Varios miles de millones en ayudas públicas que “no son ayuda pública”

El Gobierno ha elevado el listón de las provisiones en los créditos a las promociones inmobiliarias. Y da por hecho que habrá varias entidades cuyas cuentas de resultados no darán para cubrir esas nuevas exigencias. Y aquí, como ya ha ocurrido en fases anteriores de la reforma financiera, volverá a acudir el Estado en su auxilio. “Nuestro cálculo es que será bastante menos de 15.000 millones de euros que inyectó el FROB en la primera ronda de ayudas”, aseguró el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien rechazó una y otra vez que se califique de públicas estas ayudas. Usó argumentos similares a los que ya utilizó el Gobierno anterior, los mismos que esgrime el PSOE para mantener su apoyo a la reforma.

“No es ayuda pública”, afirmó Guindos, quien recalcó que las inyecciones, mediante bonos convertibles en acciones, son préstamos que los bancos deben devolver y por los que pagan un interés. Y reforzó su tesis al recordar que la nueva reforma acorta los plazos —cinco años para devolver el préstamo, cuando antes podía estirarse hasta siete años—, y encarece el tipo de interés —del 8% al 10%—, respecto a anteriores inyecciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Los préstamos deben ser validados por Bruselas como ayudas de Estado autorizadas

“Esto no cuesta un euro a los contribuyentes españoles. No hay coste. Hay una disponibilidad de recursos que se pagan a un tipo de interés muy superior a los que fija el mercado, el doble de lo que le cuesta al Tesoro colocar deuda a esos plazos, y que se reembolsan al Estado”, defendió Guindos. Con su referencia a la a “disponibilidad de recusos”, el ministro de Economía evidencia que, al priorizar la reforma financiera, el Gobierno elige destinar dinero público a asegurar la solvencia de los bancos, y no a otros fines.

La propia Asociación Española de la Banca, además, acude a la calificación de ayudas públicas, precisamente al referirse al hecho de que tratarán de no recurrir ellas. En un comunicado, la AEB ha señalado que el sector "va a hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir los nuevos y extraordinarios requerimientos acordados por el Gobierno. En este sentido quieren subrayar que, una vez más, se proponen hacerlo sin solicitar ayudas públicas, de forma que no se perjudique al contribuyente".

Algunas cuestiones más avalan la calificación de ayuda pública. Muchas de esas entidades no podrían ahora acceder a préstamos similares (incluso pagando el 10% de intereses) en el mercado privado. Y las nuevas aportaciones que se prevén ahora en la reforma financiera deben pasar todavía el examen de la Comisión Europea como ayudas de Estado autorizadas. Además, el FROB se nutre básicamente de recursos logrados a través de emisiones de deuda pública. Tiene disponibles 5.000 millones de euros que ya engrosaron el nivel de deuda pública y en febrero se autorizaron otros 6.000 millones, también a cargo de emisiones del Tesoro. Un aumento de deuda pública ya incluida en las previsiones presupuestarias de 2012, ejercicio en el que la deuda pública española alcanzará el 80%.

El planteamiento de Guindos parte de la premisa de que las entidades podrán devolver esos préstamos al 10%. Si eso no ocurre, los préstamos se convertirían en acciones y el Estado pasaría a controlar una parte sustancial del capital de los bancos, que acabarían así nacionalizados. Es algo muy similar a lo que acaba de ocurrir con Bankia y su matriz BFA, donde la conversión de participaciones preferentes en acciones ha dado al Estado el control del 100% de BFA y del 48% de Bankia.

Aún en ese supuesto, Guindos mantuvo que “tampoco hay un coste explícito para los contribuyentes”. “Los poderes públicos controla una participación de una institución que tiene un valor muy positivo. Cuando sea conveniente, se privatizará, y estoy convencido de que eso generará recursos para las arcas públicas”, añadió el ministro.

El Gobierno insiste en que sólo anotará la ayuda a Bankia, unos 4.500 millones, como déficit si en la futura “privatización” de la participación pública el precio de venta está por debajo de lo inyectado. Siguiendo su propio criterio, también debería hacerlo si asume que esas acciones pierden valor, aún sin sacarlas a la venta, como consecuencia de la actividad de la entidad. Es lo que ocurrió con la participación en Unnim, cuyo deterioro llevó al Gobierno a anotar una provisión (aumentó el gasto público y el déficit) de 594 millones en 2011. El Ejecutivo traspasó esa pérdida al Fondo de Garantía de Depósitos (dotado por la banca) en abril, lo que se traducirá en un aumento de ingresos públicos este año y contrarrestaría el aumento del déficit de 2011. Pero no está nada claro que pueda repetir esa operación, dada la escasez de recursos, poco más de 2.000 millones, con los que cuenta el fondo de la banca.