Los chivos expiatorios

Todos somos judíos respecto a alguien, decía Sartre. España se ha convertido en el chivo expiatorio de algunas autoridades y Gobiernos europeos por su papel en la crisis, y Andalucía lo es del Gobierno de Rajoy, una vez que este ha visto disminuir las posibilidades de gobernar a corto plazo esta comunidad autónoma, tras las elecciones autonómicas. Aprovechando que una delegación de la Comisión Europea y de su oficina de estadísticas, Eurostat, está revisando en Madrid las cuentas y estadísticas españolas (en Bruselas no quieren ningún nuevo susto como el griego, inicio de la crisis de la deuda soberana), el Gobierno andaluz ha pedido que la misma se desplace a Sevilla y examine sus números y su déficit público del 3,1% del PIB, para que de dicho examen se desprenda si el Ministerio de Hacienda tiene razón o no en vituperar los datos andaluces y ponerlos en cuestión cada vez que sus portavoces hacen una declaración pública.

El Gobierno andaluz en funciones mantiene dos tesis complementarias: la primera, coincidente con la de otras comunidades autónomas que no están bajo la égida del PP, que el Gobierno central está intentando focalizar el discurso del descontrol de las cuentas públicas sobre las autonomías cuando el problema principal está en el documento de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, que está mal elaborado y oculta un desequilibrio de 10.000 millones de euros en gastos como las pensiones, el desempleo (solo en febrero las solicitudes de prestaciones contributivas han aumentado un 18%) y un exceso de optimismo en la previsión de los ingresos públicos (véase el suplemento Negocios de ayer: “Señor presidente, las cuentas no cuadran”).

La segunda tesis es que las mayores dificultades de la sociedad española son el paro y la ausencia de crédito a empresas, familias y particulares, íntimamente relacionados. Y que ni la reforma laboral ni la reforma financiera en marcha van a arreglarlos, por lo que la hoja de ruta gubernamental está mal diseñada. En el hecho de que la reforma financiera no será suficiente para recuperar el crédito el Ejecutivo andaluz encontró la semana pasada un aliado inesperado en el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que así lo expresó públicamente. Por consiguiente, el estancamiento, el crecimiento o el mantenimiento de porcentajes desaforados de paro, el empobrecimiento de las clases medias, la reducción de los salarios iniciales y la lentitud de los procesos de movilidad social en España no figuran hasta ahora entre las prioridades del Ejecutivo del PP. De las mil y una medidas tomadas en estos tres meses largos de Gobierno (“hemos hecho más reformas en 100 días que los socialistas en siete años”) no hay ni una sola especializada en facilitar el crecimiento de la economía española.

No hay una sola medida tomada que estimule el crecimiento

No lo es, desde luego, la ley de Estabilidad Presupuestaria salida la semana pasada del Congreso y que consagra el talibanismo del déficit cero a partir del año 2020. Esta ley desarrolla la reforma de la Constitución del pasado mes de agosto, pactada sin debate público alguno y por el procedimiento de máxima urgencia por el Gobierno (Zapatero) y la oposición (Rajoy), sobre la regla de oro del equilibrio presupuestario. Tienen razón ahora los socialistas en no avalar con su voto una norma que proporciona más rigidez a la economía española, pero estos barros vienen de aquellos lodos. Cuando Zapatero propuso la enmienda a la Constitución —asustado por el crecimiento de una prima de riesgo que, pese a todo, no ha retrocedido— con el compromiso de no llegar a un déficit estructural del 0,4% del PIB y haciendo constitucional el principio de que el pago de la deuda pública “gozará de prioridad absoluta”, acababa con una herramienta clásica de la política anticíclica como es la utilización del déficit público en tiempos duros o para avanzar en la convergencia real con los países más avanzados.

Hacer al déficit o a la deuda los culpables de nuestros problemas es olvidar que fue la crisis financiera y los abusos de sus entidades los que causaron los desequilibrios de las cuentas públicas de la mayoría de los países, y no el déficit y la deuda pública los que trajeron los niveles de sufrimiento de la Gran Recesión.