El día de la marmota

La última reforma financiera del Gobierno español recuerda el día de la marmota. Una vez más el Gobierno ha obligado a los bancos a hacer provisiones adicionales por las pérdidas derivadas del sector inmobiliario. Deben segregar, además, los activos inmobiliarios dudosos. Pero con una aportación del Gobierno inferior a los 15.000 millones de euros de capital fresco, este intento no será el último.

La última vez que España afrontó su problema bancario obligó a las entidades a asumir provisiones para los préstamos dudosos en crédito promotor y elevar, al mismo tiempo, las exigencias de capital. Pero los inversores temieron que eso no fuera suficiente para cubrir pérdidas de la industria con 307.000 millones de exposición. El nuevo plan afronta esta preocupación al exigir a los bancos provisionar otros 30.000 millones en créditos inmobiliarios no problemáticos. El Gobierno calcula que las provisiones cubrirán así el 45% de la exposición total del sector al inmobiliario, un colchón bastante decente.

Sin embargo, el sector del ladrillo no es la única preocupación para la banca española. Con una economía en recesión y un desempleo al alza, las hipotecas y los créditos a las pequeñas empresas también se deteriorarán. Las pérdidas en estos ámbitos no serán tan grandes, pero los bancos han provisionado muy poco hasta el momento en esos campos. Para calmar esos temores, el Gobierno contratará a dos auditores independientes que analicen los libros de los bancos españoles. Es un paso bienvenido. No está claro cuándo sucederá esto, pero la probabilidad de que los bancos tengan que aumentar sus provisiones contra impagados es alta.

El sector del ladrillo no es la única preocupación para la banca española

Lo próximo que hará el Gobierno será solicitar a todas las entidades que transfieran las propiedades adjudicadas a unas sociedades de gestión de activos a un “valor razonable”, después de las provisiones. No hay detalles de cómo se financiarán estas sociedades, así que es difícil ver si este cambio supondrá una gran diferencia.

Los mayores bancos españoles deberían ser capaces de cumplir los nuevos requisitos, incluso si eso significa recapitalizarse. Pero otros, como Bankia, la antigua caja de ahorros en problemas, necesitarán ayuda del Estado. El Gobierno ha prometido que inyectará capital, pero el inconveniente es que prevé hacerlo en forma de bonos convertibles y estima que la factura final no alcanzará los 15.000 millones de euros. Esta cuantía es mucho menor de la que muchos analistas e inversores creen necesaria, especialmente dado que Bankia por sí misma puede necesitar unos 10.000 millones.

Como siempre con las reformas financieras españolas, cada paso ayuda. Pero no será suficiente para restaurar la confianza en un sector maltrecho. Es probable que otro intento sea necesario.