El Gobierno lanzó en febrero su ofensiva para frenar la expropiación de YPF

El Gobierno reaccionó pronto e hizo todo lo posible para tratar de frenar la expropiación del 51% de YPF en manos de Repsol decretado por el Ejecutivo de Cristina Fernández Kirchner. Así lo ha defendido hoy en el Congreso el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que ha desvelado que desde el pasado mes de febrero el Gobierno activó todas las alarmas e inició una intensa actuación diplomática parar la decisión que finalmente adoptó el Gobierno argentino contra la petrolera española.

Desde finales de febrero, el Gobierno envió varias delegaciones a Buenos Aires para analizar desde el terreno las diferencias que tenía el Ejecutivo argentino con la gestión de Repsol en YPF, así como la política e inversiones en general de España en Argentina. Pero esas delegaciones se toparon con la indiferencia, la incomprensión y los desplantes del Ejecutivo de Fernández de Kirchner y, en particular, con la hostilidad de sus dos hombres fuertes en esta crisis: el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

En su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Industria del Congreso, Soria señaló que el Gobierno empezó a detectar un cambio de posición en el Ejecutivo argentino el pasado mes de enero en relación con Repsol YPF, que hasta entonces era considerada un modelo de empresa, generadora de empleo y principal contribuyente fiscal del sector.

Debido a ese giro, una primera delegación española encabezada por el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, viajó a Argentina el 21 de febrero, para tratar la situación de YPF con las autoridades. No obstante, tan solo dos días después, estas desataron las hostilidades contra Repsol. Sin previo aviso, el representante del Estado argentino en el consejo de YPF, Roberto Baratta, se presentó en la reunión del consejo de administración con un notario y pidió que se dejara participar en la reunión a dos representantes del Gobierno argentino, el responsable de Energía y Kicillof. Al negárseles la entrada, puesto que no tenían derecho a participar en la reunión al no ser consejeros, el notario levantó acta.

Ante el inicio del conflicto, Soria decidió tomar las riendas personalmente de las negociaciones y el 28 de febrero se desplazó a Buenos Aires, donde mantuvo una reunión con Julio de Vido, de la que salió el compromiso de la creación de dos grupo de trabajo para analizar las inversiones españolas en el país, incluyendo las de Repsol. “Expresé que entre amigos es mejor dialogar y llegar acuerdos y manifesté lo importante que era YPF para Repsol y Repsol para España”, dijo hoy el ministro.

Sin respuestas

De vuelta a España, Soria designó a los representantes españoles del grupo de trabajo pero no recibió respuesta argentina. La recibiría a través de la prensa, a la que De Vido hizo llegar un desmentido sobre esas negociaciones y aseguró que el tema de YPF “no formaba parte de la agenda bilateral con entre España y Argentina”.

La crisis se agudizó. Las autoridades hostigaron a Repsol hasta el límite de que en una reunión con directivos de la petrolera española le pidieron que desviara todas sus inversiones mundiales hacia Argentina.

El último intento diplomático corrió a cargo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que remitió una carta a Fernández de Kirchner, aunque no obtuvo respuesta, tal y como adelantó EL PAÍS. La presidenta argentina anunciaba la expropiación el 16 de abril.

El ministro de Energía insiste en que ahora la hoja de ruta del Gobierno sobre la expropiación a Repsol pasa por pedir la suspensión de todo trato preferencial de la UE y la actividad diplomática en todos los frentes en la defensa de los intereses de la empresa española contra una medida “injusta, discriminatoria e ilegal”, ya que incumple tanto la ley de privatización de YPF como el acuerdo de protección recíproca de inversiones firmado en 1991 entre ambos países .

Soria reveló que no firmaron nada más llegar al Gobierno la orden restringiendo el biodiésel argentino, que estaba redactada desde junio de 2011 por el anterior Ejecutivo socialista, para evitar dar una excusa al Gobierno argentino en su hostilidad hacia Repsol.

Apoyo parlamentario

Todos los grupos parlamentarios, a excepción de Izquierda Plural, manifestaron el apoyo al Gobierno en las medidas a adoptar contra Argentina y el rechazo a la expropiación. José Segura afirmó que el Grupo Socialista respaldará al Ejecutivo en sus medidas siempre que se sujeten a la normativa internacional y ayuden a definir un modelo energético sostenible. Josep Sánchez Llibre, portavoz de CiU, tras asegurar "un apoyo absoluto" a Soria, se preguntó si Argentina se hubiera atrevido a "confiscar" Repsol si hubiese sido inglesa. Rosa Díez (UPyD) instó al Gobierno a movilizar a todas las instancias europeas para evitar la "confiscación" de YPF. "No se puede validar un método antidemocrático escudándose en que es una empresa privada".

La nota discordante la puso Chesús Yuste, portavoz de La Izquierda Plural, quien rechazó la reacción "desproporcionada" del Gobierno provocada por una "testosterona patriotera" y apoyó la decisión del Ejecutivo argentino "porque Repsol no es una empresa española" ya que sus accionistas son de EE UU.