El Gobierno prestará dinero público al fondo que garantiza los ahorros

Habrá manguerazos de dinero público para la banca. Ese es un tabú roto ya en esta crisis. Pero a partir de ahora también se usarán créditos públicos para financiar el fondo que garantiza los depósitos de los ahorradores. En una tormenta financiera como la que sacude a España, el primer mensaje de calma que los gobiernos y los gestores de las entidades suelen lanzar es que los ahorros de los ciudadanos están a salvo. En España, es el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que hasta ahora se ha nutrido exclusivamente de las aportaciones de los bancos y las cajas (e indirectamente sus clientes), el que garantiza los ahorros de los usuarios de una entidad quebrada, hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Pero a esta norma se le tiene que añadir una enorme nota a pie de página y es que el FGD se está agotando tras los costes que ha asumido en el rescate de entidades y necesita recursos.

A partir de ahora podrá contar con financiación procedente del fondo público de rescate bancario (el FROB). El borrador del decreto ley de reestructuración y resolución ordenada de entidades, sujeto a cambios, y al que ha tenido acceso este diario, establece que cuando se liquiden entidades el FROB “podrá otorgar financiación, en condiciones de mercado, al Fondo de Garantía de Depósitos de entidades de crédito a fin de que pueda acometer las funciones que tiene atribuidas”. Su función es la de garantizar los depósitos, aunque también podrá adoptar medidas de apoyo para facilitar la liquidación de entidades (garantías, préstamos o compra de activos) para defender a los depositantes.

La aprobación de la norma se aplazará probablemente al Consejo de Ministros del 31 de agosto, aún dentro del plazo que exige Bruselas, que era hasta finales de agosto. El Ejecutivo planeaba dar luz verde este viernes.

El decreto otorga facultades al FROB para disolver las entidades inviables, para las que elaborará un plan de resolución ordenada (en el plazo de dos meses) o arbitrará un procedimiento concursal. El plan de resolución recogerá “las medidas de apoyo financiero a implementar por el Fondo de Garantías de Depósitos”.

La aprobación del decreto se postergará a la próxima semana

Pero la crisis ha pasado factura al FGD, cuya versión actual nació en octubre de la fusión de los tres fondos de garantía existentes hasta entonces (el de las cajas de ahorros, el de establecimientos bancarios y el de cooperativas de crédito). El pasado mayo, fuentes del Gobierno reconocían que los recursos estaban “prácticamente agotados”. El FGD cerró 2011 con un fondo patrimonial negativo de 2.025 millones de euros y un déficit de 7.829 millones, el mayor de la historia. Los números rojos se deben básicamente al saneamiento de la CAM y por el deterioro de su participación en el FROB (del que el FGD dejará de formar parte). También en 2010 acabó con déficit (2.104 millones) aunque el fondo patrimonial se sostuvo positivo, en 5.793. Para restablecer la suficiencia patrimonial, la comisión gestora del fondo acordó el pasado 30 de julio la realización de una derrama que alcanza un importe nominal de 2.346 millones a pagar en 10 cuotas anuales iguales.

El FGD no hace pública la información sobre su situación patrimonial más allá de los informes anuales. El correspondiente a 2011, fechado a 30 de junio, recoge una aportación para este año de 2.231 millones, frente al agujero de 2.025 millones del anterior, con lo que queda teóricamente un patrimonio de 206 millones. Pero le quedan tareas pendientes, como el respaldo a la compra de Unnim por parte del BBVA (953 millones) y el compromiso de asumir hasta el 80% de las posibles pérdidas de una cartera de activos de 7.359 millones.

El Ejecutivo admitió que los recursos del FGD se estaban agotando

Y a las entidades, dado lo duro de la crisis, les cuesta cada vez más poner su parte para nutrir al fondo. Desde finales de 2011, las entidades deben aportar una cuota equivalente al 2 por mil de sus depósitos, frente al 0,6 por mil que ponían hasta entonces. Además, la normativa prevé una aportación de hasta 3.000.

Con el nuevo decreto, también cambiarán las funciones del FGD y quedarán limitadas a proteger a los depositantes. Desaparece la función de realizar actuaciones que refuercen la solvencia y funcionamiento de las entidades de crédito.