La presidenta de Argentina denuncia que Repsol pagaba a periodistas

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció la noche del jueves que la petrolera YPF, cuando estaba controlada por Repsol, pagaba 11 millones de pesos (1,9 millones de euros) por año a periodistas. Fernández explicó que, tras nacionalizar la petrolera argentina, la nueva gestión descubrió que esta compañía abonaba ese dinero en concepto de “publicidad no convencional”, es decir, anuncios que no se publicaban. Cuando Repsol controlaba la compañía, el Estado argentino ya tenía un integrante del consejo de administración, Roberto Baratta, por la acción de oro con la que contaba.

“¿Vieron que tenemos el shale gas, que es no convencional? Bueno, también hay publicidad no convencional”, comentó Fernández en el acto de inauguración de una planta de hidrotratamiento de gasóleo, una obra de 1.429 millones de pesos (247 millones de euros) que ejecutó durante cuatro años la YPF de Repsol. La jefa de Estado aclaró que del total, 420 millones habían sido puestos por el Estado mediante ayudas fiscales.

“¿Cuál es la publicidad no convencional? Obviamente no es la que ustedes ven por la televisión; son facturas que se pagan como publicidad, pero la publicidad no aparece. Así que también hay un nuevo concepto: publicidad no convencional, la pagás, pero no aparece”, explicó Fernández. Estos pagos ocultos a periodistas no eran exclusividad de YPF mientras era propiedad de Repsol. Otras empresas y hasta organismos públicos los han abonado.

La presidenta de Argentina propuso entonces una “ley de ética pública” para los periodistas, en línea con la que rige para los altos funcionarios. La propuesta mereció la crítica de diversos profesionales, que denuncian que el Gobierno pretende controlar a la prensa con una norma similar a la que propuso en los 90 el entonces presidente argentino Carlos Menem. Fernández aclaró que su ley serviría para que que los periodistas manifiesten "si reciben dinero de alguna empresa o si tienen alguna inclinación política”.

En un acto transmitido por cadena nacional, es decir, en el que todos los canales y las radios debían reproducirlo, Fernández citó el caso puntual de Marcelo Bonelli, uno de los principales periodistas del grupo Clarín, conglomerado que mantiene una férrea disputa con el Gobierno, acusándolo de recibir a través de su esposa y de un socio 1 millón de pesos (170.000 euros) anuales desde 2008 hasta 2012.

Bonelli había escrito la semana pasada sobre los rumores de renuncia del ingeniero experto en exploración que preside desde hace 92 días la YPF nacionalizada, Miguel Galuccio. El periodista había informado que Galuccio se había disgustado con la jefa de Estado porque la semana pasada ella firmó un decretó que regula los precios y las inversiones de todas las petroleras que actúan en Argentina. En opinión del directivo de la compañía, esta medida desalentaba los proyectos de asociación de YPF con compañías privadas para desarrollar yacimientos como la rica área de gas no convencional de Vaca Muerta. Fernández comparó esa norma con la vigente en Brasil y Colombia y desmintió las versiones de dimisión. También Galuccio las negó.

“No es la primera vez que la presidenta utiliza un espacio público de todos, como es la cadena nacional, para escrachar (denunciar) a gente que no está de acuerdo con el discurso único del oficialismo”, respondió este viernes el periodista Bonelli en un artículo. “Quiero decir que todos mis ingresos están en blanco (registrados) y han sido declarados ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) todo estos años. También los de mi esposa, quien realizó tareas en YPF a fines de 2007 desarrollando su profesión de profesora nacional de inglés. Para la Presidenta eso, trabajar, es un delito”, añadió Bonelli.

Galuccio aprovechó el acto para adelantar algunas cifras del informe que dará a conocer la semana próxima sobre sus primeros 100 días de gestión. Destacó que aumentó la producción de combustibles y que por eso ha reducido en 180 millones de dólares (146 millones de euros) las importaciones. El abultado déficit energético era uno de los reproches que el Gobierno argentino le formulaba a Repsol, aunque algunos analistas también responsabilizan a la política energética de los Kirchner.