, compañías que han mantenido un duro pulso en los últimos meses con Industria, traducido en la no solicitud de prórroga de actividad para la nuclear de Garoña, que ambas empresas gestionan a través de la compañía Nuclenor.