Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
OPINIÓN

Se nos acaba el tiempo

La crisis española se está convirtiendo en algo realmente preocupante. Es verdad que el mayor responsable del miserable estado en el que nos encontramos es el anterior gobierno del PSOE. El PSOE gobernó mal, a veces muy mal. Ocultó evidencias y buscó votos con políticas populistas. Pero no es menos verdad que desde hace seis meses tenemos un nuevo gobierno que goza de mayoría absoluta para tomar las medidas que considere necesarias para sacarnos del atolladero. Sin embargo, todo parece indicar que este Gobierno carece de la valentía política que se requiere para tomar las imprescindibles decisiones que se deberían tomar. Se nos está acabando el tiempo. Si no queremos un destino a la griega, es necesario hacer en los próximos meses lo que no se hizo en los anteriores 12 años (el segundo Gobierno de Aznar tampoco hizo sus deberes). Son muchas las reformas por hacer, pero tres son mucho más urgentes que las demás.

Antes de todo hay que airear y sanear el sistema financiero español. Las cajas y los bancos tienen que someterse a una revisión de sus cuentas por expertos independientes. Todas y cada una de las instituciones que no saquen una nota sobresaliente deben ser nacionalizadas y sus equipos directivos sustituidos por otros más competentes. Basta ya con las fusiones frías que solamente han servido para mantener en posiciones de poder a políticos que gestionan zombis financieros. La recesión que sufrimos y que puede llevar el país al colapso se debe, por encima de todo, al estado comatoso en el que se encuentran muchas de nuestras cajas y varios de nuestros bancos. Nacionalizar, sanear y, luego, privatizar debe ser el camino de aquellas instituciones que no superen el examen.

España también debe revolucionar su sistema fiscal. Se deben bajar drásticamente los impuestos sobre las rentas laborales, eliminar deducciones (al contrario de lo que hizo este Gobierno), eliminar los impuestos sobre transacciones patrimoniales y actos jurídicos, subir sustancialmente el IVA e introducir una tasa patrimonial al estilo de Francia. Igualmente se debe reconocer que la única alternativa a un verdadero federalismo fiscal es el aumento de la irresponsabilidad fiscal que ya caracteriza a muchas de las autonomías o, lo que es lo mismo, el caos institucional. La presión fiscal en España es bastante menor que la de la mayoría de nuestros socios del euro. La reforma fiscal debe incrementar la recaudación tres o cuatro puntos porcentuales del PIB. Además, es crucial eliminar las distorsiones que el actual sistema genera y que son un obstáculo al crecimiento.

Finalmente, como sociedad no podemos seguir gastándonos en subsidios de paro casi lo mismo que en educación y casi el doble en pensiones. Esto no es solo un crimen en contra de los jóvenes, sino que puede llevar al país al desastre. Necesitamos una seria reforma de las pensiones que reduzca progresivamente su excesiva generosidad y una transformación inmediata del subsidio de paro que ayude a reducir el gasto e incentivar a los parados a aceptar trabajos socialmente útiles. El estado también debe vender sus empresas y liberalizar los sectores en los cuales operan, desde AENA a Renfe, desde Paradores a Correos. Así reduciríamos el gasto alrededor de tres puntos porcentuales del PIB. Junto con el aumento de los ingresos, nos permitirían alcanzar el equilibrio presupuestario en unos tres o cuatro años.

Estas medidas pueden parecer muy drásticas frente al discurso tranquilizador y populista que los dos grandes partidos, aunque de manera distinta, han ido exponiendo. Pero estas son las únicas medidas que nos pueden llevar al camino correcto en los pocos meses que nos quedan de plazo. Se nos acaba el tiempo. Después de muchos años de inacción y varias reformas anunciadas a bombo y platillo, y que se quedaron en nada, a España le queda muy poca reputación en los mercados internacionales. Es imposible que los inversores internacionales (de los cuales dependemos y dependeremos por algunos años) confíen en promesas y en planes de ajuste de largo plazo. Puede que estos planes a un horizonte más extenso fuesen la solución ideal, pero las circunstancias actuales lo impiden: Grecia y nuestras tergiversaciones se comieron nuestra credibilidad. Hace falta formalizar estas medidas antes de que acabe el año. Si esperamos más puede que sea demasiado tarde como ha acabado siéndolo para Grecia. La alternativa a no tomar estas medidas es repudiar nuestra deuda soberana y convertirnos, en poco tiempo, en un país pobre y sin acceso a los mercados crediticios internacionales. De ser así, los recortes serán por necesidad y no por elección.

Michele Boldrin es profesor de la Washington University de Sant Louis (EE UU) e investigador de Fedea. Juan Francisco Rubio Ramírez es profesor en la Duke University (EE UU) e investigador de Fedea.