El Gobierno negocia con Bruselas una vía para proteger a los dueños de preferentes

El Gobierno discute con Bruselas una fórmula para que los propietarios de participaciones preferentes de las entidades nacionalizadas y no subastadas o vendidas todavía —Bankia, Catalunyacaixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia— eviten las pérdidas. Las preferentes, un complejo producto de inversión pensado para inversores institucionales con altos intereses (pero comprometido a perpetuidad) ha atrapado a decenas de miles de particulares en España y las cajas nacionalizadas ofrecen una forma de mitigar el impacto: el canje de esas participaciones por un bono de valor inferior al de la primera inversión pero cuyos altos intereses servirán para compensar esa quita al cabo de unos años, según explican fuentes del sector. La banca española en total ha vendido casi 30.000 millones en preferentes desde 1999.

Fuentes cercanas a las negociaciones citadas ayer por Financial Times concretaban que las entidades rescatadas ofrecían unos bonos con un valor nominal de entre un 50% y un 70% inferior al de las preferentes, con unos intereses suficientemente altos como para cubrir en el plazo de seis años la diferencia de valor respecto a la inversión inicial en el plazo de seis años. Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad han declinado hacer cualquier comentario al respecto.

Bruselas ha dejado muy claro que los inversores deben asumir pérdidas en el proceso de reestructuración de las entidades maltrechas, los accionistas en primer lugar y los titulares de deuda subordinada y preferentes en segundo, y que solo después debe entrar el dinero público. Así consta en el memorando de entendimiento (MoU) que la eurozona firmó con las condiciones para el rescate de la banca española, según el cual España debe aprobar la normativa necesaria para aplicar una quita a los propietarios de las preferentes aunque no sea voluntaria.

Pero el Gobierno —y muy especialmente las cajas rescatadas— arguyen que el caso español es especial porque este complejo vehículo de inversión se colocó entre particulares que, en muchos casos, estaban muy mal informados de los altos riesgos que contraían. Por eso quieren limitar sus pérdidas.

Los problemas surgieron a partir del año pasado, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió a las entidades de que debían ajustar el valor de estas preferentes y otros tipos de deuda subordinada a un valor razonable de mercado, lo que supuso un cambio radical, porque hasta entonces el inversor que quería deshacerse de sus participaciones solía poder venderlas en el mercado secundario (la compraventa ya emitidos entre inversores) al mismo precio por el que las había comprado en su día, independientemente del tiempo transcurrido. Tras la notificación de la CNMV —que no dejaba de ser un recordatorio— los propietarios de preferentes solo podían colocarlas asumiendo pérdidas colosales, superiores a la mitad de su inversión.

Ahora se habla de quitas de entre el 50% y el 70%, algo que fuentes del sector financiero juzgan “demasiado elevado, porque Bruselas sabe bien que ahora apenas hay operaciones y los datos del mercado no son representativos del valor”.